Tasas al diésel, plástico o transporte aéreo: el Gobierno se centra en la fiscalidad verde

El Gobierno solo realizará "ajustes" fiscales en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, aparcando la reforma fiscal hasta que la economía comience a recuperarse. Sin embargo, sí se promoverá una fiscalidad verde, creando nuevas figuras tributarias que se están analizando desde la Vicepresidencia de Transición Ecológica y que en el departamento de Hacienda califican de "disuasorias". No estarían por tanto tan encaminadas a la recaudación como a impulsar la transición ecológica. Así se recoge en el plan de reformas que se enviará a Bruselas la próxima semana: "Se pondrán en marcha distintos proyectos para la mejora de la imposición medioambiental, así como ajustes en los impuestos ya existentes para reforzar su eficacia, eliminar algunas disfunciones y adaptar los incentivos al impulso de la actividad económica y el empleo. Se trata de lanzar señales fiscales y de precio que orienten hacia inversiones y gestión dirigidas a la sostenibilidad".

El primero de estos impuestos que el Ejecutivo ya ha comenzado a tramitar es el aplicado al plástico no reutilizable. Se trata de un impuesto indirecto que gravará la fabricación y la importación de estos productos. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, avanzó coincidiendo con la aprobación del anteproyecto de ley de residuos el pasado mes de junio que España tiene un "margen muy amplio" para endurecer la fiscalidad verde. El impuesto al transporte aéreo para los vueltos dentro de la Península se planteó junto al de los plásticos no reutilizables y se sometió a consulta pública, pero quedó en el aire tras la pandemia. Ahora se trabaja en un impuesto al diésel y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que "la descarbonización es una prioridad" del Ejecutivo. "La fiscalidad del siglo XXI pasa por lo verde", concluía este jueves durante una entrevista en la televisión pública.

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En lo referente al diésel, los negociadores de PSOE y Unidas Podemos para el borrador de Presupuestos estudian equiparar su tributación a la gasolina. El argumento vuelve a ser el de la "disuasión", principalmente en la compra de vehículos diésel en beneficio de otros menos contaminantes, para contribuir a la reducción de emisiones contaminantes de carbono. El parque de vehículos diésel en España es superior a la media europea. Se trata además de una recomendación que vienen realizando desde hace años organismos internacionales, como la OCDE, pero que se ha ido demorando y frente a la que se han producido resistencias en otros países. En Francia, la subida de estas tasas fue ampliamente contestada por el sector de los transportistas, siendo el germen de los 'chalecos amarillos'.

Bruselas también concluyó en un estudio sobre la legislación verde española que "el diferencial diésel-gasolina no está justificado", arremetiendo contra las "subvenciones perjudiciales para el medio ambiente". En el plan de reformas estructurales vinculado a la recepción de los fondos europeos, el Gobierno toma nota y reconoce "un insuficiente desarrollo de la imposición medioambiental".

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Al margen de que la reforma fiscal en profundidad se quedará aparcada en los Presupuestos del próximo año, el Gobierno sí busca cuadrar la apuesta por la fiscalidad verde recogida en el programa de la coalición. El objetivo, según la medida recogida en el texto pactado entre las dos formaciones que sustentan la coalición, pasa por "desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente, evitando siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y pymes".

Comité de expertos

El Gobierno prevé crear "inmediatamente" un grupo de expertos para realizar propuestas sobre las reformas en el sistema fiscal español. Este comité se encargará de analizar las distintas figuras impositivas, bonificaciones y prácticas internacionales con el fin de desarrollar un modelo más progresivo y redistributivo. La intención es equipararse a la media impositiva europea, siete puntos superior a la actual en España. "Numerosos son los informes que señalan las carencias que el sistema fiscal español ha ido acumulando a lo largo del tiempo. España tiene una ratio ingresos/PIB inferior a la media europea, un elevado peso de la imposición sobre el trabajo y un insuficiente desarrollo de la imposición medioambiental", según se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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Más allá de los ajustes fiscales en el próximo proyecto de Presupuestos, lo que está prácticamente descartado son las subidas en el impuesto de sociedades en este primer tramo de la legislatura, en que, según el programa de gobierno, se buscaba garantizar una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones y ampliar hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Queda en el aire una subida del IRPF para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros.

Los morados también han planteado que al menos la progresividad fiscal comprometida en el programa de gobierno se refleje en la bajada de impuestos a las pymes y se amplíe el IVA superreducido del 4% a nuevos artículos considerados de primera necesidad. Los propósitos de Hacienda pasan por abordar la discusión sobre fiscalidad partiendo de la base de que la reforma se producirá a dos velocidades. Una primera que se incorporará a los próximos Presupuestos y una segunda que se seguirá desarrollando a lo largo de la legislatura.