Casi todos los impuestos de las CCAA son ya medioambientales: ¿hucha 'verde' o sablazo?

Uno de los grandes frentes de batalla de Ciudadanos para las elecciones del próximo domingo está en el apartado fiscal. Tras su victoria en las generales, el PSOE de Pedro Sánchez anunció a Bruselas una subida de impuestos de 5.654 millones de euros para 2020 y un aumento progresivo de la presión fiscal hasta alcanzar el 40,7% en 2022.

A esto, en su mítin en Madrid del pasado 10 de mayo, Albert Rivera respondió que "por cada euro de IRPF y de impuestos que suba Sánchez, nos comprometemos a bajarlo y compensarlo con los tramos autonómicos en las comunidades autónomas", en lo que definió como "un salvavidas naranja para que no les metan la mano en los bolsillos".

Es cierto que los gobiernos autonómicos 'ciudadanos' podrían compensar esa subida de la recaudación en IRPF socialista —que sólo se aplicaría a quienes ingresaran más de 130.000 euros— con una bajada del tramo autonómico del impuesto equivalente a esos 328 millones de euros extra, pero desde Cs han apuntado también a otros impuestos autonómicos y municipales como la tasa para grandes generadores de residuos (TRUA) que el Ayuntamiento de Madrid viene cobrando desde 2015.

También el Partido Popular comparte con Ciudadanos la apuesta por la bajada de impuestos de este tipo para las próximas elecciones. Por ejemplo en la Comunidad Valenciana, que propuso hace unos meses un nuevo tributo para la incineración y vertido de residuos industriales. Pese a no haber llegado aún a Les Corts, estos dos partidos batallan ya por la rebaja de sus tramos.

Las tasas autonómicas son ambientales

Ya sea por limpieza de vertederos, por el uso de determinadas energías, por un canon de saneamiento o de contaminación de aguas, vertidos al mar... lo cierto es que, a día de hoy, la gran mayoría de los impuestos propios de las Comunidades Autónomas están, de una forma u otra, relacionados con el medio ambiente.

Que las CCAA puedan crear sus propios impuestos está recogido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autonómas de 1980. Los únicos límites eran que el gravamen no estuviese ya a nivel estatal o local, es decir, que no se cobrase al ciudadano dos veces por el mismo concepto, o que no interfiriera en la libre circulación de personas, mercancías o servicios.

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Ni que decir tiene que las comunidades han traspasado, en muchas ocasiones, estas líneas rojas. En particular, al intentar establecer impuestos sobre depósitos en entidades de crédito, o tasas a las grandes superficies comerciales o incluso un canon digital en Cataluña que el Tribunal Constitucional hizo descarrilar en 2017. Como publicaba esta semana 'Infolibre', las trabas judiciales y el escaso rendimiento de muchos de estos tributos han provocado que, en 2018, estos impuestos comenzaran a reducirse tras muchos años creciendo como setas.

Por ello, ya quedan prácticamente en pie los de carácter medioambiental. En Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón o Galicia, el 100% de los impuestos propios son de este tipo. Sólo en Madrid e Islas Baleares estos tributos bajan de la mitad, en concreto sólo uno de los tres que cobran es medioambiental: canon de saneamiento de agua en el caso balear e impuesto sobre el depósito de residuos en el madrileño.

Las comunidades que más impuestos propios cobran a sus vecinos, Cataluña (13) y Andalucía (8) lideran también la lista en el apartado 'verde' con siete impuestos cada una. La Generalitat presidida por Quim Torra es, de largo, la administración española que más dinero recauda por estos conceptos, principalmente por el canon del agua, que en 2017 le procuró 503 millones de euros en ingresos.

En contraste, este mismo concepto (canon de saneamiento) recaudó en Galicia casi 50 millones de euros, una décima parte.

Europa pide mucho más

Aunque Hacienda no agrupa sus ingresos con el resto de comunidades autónomas debido al cupo y a su régimen tributario especial, el País Vasco juega en otra liga con respecto a los impuestos medioambientales, aunque es cierto que incluye en éstos los correspondientes a la generación energética, que dejaron en las arcas vascas 1.034 millones de euros en 2017.

Pese a todo, los impuestos sobre la contaminación apenas representaron el 0,9% o unos 10 millones de euros.

Europa sigue instando a nuestro país a elevar estos impuestos 'verdes' hasta el 10% del total recaudado. Según Eurostat, en 2017 España se situaba 0,7 puntos porcentuales por debajo del 6,1% de la media europea. Tan solo Letonia, Grecia y Eslovenia cumplían con la recomendación comunitaria mientras, preocupantemente, las grandes locomotoras económicas como Francia y Alemania se sitúan a la cola.