Unidas Podemos se suma a la presión de la oposición para prorrogar el estado de alarma

Ni prorrogar el estado de alarma ni elaborar alternativas legales para garantizar la implantación de medidas de control de la epidemia tras levantarse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantiene en la intención de levantar el estado de alarma el próximo 9 de mayo, coincidiendo con el vencimiento de los seis meses de vigencia recogidos en el decreto. Todo ello, pese a las reticencias de varias comunidades autónomas de distinto signo político, así como de la oposición —para preparar un plan B— y de sus socios parlamentarios. Unas presiones a las que se está sumando Unidas Podemos dentro del Gobierno. "Tendrá que haber prórroga", comienzan a deslizar fuentes parlamentarias de la formación morada, señalando que al menos sería preciso mantenerlo 15 días más después de su expiración para consensuar un plan de desescalada.

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Sánchez se está quedando solo en su decisión, que todavía no es definitiva y que se produce en un contexto de campaña electoral. Se apuesta por la cogobernanza en el marco de la Comisión Interterritorial de Salud y las decisiones de las comunidades autónomas bajo aval de los respectivos tribunales superiores de Justicia para afrontar la nueva realidad e hipotéticos rebrotes. Sin embargo, no contarán ya con los instrumentos jurídicos necesarios para que se decreten restricciones a la movilidad, como los cierres perimetrales o toques de queda, pero sí para limitar las reuniones, aforos y horarios comerciales.

Desde Moncloa, se insiste en que los cierres perimetrales se pueden decretar de forma independiente, sin necesidad de recurrir al paraguas de la excepcionalidad. Amparándose en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, se sostiene que esta serviría para ordenar el encierro de la población y reclamar posteriormente la autorización judicial, como venía sucediendo antes de que se decretara la alarma de seis meses. Sánchez respondía a las presiones durante su última comparecencia en el Congreso asegurando que las comunidades autónomas cuentan con suficientes instrumentos para hacer frente a los rebrotes en este estadio de la pandemia, confiándose en un acelerón del proceso de vacunación.

Sánchez no contará ya con los instrumentos jurídicos necesarios para que se decreten restricciones a la movilidad

"No se puede poner en manos de las comunidades autónomas una serie de restricciones sin ningún tipo de control por el poder judicial. Ni podemos ni debemos, eso sí puede ser un retroceso en la calidad democrática del país", advertía el presidente del Ejecutivo sobre las reiteradas peticiones para ofrecer alternativas a los gobiernos autonómicos durante el último pleno para dar cuenta del estado de alarma. “300 días de estado de alarma en que les hemos ofrecido una modificación legal. Su vicepresidenta se comprometió a ello en el Senado y conmigo telefónicamente”, relataba el líder de la oposición, Pablo Casado, intentando subrayar la incoherencia del Ejecutivo casi un año después de decretarse el primer estado de alarma.

Opinión

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“Retirar el estado de alarma es una temeridad”, arremetía el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Para el representante en el Congreso de los nacionalistas vascos, “no es cierto que las CCAA cuentan con los instrumentos suficientes”, ni aunque "lo apruebe por unanimidad el Consejo Interterritorial", por lo que reclamó en línea con otros portavoces “modificar la legislación ordinaria” para que los territorios cuenten con “un marco adecuado”. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, evitó pronunciarse sobre el estado de alarma durante el último pleno, limitándose a diseccionar "cómo funciona la praxis política y las prácticas discursivas" de la extrema derecha. Sin embargo, en privado, evitan alinearse con los planes de Sánchez y muestran reticencias.

Fuentes cercanas a la dirección del grupo confederal asumen que el anuncio del presidente del Gobierno de no prorrogar el estado de alarma estaría condicionado por la campaña electoral madrileña y no descartan que pueda producirse un giro en su discurso tras el 4-M. Como ya publicó este diario, si Sánchez decide no desvelar la decisión de la prórroga hasta después del 4-M, tendría que afrontar un trámite exprés. El Consejo de Ministros debería reunirse, aprobar el decreto ley, enviar la documentación al Congreso, a su vez la Mesa remitirla a los grupos y estos presentar resoluciones. En el calendario del presente periodo de sesiones, no hay pleno previsto para la primera semana de mayo, por lo que la presidenta, Meritxell Batet, tendría que convocar uno a toda velocidad para que los diputados autoricen, o no, la prórroga del estado de alarma antes del 9 de mayo, que cae en domingo.

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El adelanto electoral en Madrid y el clima de campaña estatal que rodea estos comicios tampoco favorecen políticamente la decisión de no levantar el estado de alarma pese al riesgo de una cuarta ola. El coste político de las prórrogas quedó patente durante el primer estado de alarma, y precisamente en el segundo decreto se estableció una vigencia de seis meses para evitar el tener que buscar la autorización del Congreso cada 15 días.

La confrontación entre administraciones territoriales y Gobierno central está servida si se produce una nueva ola y se carece de instrumentos jurídicos para decretar medidas restrictivas. De hecho, ya durante el inicio del estado de alarma y coincidiendo con la segunda ola, varios gobiernos autonómicos de diferente color político reclamaron en el Consejo Interterritorial de Salud que se modificase el texto del decreto para permitir los confinamientos domiciliarios.