Ciudadanos propone limitar el estado de alarma a 30 días en una nueva ley

Ciudadanos registrará este martes una proposición de ley propia para dar respuesta a la pandemia del coronavirus en la que defenderá el estado de alarma como la única herramienta para restringir derechos constitucionales, aunque limitará su alcance a un máximo de 30 días. Si el Gobierno que lo aplique quisiera prorrogarlo por un tiempo superior, deberá acudir al Congreso de nuevo para solicitarlo.

Con esta ley, Pedro Sánchez no podría haber llevado a cabo la prórroga hasta el 9 de mayo. Además, la proposición de Ley Orgánica de Refuerzo, Coordinación y Agilización del Sistema Sanitario (ese será el nombre completo) contiene otros instrumentos jurídicos para que las autoridades puedan ir adoptando decisiones restrictivas que no impliquen la alarma. Herramientas escalonadas para los distintos escenarios.

El partido naranja hará pública la propuesta en la que lleva trabajando semanas el mismo día en que la Cámara debate el plan B jurídico del PP, que sí defiende una reforma de la ley orgánica de 1986, de medidas especiales en materia de salud pública, para poder limitar derechos fundamentales.

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Como adelantó este diario, previsiblemente el pleno del Congreso la tumbará. El partido naranja reconoce dudas con la propuesta de los populares, porque no considera un instrumento adecuado la legislación ordinaria para situaciones de excepcionalidad como una pandemia y, especialmente, no comparte que los confinamientos domiciliarios se puedan decretar con una ley de estas características. Es la principal diferencia entre los dos partidos. La formación de Arrimadas sí defiende el estado de alarma como “modelo más garantista y de mayor seguridad jurídica” cuando haya limitación de derechos fundamentales.

Eso sí, su propuesta también atenderá a los agujeros pendientes que se hicieron visibles en la última negociación para prorrogar la excepcionalidad. La apuesta será un estado de alarma únicamente cuando la situación alcance una verdadera gravedad y así lo requiera, pero la prórroga se limitará a un máximo de 30 días para evitar, dice la proposición a la que ha accedido este diario, “que cualquier Gobierno pueda utilizar este mecanismo para evitar la rendición de cuentas o paralizar las labores de control al Ejecutivo en situaciones excepcionales”.

Precisamente, la falta de control al Gobierno en la prórroga que Sánchez logró aprobar hace solo unas semanas (y que extiende el estado de alarma hasta la primavera) tuvo como mayor punto de confrontación con los grupos políticos el empeño del presidente en no comparecer. Al final, lo hará una vez cada dos meses. Tampoco gustó a la oposición la propuesta de una prórroga tan extensa y Ciudadanos insistió en el mes de duración como tope, tomando como referencia el plazo previsto para el estado de excepción (30 días como máximo), recordando que se trata de un escalón más que el propio estado de alarma. Pero el Gobierno siguió adelante.

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La otra pata de la proposición de ley del partido naranja, que firma el portavoz adjunto y cerebro jurídico de la formación, Edmundo Bal, propone instrumentos jurídicos “escalonados” que permitan tomar decisiones “de manera progresiva y proporcionada” para combatir la pandemia. En realidad, el plan B jurídico de Ciudadanos está pensado para todos los escenarios que preceden al extremo del estado de alarma, cuando surjan rebrotes, y que “han quedado al descubierto” en la gestión de la primera y segunda ola.

La formación incide en su texto en dos cuestiones: la importancia del “fortalecimiento de la coordinación de competencias sanitarias entre el Estado y las CCAA” a través de un refuerzo de la Alta Inspección de Sanidad y dotar de “agilidad” la fiscalización de las medidas restrictivas de derechos que adopten las autoridades competentes (Estado o autonomías) por la autoridad judicial. Que haya un control efectivo, pero ágil.

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Para la mejor coordinación de las competencias sanitarias estatales y autonómicas, la propuesta del partido de Arrimadas es potenciar las unciones de la Alta Inspección sanitaria a través de una modificación del artículo 76 de la ley de 2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. El partido naranja lleva tiempo insistiendo en la necesidad de un “plan nacional de choque contra la pandemia”, dejando claro que la responsabilidad de una respuesta única a una epidemia que afecta a todo el país “es del Gobierno” y no de las comunidades autónomas.

En cuanto a la agilización para asegurar las garantías de las medidas restrictivas (y evitar choques entre tribunales o instituciones, como se ha visto en los últimos meses), la proposición de ley de Ciudadanos propone reformar parcialmente dos leyes. Por un lado, la ley de 1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y por el otro, la ya mencionada de 2003. El objetivo es que si el Ministerio de Sanidad ejercita competencias propias de coordinación en materia sanitaria, sea la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la que fiscalice “la legalidad y proporcionalidad de las medidas” y no los tribunales superiores de Justicia los que lo hagan, en vista de que pueden llegar a conclusiones diferentes en cada comunidad autónoma.