Aragón sí tiene ley para confinar, pero no consenso: el PP la ve inconstitucional
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FIN DEL ESTADO DE ALARMA

Aragón sí tiene ley para confinar, pero no consenso: el PP la ve inconstitucional

El Gobierno de Javier Lambán buscó un cauce jurídico para no depender del Tribunal Superior de Justicia con una norma pionera que le daría vía libre a restringir derechos fundamentales

placeholder Foto: El presidente de Aragón, Javier Lambán. (EFE)
El presidente de Aragón, Javier Lambán. (EFE)

Mientras la gran mayoría de las comunidades autónomas está buscando un encaje jurídico tras decaer el estado de alarma el 9 de mayo, Aragón hizo los deberes hace seis meses y aprobó una ley que le permite establecer confinamientos. Puede que aplaque así el choque con la Justicia, pero ni mucho menos aplacará el conflicto político. El PP duda de que la norma sea constitucional y expertos constitucionalistas, también.

El germen de esta ley aragonesa fue, precisamente, la situación actual que viven otras comunidades autónomas al intentar decretar restricciones de movilidad y de reunión tras el fin del estado de alarma. El Gobierno aragonés se encontró de bruces con el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por su intento de decretar confinamientos perimetrales en los municipios donde la incidencia de contagios estaba disparada.

Enredos judiciales ante el final del estado de alarma.

El varapalo de los tribunales hizo que el ejecutivo autonómico buscara un cauce jurídico para no estar a expensas de la Justicia ni de un estado de alarma que por aquel entonces no se planteaba desde el Gobierno de España.

Una ley pionera

En la medianoche del sábado al domingo, Aragón sí sabe qué puede y qué no puede hacer para controlar la expansión de la pandemia. La Ley pionera 3/2020 con medidas especiales contra el coronavirus, aprobada por las Cortes de Aragón el pasado diciembre con una amplia mayoría, solo con el no de PP y Vox, establece el régimen jurídico para los próximos meses.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Perez, anunció este miércoles que la situación de “gran inestabilidad” epidemiológica que vive la comunidad, con más de 100.000 aragoneses (el 10%) confinados a día de hoy en sus municipios, provoca que sea necesaria la ley. “Los gobernantes debemos ser claros y transparentes de cara a transmitir certeza a la ciudadanía”, insistió Mayte Pérez.

Foto: El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. (EFE)

Este viernes, el Gobierno de Aragón tiene previsto publicar dos normativas que entrarán en vigor tras el fin del estado de alarma donde se concretará el confinamiento de las zonas que se considere por su situación sanitaria y los niveles concretos de evaluación de la pandemia para modular la restricción de aforos. Estos decretos estarán siempre sujetos a la ley aragonesa aprobada porque, según fuentes del propio Gobierno regional, “está plenamente sustentado en una figura jurídica que tiene rango de ley”.

Es más, el propio Ejecutivo autonómico quiere tener bien atadas todas las restricciones que aplique en el futuro en base a la Ley 3/2020. No solo en lo jurídico, sino en el aspecto político, para que se intente lograr un consenso. En principio, cada medida que decrete el Gobierno de Aragón en base a la ley citada debe ser validada en las Cortes por un decreto ley que, según cuentan las mismas fuentes, se intentará que salga por un amplio consenso. O incluso por unanimidad.

¿Inconstitucional?

El intento por lograr unanimidad para sacar adelante los decretos leyes que validen los confinamientos perimetrales se antoja complicado por la crítica que muestra parte de la oposición. La portavoz del Partido Popular, Mar Vaquero, asegura en conversación con El Confidencial que “la ley es inconstitucional y trata de restringir derechos fundamentales que es materia de ley orgánica”.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. (EFE)

Vaquero considera que lo que pretende el Gobierno de Javier Lambán es un “estado de alarma por la puerta de atrás”. Estas dudas jurídicas del PP, sin embargo, nunca fueron motivo para plantear un recurso de inconstitucionalidad por parte de los populares en los tres meses de plazo que dicta la ley.

Vaquero considera que las limitaciones futuras que haya en Aragón en cumplimiento de esa norma "pueden tener una respuesta de los ciudadanos por el hartazgo social que hay”. Y sentencia: “Habría que haber buscado un plan B o actuar como Madrid ya que sin tantas restricciones la epidemia ha sacudido igual a Aragón”.

Las dudas sobre la constitucionalidad de la ley son evidentes para los expertos jurídicos consultados por El Confidencial. Uno de los juristas más reconocidos de Aragón, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza Manolo Contreras, entiende que “las comunidades autónomas no tienen competencia para restringir ningún tipo de derecho fundamental. Se tenía que haber hecho una ley nacional que regulara la pandemia con claridad porque las comunidades solo pueden hacer regulaciones parciales, pero siempre respetando los derechos fundamentales”.

Foto: Reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes. (EFE)

La profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Eva Saenz, se muestra igual de crítica con la ley aragonesa por su “clara” inconstitucionalidad. Y apunta sobre la responsabilidad de aquellos que no han planteado un recurso en ese sentido: “Han hecho una dejación de funciones todas las instituciones, tanto los 50 diputados o senadores de cualquier partido político, como el propio Gobierno de España o el Defensor del Pueblo”. Son precisamente estas instituciones las que tienen capacidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad para cualquier norma.

La profesora de la universidad zaragozana defiende que, una vez aplicada la ley aragonesa con confinamientos municipales tras decaer el estado de alarma, “los tribunales planteen la cuestión de inconstitucionalidad en todas las sanciones que reciban los ciudadanos que terminen siendo multados” por incumplir la citada ley.

Saenz explica que la norma aragonesa, pese a su dudosa constitucionalidad, “es la ley que más seguridad jurídica da de todo el país”. Y es, asegura, la ley que “debería haber hecho el Congreso de los Diputados, ya que un Gobierno autonómico no puede regular derechos fundamentales”.

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