El PP ofrece su apoyo al Gobierno para cambiar la ley tras el caos creado sin alarma

Las imágenes del fin de semana de mareas de jóvenes celebrando el fin del estado de alarma en grandes ciudades como Madrid y el caos jurídico que se vive ya en las comunidades autónomas con los distintos criterios de los tribunales superiores de justicia (como era esperable, con ejemplos como que en Baleares la justicia avale el toque de queda y en Canarias los magistrados vean inviable mantenerlo sin el estado de alarma) han devuelto la necesidad de un cambio en la legislación a la primera línea del debate político.

El Gobierno decidió en un decreto que sea el Tribunal Supremo el que unifique los criterios si los tribunales de justicia tumbaban las decisiones de las CCAA (como ya está ocurriendo), pero el ministro Juan Carlos Campo se abre hoy a una reforma en la ley en una tribuna en el diario ‘El País’. El titular de Justicia asegura que “el ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes, adecuados a esta fase de la pandemia y menos lesivos para los derechos fundamentales”, pero también reconoce que “si se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes”. También el ministro de Función Pública, Miquel Iceta, reconoció este lunes que si el mecanismo ideado con el Supremo como árbitro "no funciona suficientemente", habría que ver "si corresponde tomar alguna reforma legislativa". Eso sí, el dirigente catalán volvió a insistir en que las autonomías que lo consideren pueden plantear al Gobierno un estado de alarma para su territorio.

Campo sigue defendiendo que “lo razonable es que el alto tribunal marque la pauta común para todo el país si hay disparidad de criterios”. Sin embargo, por primera vez en las últimas semanas, el Ejecutivo se abre a una reforma legal que los principales grupos del Congreso llevaban reclamando mucho tiempo, especialmente el PP, y más desde que Pedro Sánchez confirmó su intención de no prorrogar más la situación de excepcionalidad, dejando en manos de las CCAA las nuevas restricciones y consciente de que necesitarían el aval judicial para actuar.

Ante el revuelo que han provocado las palabras del ministro, Campo ha querido matizarlas en una entrevista en La Sexta, asegurando que la actual cobertura jurídica ofrece un "arsenal normativo" suficiente.

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Los populares, no obstante, no han tardado en recoger el guante. Hasta el punto de que el secretario general del primer partido de la oposición, Teodoro García Egea, afirmó esta mañana en una entrevista en la cadena SER que el PP “le cede la autoría de su plan B jurídico” para “solucionar este desaguisado”. “El Gobierno debe pensar más en las propuestas que de quién parte”, dijo el número dos de Casado.

Como publicó este diario, desde que el presidente del Gobierno afirmó que no volvería a llevar al Congreso una prórroga del estado de alarma, los grupos parlamentarios (especialmente algunos de sus socios, como el PNV) no escondieron su malestar. De hecho, reprocharon todos al Ejecutivo estar dejando la pelota en las comunidades autónomas sin afrontar una solución común y fiándolo todo al proceso de vacunación con un alto índice de contagios todavía. El PP empezó a negociar su propio plan con los distintos partidos, también los que normalmente apoyan a Sánchez.

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La alternativa propuesta por los populares supondría, en esencia, una modificación de la ley orgánica de 1986 sobre medidas especiales en materia de salud pública a través de una proposición de ley que la Mesa del Congreso ya calificó. El objetivo es dar instrumentos legales a las comunidades, que les permitan tomar decisiones que afectan a derechos fundamentales (como restringir la movilidad e imponer el toque de queda) sin el paraguas jurídico del estado de alarma ni depender del criterio de la justicia de cada autonomía. La mayoría de grupos (desde PNV a ERC o Más País) se abrieron a estudiarlo y, de hecho, el PP ha ido manteniendo contactos con todos ellos.

Una de las principales preocupaciones de los presidentes autonómicos era precisamente la de poder seguir adelante con el toque de queda o la prohibición de reuniones en domicilios (que se ha demostrado como uno de los grandes focos de contagio). Esta misma mañana, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, le pedía a la presidenta Isabel Díaz Ayuso tomar medidas “valientes” como dar continuidad al toque de queda. “Hay problemas jurídicos, no es fácil, pero tienes que pelear y tomar decisiones valientes”, dijo en una entrevista radiofónica a pesar de que ya son varios tribunales superiores autonómicos los que han tumbado esta medida.

La actividad parlamentaria vuelve a estar a pleno rendimiento esta semana tras el parón de las elecciones madrileñas y los grupos reactivarán sus exigencias al Gobierno para dar salida al caos jurídico que se ha desencadenado con los primeros días sin estado de alarma.