Cinco olas y año y medio después, España no tiene una herramienta común contra el covid
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LOS TRIBUNALES CONDICIONAN LAS RESTRICCIONES

Cinco olas y año y medio después, España no tiene una herramienta común contra el covid

Sin el paraguas del estado de alarma, los contagios han evidenciado la falta de una estrategia única. A la inseguridad jurídica por los toques de queda se suma la de los certificados

placeholder Foto: La ministra Darias, en el Congreso de los Diputados. (EFE)
La ministra Darias, en el Congreso de los Diputados. (EFE)

Tras año y medio desde que estalló la crisis sanitaria, España no cuenta con una estrategia única para combatir la pandemia. Las restricciones entre comunidades son dispares, condicionadas en muchos casos por lo que dictamine la Justicia. Y aunque muchas autonomías han pedido una regulación que dé amparo a las regiones (las gobernadas por el PP, el País Vasco y también alguna socialista), Pedro Sánchez se ha negado. La última vez, este mismo viernes en Salamanca, en el transcurso de la Conferencia de Presidentes. Foro en el que precisamente uno de los puntos del día versaba sobre la evolución de los casos y de la vacunación en cada territorio. Así, son muchas las regiones que argumentan que el Gobierno central las ha abandonado a su suerte, máxime en asuntos que 17 meses después tendrían que estar más que resueltos, como la aprobación de una ley específica.

Para el Ejecutivo, el argumento es claro: las autonomías ya tienen herramientas suficientes para el control de los contagios. La contrarréplica también es sencilla: las comunidades no pueden quedar al albur de la Justicia. Y aunque el Tribunal Supremo, una vez que el Gobierno le encomendó la misión de determinar en qué supuestos se podrían limitar derechos fundamentales como el de reunión o circulación, ha esbozado unas directrices, las diferencias de criterios entre jueces son notorias, multiplicándose los agravios comparativos entre regiones y provocando diferencias entre ciudadanos.

Foto: Foto de familia de la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca. (EFE)

Canarias, con cuatro portazos judiciales desde que decayó el segundo estado de alarma, reclamaba el viernes “unidad de criterio” en la magistratura. "Que se pongan de acuerdo los jueces. Lo más importante es que los jueces no tengan criterios distintos", pedía el presidente de las islas, Ángel Víctor Torres. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nunca ha avalado la implantación de un toque de queda sin el paraguas del estado de alarma. Valencia, Cataluña, Cantabria y Navarra, sin embargo, gozan ahora mismo de él sin que esté activa la medida excepcional. Mientras, en Extremadura y la propia Canarias, ha resultado imposible aplicar una limitación similar.

Ante este escenario y con un mes de julio en que los contagios entre jóvenes explotaron, dibujando una curva cuya pendiente nunca había sido tan pronunciada, volvieron a resonar las voces que llevan meses pidiendo un marco jurídico. Sin embargo, una vez más, no fueron escuchadas.

No es comprensible “que en 15 meses la comunidad internacional haya sido capaz de sacar varias vacunas y que las Cortes y el Gobierno hayan sido incapaces de regular por ley el problema de salud pública en el que estamos”, denunciaba este viernes el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Mientras que su homólogo en Murcia, Fernando López Miras, recriminaba a Sánchez que si no va a cumplir con su parte del concepto cogobernanza, dote las regiones de un marco jurídico para actuar. También el lendakari, Iñigo Urkullu, pidió cobertura legal y, aunque no mencionó expresamente el decreto por el que se flexibilizó el uso de las mascarillas en la calle, criticó que algunas decisiones “prematuras” adoptadas por parte del Gobierno “han extendido en la sociedad la percepción de que la batalla estaba ganada antes de tiempo”. “Estado de ingobernabilidad”, definió el dirigente andaluz, Juan Manuel Moreno.

La nueva batalla jurídica

A ese frente jurídico, el de los toques de queda y otras restricciones duras, el principal con el que hasta ahora habían tenido que lidiar las comunidades, se suma una nueva derivada: los certificados covid. La obligatoriedad de acreditar tener la pauta completa de vacunación, o haber dado negativo en un test de detección del coronavirus, o haber pasado la enfermedad durante los seis meses previos para el acceso a determinados espacios, amenaza con convertirse en otro quebradero de cabeza. En primer lugar, porque al igual que no se ha aprobado una ley específica para la gestión de la pandemia, tampoco existe un marco común que ampare esta medida. Y no parece que lo vaya a haber en un plazo próximo, atendiendo a las declaraciones que en los últimos días han proferido la ministra de Sanidad y la portavoz del Gobierno.

Foto: Personal de una cafetería de Tenerife comprueba el certificado covid. (EFE)

Es decir, esta nueva restricción, que ya está en vigor en Galicia y durante unos días lo ha estado en Canarias, hasta que su Tribunal Superior de Justicia la anuló cautelarmente, y que otras regiones comienzan a implantar o lo estudian, tampoco cuenta con un respaldo que garantice su igual uso por parte de las diferentes comunidades y que resuelva las dudas legales que genera su aplicación. Todo, a pesar de que varios territorios (Madrid, Andalucía, Aragón, Baleares…) también con esta cuestión han pedido al Gobierno un marco único para saber a qué atenerse.

Así, cada autonomía, por su cuenta y riesgo, se ha lanzado a aprobar una nueva restricción sobre la que deben resolverse múltiples preguntas legales: ¿se puede pedir el pasaporte covid de la UE?, ¿con qué tipo de certificados se pueden acreditar los requisitos exigidos?, ¿atenta contra derechos fundamentales?, ¿es discriminatoria? Sin olvidar, además, que ya ha habido un primer revés judicial sobre esta cuestión, la decisión del TSJ de Canarias de suspender cautelarmente la propuesta al entender que los datos relativos a la salud se enmarcan dentro del derecho a la intimidad y, por tanto, no cabe exigirlos "en este contexto".

Foto: Imagen de un bar en La Laguna, Tenerife. (EFE)

La contradicción entre las últimas declaraciones de varios miembros del Gobierno tampoco ayuda. La ministra Darias, el pasado miércoles, defendió que si bien la medida no es una prioridad para el Ejecutivo, cada autonomía, gracias a las competencias en materia sanitaria de que goza, tiene vía libre para decretar el uso de estos certificados. No quiso mojarse mucho más la titular de Sanidad, y más clara fue el viernes, sin embargo, Isabel Rodríguez. La portavoz pospuso una hipotética adaptación generalizada hasta después del verano, una vez se alcance ese objetivo del 70% de la población inmunizada, y todos los mayores de edad hayan tenido opción a vacunarse. "Si imponemos un certificado covid, estaríamos estigmatizando a una parte de la población", defendió en referencia a los jóvenes.

¿Qué pasa con las vacunas?

Las vacunas, o la falta de ellas, han sido otro de los asuntos que ha centrado julio. A pesar de que es innegable el buen ritmo de la campaña, y la altísima aceptación por parte de la población española, también en este caso comienzan a multiplicarse las dudas. La primera, si será suficiente con un 70% de población para garantizar la inmunidad de rebaño. Ya son muchos los expertos que apuntan que la alta contagiosidad de la variante delta obligará a incrementar el umbral. Pero más allá de las cuestiones estrictamente sanitarias, la logística ha abierto un enfrentamiento entre el Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP, que no han dudado en exprimir la denuncia de que faltan dosis estos últimos días.

Foto: Una joven recibe la vacuna contra el covid en Galicia. (EFE)

Fue otra de las cuestiones que se abordaron en la Conferencia de Presidentes del viernes, y sobre la que Galicia exigió una estrategia común para determinar la necesidad o no de inocular una tercera dosis o para coordinar la administración de los sueros en menores de 12 —un extremo este último que parece lejano: de momento, ninguna vacuna cuenta con la autorización pertinente, a la espera de que puedan comenzar los correspondientes estudios—.

Un último ejemplo de la falta de un criterio consensuado para la gestión de la crisis sanitaria es la vacunación de las embarazadas. Tras saltar las alarmas por la muerte de tres mujeres en el último mes, esta misma semana han comenzado a multiplicarse los llamamientos de las comunidades para que las gestantes se inoculen. Ha tenido cierto aire de improvisación, de no reparar en este problema hasta que ha saltado, y, una vez más, la respuesta de cada región es diferente. Hay comunidades que ya están empezando a adoptar acciones específicas para este colectivo, como Baleares, que anunció que no hace falta que tengan cita previa para recibir los sueros.

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