El TdC cerca al Gobierno al instarlo a posicionarse sobre el aval de la Generalitat

“Lo que es legal, es legal, y lo que no es legal se recurre”. El 22 de julio, en una conversación informal con periodistas que cubrían su gira por Estados Unidos, Pedro Sánchez dejó caer esta frase cuando le preguntaron si el Gobierno recurriría la estratagema ideada por la Generalitat para avalar las fianzas del Tribunal de Cuentas con fondos públicos. Sus palabras, recogidas por la agencia EFE, pasaron desapercibidas, pero este martes cobran relevancia después de que la instructora haya pedido a la Abogacía que se pronuncie sobre la fórmula. La pregunta que tendrán que responder los servicios jurídicos del Estado es precisamente esa: qué es legal y qué no es legal.

La decisión de la instructora Esperanza García Moreno se dio a conocer 12 horas después de que finalizara el plazo para que los excargos del Ejecutivo catalán presentaran las fianzas. De los 34 investigados, 29 se han acogido a los avales presentados por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y, cuando todas las miradas se centraban en el Tribunal de Cuentas para ver si rechazaba o no los mismos, García Moreno optó por una vía alternativa: en lugar de entrar en el fondo y pronunciarse ya sobre la legalidad de la maniobra ideada por el Govern, consideró que antes convenía solicitar a la Abogacía del Estado un informe para conocer su postura.

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La instructora traslada así cuatro dudas a los servicios jurídicos del Estado que terminan por resumirse en la última de ellas: "Si, en definitiva, nuestro sistema de responsabilidad contable residenciado en los jueces contables de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas permite que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la comunidad autónoma de Cataluña que representa a todos los integrantes del pueblo de Cataluña (art. 2 del Estatuto de Autonomía), la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable de los cuentadantes que puedan haber incurrido en responsabilidad contable por dolo o culpa grave".

Con estas 81 palabras, García Moreno se plantea la misma pregunta que sobrevuela la causa desde que la Generalitat anunció que avalaría los 5,4 millones de fianzas a través del ICF: hasta qué punto pueden utilizarse los fondos del Gobierno autonómico para cubrir el presunto uso irregular de dinero público cuando el Ejecutivo se erige precisamente en supuesto perjudicado. La instructora será quien responda a esta pregunta, sí, pero antes quiere escuchar a los servicios jurídicos del Estado.

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La cuestión no es baladí, pues si al final se rechaza el aval del ICF, los 29 encausados perderán el armazón con el que la Generalitat ha tratado de blindarles y la instructora podrá ordenar embargos contra sus bienes hasta cubrir las fianzas. Este martes, de hecho, ya lo hizo contra dos investigados cuyas identidades no han trascendido. Entre los encausados, constan además figuras de peso como Carles Puigdemont (1,9 millones), Oriol Junqueras (1,9 millones) o Artur Mas (2,8 millones). La fianza de 5,4 millones debe abonarse de forma solidaria, pero a cada uno se le exige una cantidad distinta en función de la acción exterior desarrollada entre 2011 y 2017.

La Abogacía del Estado y los indultos

Tras la decisión de la instructora, la pelota pasa así al tejado del Gobierno. Su portavoz, Isabel Rodríguez, pasó de puntillas este martes y evitó aclarar si el Ejecutivo comparte las "dudas" que se plantea el Tribunal de Cuentas, limitándose a reconocer que no "es un asunto pacífico jurídicamente". Su homóloga en el Govern, Patrícia Plaja, defendió a su vez que se trata de un aval "sin dudas de la legalidad", pero tampoco quiso entrar en el informe solicitado a la Abogacía. Por el momento, cautela.

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Al fin y al cabo, el Gobierno se había escudado hasta ahora en que quedaba a la espera del informe del Consejo de Garantías Estatutarias para "ver el anclaje" del fondo del Govern para avalar las multas, un dictamen que puede retrasarse hasta el próximo 29 de julio y, por tanto, se esperaba después de que la propia instructora se pronunciara. Tras solicitar el informe a la Abogacía del Estado, el calendario inicial se ve afectado, pero lo más probable es que llegue antes la respuesta del Consejo: la instructora simplemente pide a los servicios jurídicos del Estado que contesten "a la mayor brevedad posible".

Sea como sea, la situación recuerda a lo ocurrido con los indultos. En aquella ocasión, el Tribunal Supremo también dio traslado a la Abogacía del Estado para que se pronunciara sobre su pertinencia después de que ejerciera como acusación en el juicio, una encrucijada ante la que los servicios jurídicos del Estado optaron por presentar un tímido informe en marzo: evitaban pronunciarse de forma directa sobre la medida de gracia y se limitaban a valorar el delito de malversación, apuntando que el daño había sido reparado. Cuatro meses después, queda por ver hasta qué punto aclaran qué es legal y qué no respecto al aval ideado por la Generalitat.