La Generalitat afina su artimaña para sortear el delito en su desafío al Tribunal de Cuentas

El plan anunciado este miércoles por la Generalitat para sortear las fianzas de 5,4 millones de euros impuestas por el Tribunal de Cuentas a 41 de sus ex cargos es un juego de malabarismo. El Govern lleva semanas estudiando la forma de cubrir las cantidades que afrontan Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y otras 39 personas implicadas en presuntas irregularidades en la financiación de la acción exterior a partir de 2011, y cree haber dado con la fórmula que le garantiza soslayar la comisión de delitos de prevaricación y malversación y, a la vez, hacer frente al pago de la elevada suma requerida antes del próximo 21 de julio, cuando expira el plazo.

El sistema ideado, un decreto ley, combina la acción de Govern y Parlament y la tutela de la Generalitat sobre unos fondos cuya procedencia exacta se desconoce aún. Necesita de dos cosas para sostenerse. Por una parte, el visto bueno del Ejecutivo central, que tiene en su mano impugnarlo ante el Tribunal Constitucional y, con ello, congelarlo. Por otra, la luz verde sobre la legalidad de los fondos por parte del Tribunal de Cuentas. Si el organismo tiene dudas sobre esta herramienta, las fianzas no se aceptarán y el movimiento habrá sido en vano.

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Es el Gobierno el que tiene la primera de las llaves para que esta propuesta tenga éxito. Según regula el artículo 161 de la Constitución, el Ejecutivo central puede impugnar ante el TC los decretos leyes autonómicos dentro de los dos meses siguientes a su fecha de publicación. La admisión a trámite de este recurso supone la suspensión automática de la resolución impugnada. Los recursos pueden ser planteados por terceros, pero solo el Gobierno tiene la capacidad constitucional de que impugnación y suspensión sean sinónimos. En cuanto al Tribunal de Cuentas, fuentes cercanas al organismo inciden en que mirarán con lupa si el dinero depositado cumple con todas las garantías.

Moncloa estudiará el texto y se reserva tomar acciones en caso de que se detecten ilegalidades, pero sin querer anticipar nada. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advertía al respecto este martes desde Tallin (Estonia): “Siempre hemos defendido que todo lo que se apruebe por los gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho”, reservándose así la posibilidad de recurrirlo. Una interpretación rigorista, pero alejada de cualquier amenaza. Al menos, de las interpretaciones del Tribunal Cuentas, que ya se ha anticipado asegurando que el decreto "roza la prevaricación". Fuentes de Moncloa se muestran cautelosas respecto a este extremo a la espera de analizar con detenimiento el texto.

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Sin demasiada rotundidad ni alarmismo, las fuentes monclovitas explican que primero se debe diferenciar entre si se trata de préstamos o de avales y cómo se articularán. De acogerse a la primera figura, se da a entender que tendría un mejor encaje legal y que podría ajustarse a derecho. Con todo, no hay tomada una decisión al respecto y el Gobierno estudiará el decreto.

El Ejecutivo central está en una fase de acercamiento con la Generalitat y las sentencias del Tribunal de Cuentas irrumpieron en plena reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès en Moncloa para poner en marcha la mesa de diálogo. Días antes, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, había tildado estos hechos como "piedras en el camino". La presión de los independentistas se está centrando en buena medida en esta causa, que asocian con la "represión". No solo ERC, sino también el PDeCAT, los herederos del partido de Artur Mas, cuyo Govern se ha visto afectado en esta causa. La formación que tiene como portavoz a Ferran Bel en el Congreso es un potencial apoyo de Sánchez para los Presupuestos, y la actuación del Ejecutivo se tendrá en cuenta.

La Generalitat y su departamento jurídico han ido desarrollando posibles soluciones y jugando con la prueba y el error

Para alcanzar el ardid, la Generalitat y su departamento jurídico han ido desarrollando posibles soluciones y jugando con la prueba y el error. El primer recurso tanteado fue la 'caja de solidaridad', que tantos problemas ha ido resolviendo en los últimos años. Se descartó emplearla para no pecar del agotamiento y hartazgo de un compromiso ciudadano que ha sido exprimido en el pasado hasta la extenuación. La segunda vía estudiada por el Govern fue reclamar a las empresas aseguradoras que hicieran frente al pago y, mientras tanto, compensar las cantidades solicitadas con avales. El riesgo de una acusación de malversación y las reticencias del Tribunal de Cuentas llevaron a descartarla.

El Govern cree que a la tercera puede ser la vencida. Aprobará así un decreto ley que tendrá que ser convalidado por el Parlament para crear un Fondo Complementario de Riesgos que dependerá de la Generalitat y contará con una dotación inicial de 10 millones de euros. La idea es reclamar la devolución íntegra del dinero avanzado si se acaba confirmando una sentencia firme. Con ello, el Govern 'vende' que no se produce en realidad un nuevo perjuicio económico a las arcas públicas, sino que se trata de un préstamo a devolver o un aval temporal sin consecuencias para el erario.

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La iniciativa se ha ideado entre las áreas de Economía y de Presidencia. Jaume Giró, hasta hace solo unas semanas directivo de La Caixa, explicó ayer a las claras que el Ejecutivo autonómico ha valorado el riesgo de que se incurra en delito. "Está construido [el decreto] de tal modo que garantice que no se hace una malversación de dinero público", aseveró. Esta afirmación no evitará previsibles querellas. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial indican que la iniciativa es "muy discutible" desde el momento en que se reconoce que se está llevando a cabo toda una "ingeniería financiera" para soslayar los ilícitos penales.

Malversación y prevaricación

Los juristas consultados advierten de que, a falta de conocer los detalles del decreto, existen motivos para sospechar que sus efectos sean delictivos. Si el Gobierno de la Generalitat cubre con dinero público una reclamación por el uso irregular precisamente de dinero público, redoblaría el efecto de esa presunta ilegalidad, dicen las fuentes consultadas. La creación de un fondo para cubrir eventuales responsabilidades de sus funcionarios y autoridades es solo es "una burda excusa", aseguran aquellos que dudan de la legitimidad del sistema, y señalan que estas responsabilidades están ya cubiertas por lo dispuesto en distintas normas, como la Ley 40/2015 que regula la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y la responsabilidad de las autoridades y personal a su servicio, o lo dispuesto en el artículo 121 del Código Penal.

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"Se trataría de un artificio para dar un supuesto amparo legal a una disposición del patrimonio público para cubrir las eventuales responsabilidades de estos funcionarios y autoridades ante el Tribunal de Cuentas que enjuicia, precisamente, el uso indebido de fondos públicos. Y todo ello con el argumento de que la Generalitat estima que no ha habido tal uso indebido del erario público ni se considera perjudicada", dice uno de los juristas consultados.

Otro de ellos avisa de que las rentas públicas deben destinarse a las finalidades previstas en la ley, y cualquier uso ajeno a las mismas podría ser constitutivo de un delito de malversación. "El hecho de que se tengan que inventar la creación de este fondo con tantas prisas da una idea de que efectivamente el Govern de la Generalitat no ha encontrado hasta ahora amparo legal alguno en el que justificar su disposición del patrimonio público; porque si lo hubiera encontrado no tendría que crearse el citado fondo". Un tercero indica, por su parte, que si el decreto ley obtiene el respaldo del Parlament y el Gobierno central no lo recurre, no será fácil articular un procedimiento penal contra el Estado legislador. Mientras tanto, fuentes independentistas admiten que el mecanismo es su última opción. "No hay plan B", aseguran.