El TdC pone en duda la legalidad del aval y ordena embargos contra dos investigados
Antes de decidir si acepta o no el aval de la Generalitat, la instructora se dirige al presidente de la Sección de Enjuiciamiento para que solicite un informe a la Abogacía del Estado
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La instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García Moreno tiene dudas sobre la "suficiencia y legalidad" de los avales presentados por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y, tras finalizar el plazo para que los excargos del Gobierno autonómico depositaran los 5,4 millones de fianzas a las 00.00 de este martes, ha ordenado embargos contra dos investigados. Al menos 29 de los 34 encausados se habrían acogido al aval del Gobierno autonómico, entre ellos Carles Puigdemont, Artur Mas u Oriol Junqueras, pero desde el órgano fiscalizador no aclaran por el momento si los dos que se ven afectados por los embargos forman parte de este grupo.
"Una vez terminado el plazo, el tribunal emitirá providencia de embargo a dos presuntos responsables que no han afianzado", han anunciado desde el Tribunal de Cuentas este martes. "Ante las dudas que, sobre suficiencia y legalidad de los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas, esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asume la propia administración autonómica perjudicada, la delegada instructora ha solicitado a la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas", han añadido a su vez en lo que se refiere al aval.
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De esta manera, la instructora obliga a los servicios jurídicos del Estado a valorar la estratagema empleada por el Govern antes de tomar una decisión. El pasado miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que, si el Ejecutivo determina que el fondo creado por la Generalitat para avalar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas es ilegal, no dudarían en recurrirlo, pero señaló que todavía no se había acordado una postura al respecto. Con el anuncio de este martes, la instructora evita mover ficha sin antes escuchar a la Abogacía del Estado, obligando así al Gobierno a pronunciarse a favor o en contra.
Embargos contra dos investigados
La principal duda en estos momentos pasa entonces por saber quiénes son los dos investigados contra los que se van a dictar embargos y a qué grupo pertenecen: por un lado, los 29 que se han acogido al plan orquestado por la Generalitat. Por otro, los cuatro que, tal y como anunció el organismo el pasado miércoles, se habrían desmarcado del mismo: dos depositaron fianzas y otros dos bienes inmuebles como aval. La suma de ambos queda así a tan solo uno de los 34 encausados, pero, al tratarse de dos investigados los que se ven afectados por los embargos, se mantiene la incógnita.
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Sea como sea, desde el Tribunal de Cuentas ya insistían la semana pasada en que esto no implica que la instructora rechace las posibles fianzas que presenten los dos investigados a partir de ahora: "De producirse después del plazo estipulado para el afianzamiento, tras estudiarlo, puede aceptarlo y no ejecutar el embargo", advierten. La providencia, por tanto, podría quedar sin efecto si los dos presuntos responsables formalizan su fianza en las próximas horas.
Cuatro dudas para la Abogacía
En cuanto al informe que la Abogacía tendrá que elaborar ahora, la instructora pide que aclare cuatro cuestiones. La primera de ellas pasa por el propio decreto con el que el gobierno autonómico creó el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña y si a través de esta maniobra puede constituirse "el afianzamiento de las posibles responsabilidades contables" en atención al Reglamento General de Recaudación y a determinados artículos de la Ley General Tributaria.
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La segunda se centra en la exposición de motivos del decreto ley y, en concreto, si la concurrencia de dolo o culpa grave de los presuntos responsables contables se encuentra amparada por el artículo 3 de este texto o debe entenderse, por el contrario, referido solo a supuestos en los que no concurran tales imputaciones contables por dolo o culpa grave.
La tercera sigue la misma línea y se cuestiona si la jurisprudencia del Tribunal Supremo ampara la indemnidad de los cargos y empleados públicos que actúen con dolo o culpa grave, mientras que la última viene a resumir las tres anteriores: se pregunta si el sistema de responsabilidad contable "permite que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la comunidad autónoma de Cataluña que representa a todos los integrantes del pueblo de Cataluña (...) la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable" de los investigados.
La instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García Moreno tiene dudas sobre la "suficiencia y legalidad" de los avales presentados por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y, tras finalizar el plazo para que los excargos del Gobierno autonómico depositaran los 5,4 millones de fianzas a las 00.00 de este martes, ha ordenado embargos contra dos investigados. Al menos 29 de los 34 encausados se habrían acogido al aval del Gobierno autonómico, entre ellos Carles Puigdemont, Artur Mas u Oriol Junqueras, pero desde el órgano fiscalizador no aclaran por el momento si los dos que se ven afectados por los embargos forman parte de este grupo.