Avalan medidas en Navarra y Galicia y en Cataluña y Valencia ya aplican toque de queda

Diez comunidades, más de la mitad, han pedido un toque de queda para controlar la quinta ola, con los contagios por covid-19 entre jóvenes descontrolados, pero, de momento, solo Cataluña, Valencia, Navarra y Cantabria han conseguido el necesario aval judicial.

Cataluña y Cantabria son, de hecho, dos de las comunidades más afectadas por la ola de contagios, aunque según los últimos indicadores epidemiológicos, en la primera el virus está en retroceso y la presión se siente ahora en el sistema hospitalario. Los hospitales catalanes superan los 2.000 pacientes en planta por covid, mientras que 458 están en la UCI, si bien la curva de contagios sigue descendiendo lentamente y la velocidad de propagación (Rt) se estabiliza por debajo de 1, lo que significa que el coronavirus está retrocediendo.

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Como consecuencia de la alta ocupación hospitalaria, las defunciones se han disparado: entre el 13 y el 19 de julio han perecido 70 personas a causa del virus, cuando a principios de mes eran 13 los fallecidos semanales.

Cantabria, por su parte, mantiene el aumento de la incidencia, que se sitúa en los 640 casos a 14 días, y de las hospitalizaciones, que ya superan el 20% de la ocupación de las camas UCI, mientras ha registrado un récord de contagios en un día desde que empezó la pandemia, con 422, y suma un fallecido.

En Galicia también empieza a sufrirse el efecto del incremento de casos, con 1.593 en la última jornada, ya que han ingresado en un solo día 36 pacientes en los hospitales gallegos y hay uno más en las unidades de críticos. Ante este escenario, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha autorizado a la Xunta a limitar, en toda la comunidad autónoma, el número de personas que se pueden reunir en espacios públicos o privados —seis, en interiores; y diez, en exteriores—, así como prohibir encuentros con no convivientes durante la madrugada.

Los magistrados entienden que las medidas incluidas en la orden son "idóneas, necesarias y proporcionadas" para contener la expansión de la COVID-19, cuya transmisión se ha incrementado en las últimas dos semanas, al igual que las hospitalizaciones.

Valencia, Navarra y Cataluña

Valencia y Cataluña lograron este jueves el respaldo necesario de sus respectivos tribunales superiores para ampliar la medida, tanto en el tiempo como en el número de municipios afectados, por lo que ya son nueve millones de españoles los que no van a poder pisar la calle de madrugada. No obstante, una vez más, a falta de un marco único para articular una respuesta común, nada garantiza que las cinco autonomías que están a la espera de la Justicia reciban el visto bueno. Y en esta misma idea insistía el lendakari, Iñigo Urkullu, al recordar a Sánchez que "la gravedad de la situación" en el conjunto del país "exige un mayor nivel de responsabilidad".

Esta era la respuesta de Urkullu ante la negativa del Gobierno de articular un marco jurídico que permitiese a las comunidades implantar toques de queda y otras restricciones sin depender de los criterios de los correspondientes tribunales superiores, más cuando las respuestas de los jueces no han seguido un denominador común. El dirigente vasco trasladó esta petición por carta a Sánchez el pasado lunes y no obtuvo respuesta. El jefe del Ejecutivo no le contestó, sí lo hizo la portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y fue para denegar sus dos solicitudes, la de contar con un aval para la aprobación de medidas duras y la de volver a decretar el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores en todo momento.

“No es solamente que no me haya respondido al escrito que le envié el lunes, sino que ha habido otras ocasiones en las que me he dirigido a él y no he obtenido respuesta, y en su caso, cuando he obtenido respuesta, ha sido que las comunidades ya tenemos las herramientas suficientes o que existe el Consejo Interterritorial”, lamentó Urkullu, verbalizando la soledad a la que se enfrentan muchas regiones a la hora de articular una respuesta eficaz a la escalada de casos. Críticas además que han repetido otros dirigentes autonómicos, como los presidentes de Andalucía, Castilla y León o Galicia, a lo largo de la pandemia.

El País Vasco es precisamente una de las 10 comunidades que estos días han solicitado la implantación de un toque de queda. Y aunque no lo ha hecho ante la Justicia, es lo que perseguía Urkullu con la carta que remitió a Sánchez. Además, el lendakari, que nunca ha contado con el aval del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para la aprobación de restricciones que limiten los derechos fundamentales sin el paraguas del estado de alarma, no descartaba este jueves recurrir a los jueces para convertir en obligación la recomendación de que la población no salga a la calle entre la una y las seis de la mañana. De hecho, el dirigente se ha puesto en contacto con otras comunidades que sí han podido implantar la medida para conocer su experiencia.

Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha autorizado el toque de queda solicitado por el Gobierno foral entre la 1 y las 6 horas para los municipios en situación extrema por el covid-19 durante los fines de semana, en festivos y en las fechas —incluidas las vísperas— en las que hubiera correspondido celebrar las fiestas patronales.

Las últimas solicitudes

Al listado de regiones que se han decantado por implantar de nuevo un toque de queda se sumaron este jueves Aragón y Asturias. Las dos lo hicieron bajo una premisa común, limitar los movimientos en aquellos municipios con peores datos. Así, la primera lo va a solicitar para cuatro localidades, Jaca, Huesca, Monzón y Barbastro, con incidencias acumuladas superiores a la media de la región, que es de 448 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras que la segunda lo hará para los municipios con una ratio superior a los 350 casos. Eso sí, el objetivo es que entre en vigor a partir de agosto.

Las pioneras

Cataluña y Valencia no solo fueron las primeras en recibir el aval de la Justicia, sino que también han logrado contar con el respaldo para extender los toques de queda por más tiempo, hasta el 30 de julio en el primer caso y hasta el 16 de agosto en el segundo, y ampliarlo a más municipios.

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Así, Cataluña pasará a tener 165 localidades bajo el toque de queda, es decir, el 80% de su población, unos seis millones de personas, mientras que en la región valenciana serán 77 los municipios afectados, y 2,6 millones de vecinos. A ellos se suman los más de 520.000 habitantes de Cantabria, que se encuentra bajo la misma situación, la otra región que cuenta con el visto bueno de los tribunales, y que ya ha anunciado que previsiblemente también pedirá una prórroga de la medida. Las cuentas arrojan que más de nueve millones de personas no pueden pisar la calle de noche y en las próximas horas podrían ser más.

A la espera

Además de Asturias y Aragón, previamente habían solicitado un toque de queda Andalucía, Canarias y Extremadura, pero la situación de cada autonomía es completamente diferente. A esta última región, por ejemplo, la semana pasada, su TSJ ya le denegó la medida, y ha descartado seguir por esta vía. Sin embargo, el archipiélago, ante un primer revés judicial, optó por ir al Supremo y actualmente está a la espera de recibir la respuesta definitiva.

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Por su parte, Andalucía no ha recibido contestación alguna. Su propuesta pasa por restringir la movilidad nocturna entre las dos y las siete de la mañana en aquellos municipios con una incidencia superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. La medida ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la comunidad, pero hasta que no reciba el respaldo judicial oportuno no podrá aplicarse.

La región, por cierto, ganó este jueves la última batalla judicial en la que se había sumido ligada al control de la pandemia. El Supremo ha respaldado el confinamiento de Peal de Becerro, en Jaén, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía denegase la medida. En el momento de la petición, el 7 de julio, la localidad tenía una incidencia de 1.793 casos por cada 100.000 habitantes.