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Sánchez se desentiende de las llamadas de auxilio de las CCAA para frenar la pandemia
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DESCARTA UN NUEVO ESTADO DE ALARMA

Sánchez se desentiende de las llamadas de auxilio de las CCAA para frenar la pandemia

El reforzamiento de medidas propuesto por Euskadi o Andalucía cae en saco roto. "El Gobierno ha desaparecido de la lucha contra la pandemia", dicen fuentes del Ejecutivo de Castilla y León

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
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El desconcierto no cesa. A la disparidad de medidas que día a día aprueban las comunidades para intentar frenar la explosión de contagios por covid entre los jóvenes, se suma la incertidumbre sobre el respaldo legal de las mismas. Para acabar con la diferencia de criterio entre los tribunales superiores de Justicia —son la primera barrera que las regiones deben sortear para articular restricciones que afecten a derechos fundamentales—, el lendakari, Iñigo Urkullu, solicitaba este lunes por carta a Pedro Sánchez que articule un marco jurídico con el que poder decretar medidas como el toque de queda o limitar el número de personas en encuentros sociales. Una llamada de auxilio al Gobierno central que, una vez más, ha caído en saco roto.

La respuesta, al igual que en otras ocasiones, ha sido la misma: “El Gobierno cree que hay margen por parte de las comunidades para avanzar en las medidas de contención de los contagios. Ese es el marco en el que creemos que tenemos que movernos”, apuntaba este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, obviando las batallas judiciales que han tenido que emprender las autonomías o los escollos que se están encontrando para intentar frenar la escalada de positivos.

Y aunque el Gobierno vasco ha decidido guardar silencio tras conocer que, una vez más, sus pretensiones pasaban de largo ante la puerta de Moncloa —“vamos a esperar”, apuntaban a El Confidencial desde el entorno del lendakari—, quien no dudaba ayer en censurar la gestión que Sánchez está haciendo del fin de la pandemia era Castilla y León.

“El Gobierno ha desaparecido de la lucha contra la pandemia. No ha hecho sus deberes: dio por finalizado el estado de alarma sin dotarnos a las comunidades de instrumentos para poder gestionar la pandemia sin tener que recurrir a esa excepcionalidad que, por otro lado, ha amparado medidas declaradas inconstitucionales”, lamentaban a este periódico fuentes del Gobierno de esta última comunidad, después de que la semana pasada, el vicepresidente, Francisco Igea, confesara que no se adoptaban medidas más restrictivas por una cuestión de “inseguridad jurídica”.

La historia se repite

El presidente vasco ya solicitó el pasado abril que el Gobierno prolongase el segundo estado de alarma y tampoco tuvo éxito. El problema del Ejecutivo autonómico es que su TSJ nunca ha avalado la aprobación de restricciones como el toque de queda o una limitación del número de personas por encuentro social sin el paraguas de un marco excepcional. Por eso, aunque en estos momentos varias autonomías hayan recibido el visto bueno por parte de la Justicia, Euskadi ya sabe de antemano qué respuesta obtendrá.

De ahí la misiva enviada a Sánchez y de la que este martes daba cuenta el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria. En la carta, aunque Urkullu no hacía mención expresa a la aprobación de un estado de alarma, solicitaba un marco jurídico que permitiese contar a las autonomías con todas las garantías y emplazaba al presidente a que se aprobase “esta misma semana”. Por eso, la única herramienta posible para cumplir el requerimiento era la aprobación de un nuevo estado de alarma, ya que una posible reforma de la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública de 1986 no llegaría a tiempo. Otra opción que también han solicitado en infinidad de ocasiones varias comunidades, entre ellas, Galicia o Castilla y León, y que el propio PNV se abrió a negociar con el PP la pasada primavera.

Endurecer el uso de mascarillas

En la carta, el dirigente vasco también solicitaba al jefe del Ejecutivo que reformase el decreto ley que regula el uso de la mascarilla para volver a dictar su obligatoriedad en exteriores antes de que la norma se convalide este miércoles en el Congreso de los Diputados, pero obtenía la misma respuesta por parte del Gobierno central. No procede. El problema es que "en algunos ámbitos no se está cumpliendo la ley, no es una cuestión de modificación, sino de incumplimientos", excusaba sobre esta cuestión la portavoz del Gobierno.

Foto: Dos personas con y sin mascarilla pasean por la Mezquita de Córdoba. (EFE)

No obstante, esta última petición de Urkullu encontraba ayer eco en Andalucía. El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, requería a Sánchez que “se actualice, ponga los pies en la tierra y vea cómo va la pandemia en nuestro país". El consejero andaluz añadía que desde que el pasado 26 de junio decayese la obligatoriedad de usar la protección en exteriores en todo momento, los contagios “se han multiplicado” a lo largo y ancho del país, y censuraba a Sánchez por haber decidido "anteponer sus intereses partidistas a los sanitarios”. "El virus nos ha demostrado que en cuestión de días cambia todo", zanjaba.

De hecho, la Junta, a propuesta de su comité de expertos, decidía este martes proponer restricciones a la movilidad entre las 2:00 y las 7:00 en aquellos municipios con más de 5.000 habitantes que tengan una incidencia acumulada a 14 días de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes.

A la espera de la Justicia

De momento, ninguna otra comunidad ha planteado la vuelta a un estado de alarma. Si bien algunas siguen pendientes de que la Justicia avale sus pretensiones de decretar un toque de queda. Este martes, el TSJ de Navarra echaba por tierra la solicitud del Gobierno foral de aprobar restricciones a la movilidad entre la una y las seis de la mañana en aquellos municipios con alta incidencia del virus. La petición no contaba con la motivación suficiente que amparase la limitación de derechos fundamentales, según el auto del tribunal, por lo que la región prepara una nueva solicitud que satisfaga los requisitos de los jueces.

Foto: Varios niños hacen cola para entrar en un colegio en Fuerteventura. (EFE)

Canarias, por su parte, ha decidido agotar el recorrido judicial y el lunes llevaba ante el Tribunal Supremo su pretensión de aplicar un toque de queda en aquellas islas con un nivel de alerta elevado después de que su TSJ denegase la petición. De momento, según explican fuentes del Gobierno del archipiélago, el objetivo es agotar esta vía. La solicitud de un nuevo estado de alarma que les permitiese sortear el escollo no está encima de la mesa.

Prolongar los toques de queda

Por su parte, Cataluña, una de las autonomías que sí han conseguido el aval de la Justicia para limitar la movilidad nocturna, avanzaba que solicitará prolongar la medida hasta el viernes 30 de julio. Además, quiere extender la restricción a 165 municipios, cuatro más que los actuales, entre ellos, Lledia, la única capital de provincia que no estaba incluida en el listado. Y Valencia, en la misma situación que la región vecina, estudiará a lo largo de la semana si pide una prórroga.

El desconcierto no cesa. A la disparidad de medidas que día a día aprueban las comunidades para intentar frenar la explosión de contagios por covid entre los jóvenes, se suma la incertidumbre sobre el respaldo legal de las mismas. Para acabar con la diferencia de criterio entre los tribunales superiores de Justicia —son la primera barrera que las regiones deben sortear para articular restricciones que afecten a derechos fundamentales—, el lendakari, Iñigo Urkullu, solicitaba este lunes por carta a Pedro Sánchez que articule un marco jurídico con el que poder decretar medidas como el toque de queda o limitar el número de personas en encuentros sociales. Una llamada de auxilio al Gobierno central que, una vez más, ha caído en saco roto.

Pedro Sánchez Iñigo Urkullu
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