Las CCAA dependen de los TSJ: medidas a la carta y 'ruegos' para frenar los contagios

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula parte del decreto por el que se aprobó el primer estado de alarma ha desatado en plena quinta ola pandémica las dudas sobre las restricciones que pueden adoptar las comunidades y qué tipo de respaldo jurídico necesitan. Máxime cuando las resoluciones de los tribunales superiores no han sido homogéneas. Esta misma semana, el toque de queda solicitado por la Comunidad Valenciana recibía el visto bueno de su Tribunal Superior de Justicia, mientras que se descartaba el propuesto por Canarias. A la ecuación se suma el último decreto aprobado en Euskadi, que entró en vigor la medianoche de ayer, y con el que se pretende limitar el derecho de reunión, si bien no cuenta con ningún aval legal. De ahí que el lendakari, Iñigo Urkullu, rogase a la población que lo interprete como si de una “prohibición” se tratase.

En este contexto de desconcierto provocado por la sentencia del TC, el PP volvió ayer a la carga con la alternativa jurídica a la alarma y la exigencia de un marco que permita a las comunidades afrontar la quinta ola, que ya amenaza el verano y la temporada turística. Los barones del PP, con la excepción de Isabel Díaz Ayuso, cargan las tintas contra el Ejecutivo, al que reprochan no haber legislado un año y medio después del inicio de la pandemia, dejando a las autonomías un verano más sin una norma que ampare sus restricciones. “Estamos otra vez donde estábamos. Es increíble”, insisten en el entorno de distintas comunidades.

El presidente de los populares, Pablo Casado, cree que la solución pasa por reformar de una vez por todas la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, y que los presidentes autonómicos, en momentos puntuales como esta nueva ola, puedan tomar medidas sin depender de lo que diga cada Tribunal Superior de Justicia. La demanda se repite desde hace meses entre los dirigentes regionales, los del PP y en ocasiones también los del PSOE.

Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, que aprobó una ley propia ante la falta de una norma común, siempre se ha mostrado crítico con que las mismas decisiones fueran admitidas o revocadas en según qué territorios por la decisión del magistrado de turno. El reproche también se ha repetido en Castilla y León, Murcia o Andalucía. De ahí que el PP haya decidido tender la mano al Gobierno para prestarle su propuesta de reforma exprés.

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Los cálculos del partido concluyen que la norma podría estar funcionando en 15 días por la vía rápida si el Gobierno quisiera. Los populares llevaron por primera vez su plan B jurídico al Congreso en el mes de noviembre, pero solo recabaron el apoyo del PNV. Después, en el mes de abril, lo volvieron a registrar para dar respuesta al fin del segundo estado de alarma, que decayó el 9 de mayo. Pero en vista de que Pedro Sánchez no tenía previsto ningún otro instrumento (más allá de que las autonomías tomaran decisiones pasando por la Justicia), el grupo parlamentario registró su proposición de ley y llegó a entablar contactos con los socios habituales del Ejecutivo, que no veían con malos ojos el debate.

La propuesta está lista para el próximo periodo de sesiones, que se abrirá en septiembre, porque no dio tiempo a debatirla. La última proposición de los populares fue la relativa a los indultos y ya no hubo oportunidad de introducir la de la alternativa jurídica. Tampoco el PP ni el resto de grupos imaginaron que la quinta ola asolaría España en plena temporada estival. En todo caso, lo que propone Casado es que el Ejecutivo se ponga en marcha. Podría hacerlo de manera extraordinaria a través de sus grupos parlamentarios, como ya hizo con la reforma exprés para cambiar la mayoría en el sistema de elección del CGPJ que terminó retirando, ya que un proyecto de ley implicaría retrasar los plazos. El mensaje de los populares es claro: dar sus votos si el Gobierno actúa para dotar de un marco legal a las comunidades.

Moncloa nunca lo ha visto claro

Lo que sucede es que Moncloa nunca vio con buenos ojos el plan de los populares por mostrarse contrario a que a través de la ley de 1986 se puedan restringir los derechos fundamentales (limitar la movilidad de los ciudadanos) sin un control judicial. Para el Gobierno, el sistema correcto sin estado de alarma es el actual, en el que las autonomías toman decisiones y los TSJ las amparan o las rechazan.

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El primer partido de la oposición, aprovechando el varapalo del TC, insiste en que se trata de una reforma muy quirúrgica para evitar enfermedades transmisibles, y en su propuesta plantean únicamente ampliar el artículo tercero de la ley con un apartado que diría literalmente: “Controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como al derecho de reunión, que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados como en el número de personas”.

El lío vasco

El Gobierno vasco nunca ha contado con el respaldo de la Justicia para limitar derechos fundamentales sin estar vigente un marco superior que regule las medidas excepcionales. Una vez decayó el segundo estado de alarma, el objetivo de Urkullu era mantener por más tiempo el toque de queda, pero el Gobierno de Sánchez se opuso a prolongarlo y el Tribunal Superior de Euskadi rechazó sus pretensiones. Con esta negativa en la mano, el lendakari no quiso recurrir al Supremo, y desde entonces la comunidad nunca ha planteado, al menos públicamente, optar por la vía judicial para intentar poner freno a la evolución de la pandemia.

“Se determina la imposibilidad de permanencia en grupos de personas no convivientes o en aglomeraciones, durante la franja horaria que va de las 00:00 a las 06:00 horas, en los parques, jardines, playas, zonas deportivas, pistas de patinaje ('skating') o espacios de uso público al aire libre similares”, reza el decreto vasco recién publicado. La redacción es confusa y ante las dudas que ha generado sobre su alcance legal, sentido último y posibilidad real de aplicación, Urkullu defendió este jueves que "se tome como prohibición la excesiva interacción social".

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El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, en una entrevista en la Cadena SER, reconocía que el decreto en ningún momento “habla de prohibiciones”, pero, ahondando en la línea argumental del presidente, añadió que el objetivo es que “la población lo entienda como una prohibición”. El primero, además, expuso que desde el fin del estado de alarma la comunidad “se está moviendo en el alambre” a la hora de plantear nuevas medidas para el control de los contagios.

A la espera

Y esta es probablemente la sensación que se ha vivido en muchas otras autonomías, acentuada ahora tras la sentencia del Constitucional. El éxito judicial de Valencia a comienzos de la semana ha empujado a otras comunidades a solicitar un toque de queda, aunque habrá que ver si reciben el aval pertinente por parte de los correspondientes tribunales.

Cataluña y Cantabria ya han tramitado la solicitud de la medida y ambas han avanzado que si no reciben el respaldo de sus tribunales superiores, irán al Supremo. De hecho, la segunda autonomía se mostró este jueves confiada en que no sufrirá ningún revés. Preguntado por la posibilidad de que la decisión finalmente adoptada por el TC condicione la aprobación o no de la medida, el portavoz del Gobierno cántabro, Pablo Zuloaga, explicó estar “seguro” de que “el planteamiento jurídico” propuesto contará con el apoyo de la Justicia.

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La medida de Cantabria prevé imponer un toque de queda en 53 municipios de la comunidad, mientras que Cataluña ha ampliado a 161 las localidades que tendrían que verse sometidas a dicha restricción, entre ellas, Barcelona y el resto de capitales de provincia a excepción de Lleida.

En Extremadura han propuesto al Tribunal Superior de Extremadura el cierre perimetral de Trujillo, Plasencia, Jaraíz de la Vera y Montehermoso. Además, para las últimas tres localidades pedirá también que se aplique la limitación de movilidad nocturna de 1 a 6 de la mañana, con base en las últimas condiciones que se han establecido en el Consejo de Gobierno que se reunía hoy.

El ejecutivo extremeño ha establecido que en municipios de menos de 1.500 habitantes, se aplicarán medidas solo por áreas de salud, mientras que en localidades de entre 1.500 y 14.999 con una incidencia mayor de 500 casos y una ocupación de camas mayor del 2% o de UCI mayor del 10%, se propondrá el cierre perimetral y el toque de queda, aunque si solo se supera la incidencia (y no la ocupación), solo se propondrá el cierre perimetral. Los vacunados con pauta completa que vivan en alguno de los municipios afectados estarán exentos del cumplimiento de esas medidas.

Canarias acude al Supremo

Por su parte, Canarias anunció que recurrirá ante el Supremo, después de que esta misma semana el Tribunal Superior de las islas echase por tierra la restricción a la movilidad nocturna que había solicitado el Gobierno.

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Murcia ha sido la última comunidad en recibir el visto bueno de la Justicia. El Tribunal Superior de la región resolvió ayer que el Gobierno podía mantener el cierre del interior de los locales de ocio nocturno. Los magistrados rechazaron decretar una medida cautelar que dejase en suspenso esta restricción, en contra de lo que había solicitado la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la autonomía.

El Gobierno de Navarra ha decidido este viernes aplicar el toque de queda entre la una y las seis de la madrugada en los municipios cuya tasa de incidencia de covid-19 se encuentre en el nivel de riesgo extremo (incidencia mayor de 250 por 100.000 habitantes a 14 días y mayor de 125 por 100.000 a 7 días). Además, ha decidido limitar las reuniones a un máximo de diez personas en exteriores y dejar en suspensión la regulación que permitía comidas populares, pasacalles o espectáculos taurinos en la calle.