Sánchez medita cerrar el actual ciclo político con los indultos y una crisis de gobierno

El Gobierno pretende dejar cerrado el capítulo de los indultos a los presos del 'procés' antes de verano y medita la posibilidad de adelantar la crisis de gobierno, en principio planeada para otoño, como había adelantado este diario. Un cierre de ciclo que permitiría iniciar una nueva etapa del Gobierno de coalición coincidiendo con el arranque del curso político, adaptando la estructura del Ejecutivo a los fondos de recuperación e impulsando el plan de reformas asociadas, bajo la óptica de la decena de políticas palanca sobre las que pivotan. También se pasaría así página sobre la medida de gracia para minimizar su coste electoral.

La segunda fase de la legislatura, con la estabilidad comprometida para 2023 tanto por sus socios de gobierno, Unidas Podemos, como por los socios parlamentarios si se normaliza la situación con Cataluña, comenzaría a partir de esta nueva fase. En todo caso, antes se reactivará la mesa de diálogo con el Govern, que pese al interés de los independentistas por celebrarla a la mayor brevedad posible, se pospondrá a la decisión del Consejo de Ministros sobre la medida de gracia.

Todo ello en el mes de julio, según la hoja de ruta trazada desde Moncloa y comentada entre los gabinetes de Pedro Sánchez y el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès. Dentro del plan que está trazando el presidente para recuperar la iniciativa política tras el batacazo del 4-M en Madrid, Ferraz ya comenzó a ver cada vez más factible una remodelación en el Ejecutivo.

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El objetivo pasa por arrancar el nuevo curso político, en septiembre, centrando la actividad del Ejecutivo en los fondos de recuperación europeos, que comenzarán a fluir en otoño. Los planes para una remodelación del Gobierno amplia, más allá de los cambios obligados por la salida de Salvador Illa, primero, y de Pablo Iglesias, después, se postergaron siempre en Moncloa a "otro momento" más idóneo que coincidiese con la llegada de los fondos UE. Entre las principales razones, se destaca así la necesidad de readaptar su estructura al plan de recuperación económica, que guiará la gestión y ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023.

La decisión sobre la remodelación del Gobierno depende únicamente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como insisten fuentes oficiales de Moncloa, y aunque ni sus socios en el Ejecutivo conocen por el momento un plan detallado, sí tienen acordado que una reestructuración "no afectará" a los ministerios de Unidas Podemos, según fuentes moradas en el Gobierno. Desde Moncloa, siempre se ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como el inicio de "la segunda gran modernización de la economía española". Las 10 políticas palancas en que se basa y que también podrían ocasionar cambios en segundos escalafones del Ejecutivo son: agenda urbana y rural; infraestructuras y ecosistemas resilientes; transición energética; Administración pública; digitalización; ciencia e innovación; educación; refuerzo del estado de bienestar; industria de la cultura y deporte, y fiscalidad.

Fuentes de Moncloa han remarcado que el jefe del Ejecutivo tiene "en exclusiva la prerrogativa y la iniciativa para formar o modificar su gabinete", sin que un extremo así pueda ser comunicado por otra vía que no sea el propio presidente en el tiempo y forma que determine. Con todo, se da por hecha la voluntad de subrayar un cambio de ciclo con "la salida de la pandemia y la superación de la crisis económica y la agenda del reencuentro con Cataluña". La vacunación, añaden, "es la gran prioridad en este momento y será la que permita una rápida recuperación de nuestro país". Vacunación, por tanto, y visto bueno "en los próximos días" al plan de recuperación, por lo que estas mismas fuentes oficiales remarcan, sin confirmar ni desmentir la crisis de gobierno, que estos son los dos ejes "en los que están volcados el presidente y sus ministros y ministras, y no en rumores o comentarios, que solo el presidente podría confirmar". El runrún en los diferentes departamentos ministeriales ha ido 'in crescendo' desde el pasado martes.

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En un primer momento, el Gobierno barajó esconder los indultos en agosto y dejar la crisis de gobierno para otoño, pero finalmente se impuso la lectura de dar carpetazo a la medida de gracia cuanto antes para comenzar a diluir su coste político y electoral. Se entiende que la reacción de la oposición conservadora sería más virulenta a partir de septiembre, desplazando de la agenda el horizonte de recuperación económica en que quiere instalarse Moncloa, con el viento favorable del proceso de vacunación y el hito del 70% de la población vacunada a finales de verano. En este sentido, han presionado también tanto desde el independentismo como desde el sector minoritario del Gobierno que representa Unidas Podemos.

El primer hito será poner en marcha la normalización institucional con el Govern. La presencia de Pedro Sánchez y Pere Aragonès está garantizada en la primera reunión de la mesa, pero no ya en las siguientes, que irían avanzando bajo el liderazgo de sus respectivos equipos e, incluso, con la pretensión de formar grupos de trabajo más técnicos y con temáticas sectoriales. Aunque la mesa de diálogo no se sitúe en un segundo plano, sí que seguiría avanzando a partir de septiembre sin ocupar la centralidad de la agenda del Ejecutivo, pudiendo así fijar otras prioridades, como el plan de reformas pendientes y las inversiones procedentes de Bruselas.

Sin poner plazos, unos y otros coinciden en situar la medida de gracia a los 12 políticos independentistas condenados por el 1-O en la primera quincena de julio. "Más cerca de la primera semana de julio que de la segunda", matizan desde estos sectores. En el Gobierno, evitan fijar fechas públicamente a la espera de que el Ministerio de Justicia elabore los informes individualizados para cada uno de los presos que sustanciarán la propuesta que eleve al Consejo de Ministros, argumentando las razones para los indultos. Previamente, tanto a los indultos como a la mesa de diálogo, Aragonès acudirá al Palacio de la Moncloa para reunirse con Sánchez, dentro del marco institucional tras ser investido nuevo 'president'.

En Unidas Podemos, entienden sin embargo que la propuesta motivada no debería demorarse, teniendo en cuenta, dicen, que el informe del Tribunal Supremo era previsible. Los trabajos ya deberían estar avanzados, según indican. Así se expresaba el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, tras conocerse el informe del tribunal sentenciador: "Ya sabíamos cuáles eran los argumentos del Supremo y estábamos preparados, por eso creemos que deberían hacerse [los indultos] lo más pronto posible". "No podemos esperar más", concluía el también portavoz de los 'comuns' en el Congreso.

La concesión de los indultos antes de celebrar la mesa de diálogo facilitaría la presencia del líder de ERC, Oriol Junqueras, en este espacio. Se trata de una pretensión de los republicanos a la que no se oponen en el Gobierno, dejando la decisión en manos de cada delegación. "A lo largo de estas próximas semanas, las delegaciones trasladarán cuáles son los nombres que las compondrán", explicaba el pasado martes tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, evitando censurar así la presencia de Junqueras y dejando la puerta abierta a lo que decida la delegación de la Generalitat.

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Aunque en un principio los integrantes de la mesa deberían formar parte del Gobierno y del Govern, en la primera y única reunión que se celebró bajo la presidencia de Joaquim Torra de la Generalitat, participaron los diputados en el Parlament Josep Maria Jové (ERC) y Josep Rius (Junts). Las delegaciones todavía no están definidas y tampoco se descarta que, más allá de Junqueras, puedan participar en este espacio otros miembros que no forman parte del Gobierno ni del Govern, como los portavoces parlamentarios en el Congreso de las fuerzas representadas.

La reforma del delito de sedición, cuyo texto ya está en la mesa del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se pretende tramitar de forma paralela. El Gobierno está decidido a utilizar todos los medios a su alcance para desescalar el conflicto con Cataluña, y la rebaja de este tipo penal por el que fueron condenados los políticos independentistas también facilitaría la vuelta de los fugados. Al contrario que los indultos, prometidos por el PSOE a ERC ya cuando se negociaron los Presupuestos, esta medida no ha formado parte de las conversaciones con los republicanos, quienes dicen desconocer los términos de la propuesta de Justicia.

A la espera de ello, y aunque valoran positivamente esta medida como un paso que "facilitaría mucho el diálogo y cómo mínimo sentar las bases para un diálogo franco", apuestan por llevar la reforma a otros ámbitos del Código Penal. Es decir, aprovechar la reforma para modificar otros aspectos del Código Penal, como los relacionados con la Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada ley mordaza.

Sánchez siempre tuvo la "voluntad de actualizar esos delitos [sedición]" para homologarlos a los de países más avanzados

Sánchez defendía esta semana la reforma del delito de sedición porque "España en 2017 aprendió una lección", arrancó respecto a esta reforma en referencia a la euroorden, para añadir que entonces se vio que "nuestro Código Penal estaba desacoplado con respecto al Código Penal de otros países". En esta línea, recordó que su Gobierno siempre tuvo la "voluntad de actualizar esos delitos y homologarlos a los de los países más avanzados en términos democráticos". Desde el Gobierno, precisan sin embargo que el hecho de que se trabaje de forma paralela en la reforma no significa que se tramite a la vez que la medida de gracia.

La modificación del delito de sedición facilitaría la vuelta a España de quienes se fugaron de la Justicia. Con el regreso el pasado mes de marzo de Meritxell Serret, tras tres años fuera de España, se rompió la unidad de los huidos del 'procés'. Ahora pesa orden de detención en España sobre el 'expresident' Carles Puigdemont, los 'exconsellers' Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Las desconfianzas mutuas entre el Gobierno y el independentismo catalán siguen existiendo, pero se han atemperado notablemente. Con todo, desde Moncloa insisten en exigir gestos a la contraparte, especialmente a ERC, que ha adoptado una vía más pragmática que sus socios y por primera vez desde la Guerra Civil preside la Generalitat. Gestos que de momento se traducen en que eviten el ruido respecto a los indultos, pues en público siguen defendiendo la amnistía, que sería ilegal, y sobre todo enterrar el grito de guerra del 'lo volveremos a hacer'. Tanto a nivel programático como discursivo, lo están acatando y la palabra más repetida en estos momentos entre los republicanos es 'discreción'.

Además de no rechazar los indultos en público, como sí han hecho este jueves el 'expresident' Carles Puigdemont o la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, desde ERC han aprovechado un informe de la Comisión Jurídica y de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para lanzar un mensaje que se alinea con la hoja de ruta del Gobierno. El mencionado informe sugiere la reforma de los delitos de rebelión y sedición, así como los indultos, y hace un llamamiento al diálogo con las fuerzas políticas de Cataluña.

Tanto PP como PSOE ya han anunciado que presentarán un voto particular contrario a las conclusiones del informe, mientras que ERC lo ha celebrado y su senadora y única representante independentista de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Laura Castel, aseguraba que este informe supone un "cambio de paradigma". La normalización de las relaciones pende de un hilo, pero al mismo tiempo va tomando forma y Moncloa quiere arrancar septiembre con el foco puesto en cuestiones que puedan contrarrestar el coste electoral de estas medidas y una nueva estructura de gobierno.