Las firmas del PP sobre el Estatut, olvidadas en un almacén del Congreso

Desde hace poco más de 15 años, las 876 cajas con 4.020.000 firmas recogidas durante dos meses por el PP en contra del Estatut de Cataluña acumulan polvo en un almacén del Congreso de los Diputados, situado a las afueras de Madrid, sin que nadie haya comprobado su validez, sin digitalizar y sin que ni siquiera sepa la Cámara qué hacer con ellas. Las firmas provocaron un problema material a la Cámara Baja y ahora Pablo Casado ha tomado el mismo camino.

Este miércoles, el PP ha iniciado una campaña similar de recogida de firmas en contra de los indultos a los presos independentistas. Esas firmas tendrán el mismo destino que las del Estatuto de Cataluña, a no ser que el Partido Popular las digitalice.

Una nave que el Congreso tiene en alquiler

Las 876 cajas que en 2006 crearon una polémica política de envergadura desafían el olvido en un almacén en la carretera de Toledo, a pocos kilómetros de Madrid, por el que el Congreso paga un alquiler. Según fuentes de la Cámara, la Mesa se ha planteado en numerosas ocasiones qué hacer con todo ese papel. Discutió si destruirlo, una vez registrado el número de firmas, pero nunca se decidió a aplicar tal solución ante la posibilidad de que alguien lo impugnara, así que allí siguen las firmas acumuladas.

Fue el 25 de abril de 2006 cuando el entonces líder del PP y de la oposición, Mariano Rajoy, llegó al Congreso con las firmas recogidas por toda España. Se supone que con identificación completa de cada uno de los firmantes. Para hacerse idea del volumen, las firmas llegaron en 876 grandes palés, transportados por 10 furgonetas.

Se depositaron junto a la Puerta de los Leones y fueron registradas en el Congreso de forma genérica en una proposición no de ley que, semanas después, fue rechazada por el pleno del Congreso. Y ese mismo día, la Cámara decidió que se apilaran en el almacén alquilado de la carretera de Toledo, sin desembalarlas siquiera ni digitalizarlas.

Las firmas del PP contra el Estatut

Aquella campaña del Partido Popular tenía como lema 'Todos tenemos derecho a opinar' y pedía un referéndum en toda España sobre el Estatut que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pactó con Artur Mas, líder por aquella época de CiU, la formación que había ganado las elecciones catalanas, pero que no pudo gobernar porque se aliaron PSC, ERC y la antigua ICV para que la presidencia recayera en Pasqual Maragall. Posteriormente, el Tribunal Constitucional recortó el texto tras ser sometido a referéndum en Cataluña. En diversos sectores políticos, esa decisión del Constitucional es considerada el comienzo de una mayor beligerancia del independentismo.

Entonces la campaña de recogida de firmas empezó en Cádiz y esta vez ha sido en Zaragoza. Meses después de esa campaña, el PSOE de Zapatero volvió a ganar las elecciones, ampliando su ventaja sobre el PP. Varios dirigentes populares de aquella época han reconocido que dicha campaña resultó un error.