La debilidad parlamentaria del Gobierno aleja al otoño el debate del estado de la nación

El Gobierno ha decidido retrasar a después de verano el debate sobre el estado de la nación, según explicó este martes el PSOE en el Congreso. La explicación, han indicado las fuentes socialistas, está en la debilidad parlamentaria del Gobierno, que no quiere exponerse a una sesión de este tipo en un momento político que no es favorable para el presidente, Pedro Sánchez. Después de las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, la intención de voto en España se ha revertido, de acuerdo con las encuestas recientemente publicadas. Dos de las últimas, de GAD3 y de NC Report, en 'ABC' y en 'La Razón', respectivamente, dan la victoria al PP de Pablo Casado.

El debate sobre el estado de la nación lleva aparejadas la presentación y votación de propuestas de resolución que formulan todos los grupos. No son acuerdos ejecutivos ni conllevan relevancia legislativa. Son equivalentes a mociones, a pronunciamientos políticos. Sin embargo, la precariedad del Gobierno en la Cámara puede llevarle a perder votaciones o ver cómo se divide el voto de los diputados del PSOE y los de Unidas Podemos, y eso sí que arrastra una lectura política desfavorable.

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Por ejemplo, pueden presentarse resoluciones sobre la reforma laboral, sobre Marruecos, sobre leyes de igualdad o sobre los indultos a los presos independentistas, entre otros temas. Asuntos delicados en la actualidad. Esas votaciones requieren un esfuerzo de negociación y acuerdos cruzados por los que Moncloa prefiere no pasar. El Gobierno repite, de hecho, que evitó prórrogas del estado de alarma porque las de hace un año lo llevaron a un sobresfuerzo para no perder votaciones que provocó cesiones a diferentes grupos, y ajenas a la propia pandemia. Fue el caso de la resolución acerca de la reforma laboral que el grupo socialista pactó con EH Bildu.

Contexto en contra para Sánchez

El contexto político está determinado por las recientes elecciones en la Comunidad de Madrid, la crisis con Marruecos o las primarias socialistas en Andalucía. Para el PSOE, es conveniente la búsqueda de momentos más propicios en otoño, cuando haya culminado la vacunación y empiece a notarse la mejora económica por la llegada de fondos europeos. Por esas mismas razones, Sánchez ha evitado un debate monográfico con votación sobre el plan de recuperación ligado a los fondos europeos, a diferencia de lo que han hecho otros países europeos. El Gobierno retrasó la decisión sobre el debate a la espera del resultado de las elecciones de Madrid y, finalmente, se ha decantado por retrasarlo, siempre según la explicación del PSOE. Añaden que Sánchez ya compareció y debatió suficientemente con motivo de los estados de alarma.

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Este debate, en el que los presidentes del Gobierno rinden cuentas, fue instaurado por Felipe González en los años ochenta con una periodicidad anual, salvo cuando se celebraban elecciones. El debate no se celebra desde 2015, y el siguiente sería el primero con Sánchez como protagonista, pese a que está en la Moncloa desde 2018. El expresidente Rajoy no lo convocó en 2016, que fue año electoral. Tampoco lo hizo en 2017, cuando el Congreso sí acogió la moción de censura que le planteó el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, y en 2018 fue Sánchez el que desalojó al líder del PP del Gobierno a través de esa vía. Según Calvo, en 2019 no se celebró por las dos convocatorias de elecciones generales y el año pasado tampoco se organizó por la pandemia.

La relación con los aliados, en el alambre

El juego de mayorías en el Congreso es variable. Hace pocas semanas, partidos que a menudo votan en consonancia con el grupo socialista se posicionaron contra el Gobierno por no haber previsto un plan jurídico una vez expirado el estado de alarma. Más País, Compromís o el PNV, a través de sus portavoces, criticaron la inacción y falta de iniciativa del Ejecutivo. Con más o menos contundencia, se expresaron a favor de tramitar la proposición de ley del PP, en el que recoge su apuesta por lo que llaman "un plan B jurídico".

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Desde que el pleno del Congreso derogó el decreto ley sobre la financiación de los ayuntamientos, los aliados parlamentarios del Gobierno han redoblado sus exigencias. Una de ellas tiene que ver con la solicitud de más explicaciones sobre el mecanismo ideado para la circulación de los fondos europeos. Otra, tal y como señaló El Confidencial, alude a la creación de una comisión de seguimiento del plan de vacunación, lo que la Cámara ha secundado, pero que PSOE y Unidas Podemos están demorando.

Además, la relación entre los socios de la coalición no atraviesa uno de sus mejores momentos. Aunque Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se han comprometido a reforzar la estabilidad de la legislatura, entre las direcciones de los grupos parlamentarios las conexiones son más frágiles, como se puso de manifiesto hace una semana, cuando tocó debatir una iniciativa sobre la legislación trans presentada por ERC. El PSOE se abstuvo y Unidas Podemos votó a favor.

En un contexto así, un debate sobre el estado de la nación no parece aconsejable, al menos para Sánchez. De ahí que la decisión haya sido alejar ese formato y pensar en el otoño, como pronto.