Sánchez descoloca a sus aliados políticos por precipitar el anuncio del fin de la alarma
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EL CONGRESO, A LA ESPERA

Sánchez descoloca a sus aliados políticos por precipitar el anuncio del fin de la alarma

Los grupos del Congreso insisten en mantener la cautela hasta escuchar la propuesta de Sánchez. Confían en que haya diálogo con las CCAA y algunos creen que debe haber nuevo decreto

placeholder Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

El 9 de mayo finaliza el estado de alarma y el presidente del Gobierno ya ha dejado claro que no prevé más prórrogas. Mientras el principal partido de la oposición y muchas CCAA continúan exigiendo una reforma legal que permita poner en marcha restricciones a la movilidad a partir de ese momento (sin el paraguas jurídico de la alarma, las autonomías no están capacitadas para acometer cierres perimetrales o toques de queda, a no ser que cuenten con aval judicial), los grupos parlamentarios en el Congreso insisten en pedir “prudencia” tras el anuncio de Pedro Sánchez, y se reconocen descolocados ante el escenario que se abrirá dentro de un mes y que para nada está claro.

Los distintos partidos coinciden en “no especular” hasta escuchar la propuesta del Gobierno, reconociendo que les parece “prematuro” hablar ya del fin del estado de alarma con cuatro semanas por delante y datos de incidencia del virus que no acompañan en absoluto.

Preocupación por el fin del estado de alarma

Sánchez ratificó el calendario de vacunación previsto (acabar el verano con un 70% de la población en España vacunada) a pesar de que por ahora el ritmo no es demasiado exitoso. Al optimismo generalizado de que la situación mejorará y otras herramientas como la Ley General de Sanidad de 1986, el decreto de nueva normalidad del mes de junio (que sirvió para una desescalada rápida, dejando todo en manos de las CCAA) y la cogobernanza del Consejo Interterritorial de Salud (donde se sientan todos los consejeros autonómicos del ramo) es a lo que el Gobierno fía la gestión de la pandemia a partir del 9 de mayo. Pero los partidos representados en el Congreso, y que hasta ahora han tenido que autorizar cada prórroga de la alarma, no tienen claro si la gestión sanitaria podrá llevarse a cabo solo con estos instrumentos.

Creemos que hay que esperar al menos a la comparecencia del presidente para certificar la voluntad del Gobierno”, reconocen a este diario fuentes del PNV, aliado habitual de Sánchez, que en los últimos debates en el Congreso no ha escondido un cierto hartazgo ante el comportamiento unilateral continuo del presidente. Los nacionalistas vascos insisten en tomar “con cautela” las declaraciones sobre el fin del estado de alarma, reconociendo que si la pandemia del coronavirus ha demostrado algo es que la prudencia debe ser la máxima, con los datos en la mano y hasta “una fecha más cercana al límite” fijado en el 9 de mayo.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

Otros partidos como el BNG, representado en la Cámara por el diputado Néstor Rego, parecen partidarios de un nuevo decreto, distinto al de junio, y que se adapte a la realidad actual. Sería algo así como un decreto de la segunda nueva normalidad. “Lo lógico sería adaptarlo al proceso de vacunación”, apuntan. En Más País, también apuestan por mantener la prudencia hasta tener más datos sobre lo que propone el Gobierno. En realidad, el próximo miércoles, Sánchez comparecerá para informar sobre el fondo de recuperación que aprobará el Consejo de Ministros y para dar cuenta de la marcha del estado de alarma estos meses. Lo que los grupos esperan es que desvele el plan de la nueva desescalada.

En el caso de Ciudadanos, el grupo de Inés Arrimadas, que también ha ido apoyando todas las prórrogas cuando algunos socios del Gobierno, como ERC, le daban la espalda, esperarán “a escuchar el planteamiento” del presidente el próximo 14 de abril. “No nos podemos quedar con el mero anuncio. Queremos saber cómo se van a regular las restricciones si son necesarias. Y eso solo se puede plantear en el seno de un diálogo con CCAA y partidos de la oposición”. El partido naranja asegura que “no puede volver a derivarse toda la responsabilidad a las autonomías”, porque la única vía son grandes acuerdos y una estrategia de vacunación coordinada. Hay dirigentes del partido que, sin embargo, no se sorprendieron del anuncio del presidente pensando en clave de campaña madrileña.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. (EFE)

La fecha de caducidad del estado de alarma (el 9 de mayo) era de sobra conocida. Pero es cierto que los grupos parlamentarios se preguntan si realmente Sánchez espera que las herramientas conocidas sirvan o si hará falta tomar alguna otra decisión con el apoyo de la Cámara. En lo que insisten es en que el consenso con las comunidades vuelve a ser necesario y el Ejecutivo no puede descargar en ellas la responsabilidad sin darles las herramientas necesarias.

“Volvemos a lo mismo. Es un 'déjà vu”

Pese a los mensajes lanzados desde el Gobierno, que insiste en la posibilidad de gestionar la contención de la pandemia sin el marco que ofrece el estado de alarma, los juristas recuerdan la situación vivida antes de que el Ejecutivo decidiera decretar una nueva excepcionalidad. El pasado octubre, las decisiones de distintas comunidades autónomas se toparon con la obligación de obtener una autorización judicial desde lo Contencioso que en muchas ocasiones no se conseguía debido a la clara restricción de derechos fundamentales. “Ahora volveremos a lo mismo, es un 'déjà vu”, dice uno de los expertos consultados.

La vicepresidenta Carmen Calvo llevó a la confusión este miércoles cuando aludió al espaldarazo ofrecido por el Tribunal Supremo a las decisiones “de obligado cumplimiento” del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a pesar de que en ningún momento el alto tribunal haya dicho que este órgano tiene la potestad de limitar libertades.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

La decisión a la que se refería la vicepresidenta se adoptó en relación con la discrepancia por parte de alguna comunidad autónoma a lo aprobado por la Interterritorial, como fue el caso de Castilla y León al adelantar el toque de queda a las 20:00 cuando, según el decreto del estado de alarma y lo acordado por todas las CCAA, esta restricción debía mantenerse a las 22:00, o una hora antes o una después. En ningún caso, dos. Los magistrados de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo equipararon el Consejo Interterritorial a una conferencia sectorial cuyas decisiones, según el régimen jurídico del sector público, serán de obligado cumplimiento cuando la Administración General del Estado "ejerza funciones de coordinación" con independencia del sentido de su voto.

En otras de las decisiones del TS se ha destacado que cualquier restricción o limitación de un derecho o libertad fundamental, como es la de circulación, “tan solo puede ser adoptada dentro del marco de las previsiones constitucionales, tal y como dispone el art. 55.1 CE y, en su desarrollo, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio”. “La limitación de un derecho fundamental como es la libertad de circulación no gozará de la suficiente cobertura legal” en caso contrario, destacaron los jueces, cuando Castilla y León decidió endurecer los horarios del toque de queda.

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