La Fiscalía se opone al recurso de Podemos y considera “preciso” investigar el caso niñera

La Fiscalía ha presentado un escrito ante el juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, en el que se opone al recurso presentado por Podemos para archivar la investigación sobre "la presunta utilización por Irene Montero Gil de una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos". Para el Ministerio Público, resulta “preciso” un pronunciamiento sobre este aspecto, así como de otras dos cuestiones que también pueden revestir carácter delictivo: el presunto cobro de costas por parte de Pablo Iglesias en un procedimiento en el que le habían representado abogados del partido y las donaciones a la escuela Pablo Freire y a la Fundación 25M.

En marzo, Escalonilla ordenó abrir tres procedimientos independientes para investigar estos hechos y, pese a que Podemos recurrió la decisión, la Fiscalía contradice ahora sus argumentos. Las supuestas irregularidades fueron denunciadas por la exresponsable de Cumplimiento Normativo del partido, Mónica Carmona, que en un escrito apuntaba al uso de una asesora del Ministerio de Igualdad, María Teresa Arévalo, como niñera de la hija pequeña de Iglesias y Montero. La Fiscalía reconoce que “mucha de la documentación aportada [por Carmona] debe ser expulsada", pero al mismo tiempo defiende que se siga adelante con estas tres líneas de investigación concretas.

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Según sostiene Carmona, los dirigentes habrían confiado el cuidado de la menor desde que esta nació en agosto de 2019 a la exdiputada del partido Arévalo. Pese al carácter privado del encargo, esta lo compatibilizó en un primer momento con un sueldo del grupo parlamentario de la organización y, después de la llegada de Podemos al Gobierno en enero de 2020, con un salario de Igualdad tras ser nombrada por Montero jefa de gabinete adjunta de su cartera.

Podemos solicitó "la expulsión del procedimiento de las manifestaciones realizadas" por Carmona, alegando para ello que "muchos de los hechos referidos en el escrito no son objeto del presente procedimiento", pero la Fiscalía se mostró en contra y el juez atendió su postura: "Procede incoar procedimientos independientes", sostenía en una resolución de marzo. Tras el recurso del partido contra este pronunciamiento, el Ministerio Público vuelve ahora a dar la espalda a los argumentos del partido.

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En cuanto a las otras dos líneas de investigación, Carmona apunta a que Iglesias pudo quedarse de forma indebida con 7.700 euros tras una condena impuesta contra al partido Unión del Pueblo Navarro (UPN). Tanto esta formación como la expresidenta del Gobierno de Navarra Yolanda Barcina habían demandado a Iglesias por haberles acusado públicamente de prácticas corruptas, pero su acusación fue desestimada y UPN tuvo que satisfacer las costas procesales ocasionadas a Podemos.

Pese a ello, Carmona sugiere que ese dinero no llegó a la formación: aunque Iglesias fue defendido en ese procedimiento por una abogada del partido, Marta Flor Núñez, y se sufragaron los honorarios del procurador, las costas fueron abonadas mediante un mandamiento de pago expedido a nombre de Iglesias en el año 2018. Carmona reconoce en su escrito que no sabe si finalmente se quedó esta cantidad o la devolvió.

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En lo que se refiere a las donaciones entre Podemos y el Instituto 25M, señala a su vez que supuestamente "se había donado una cantidad elevada de dinero para actos de formación" a través de la fundación de Podemos Instituto 25M, y todo ello "sin que existiera la debida transparencia sobre el destino real de dichos fondos". Apoyándose en esta idea, deja caer "la sospecha de que hubieran sido utilizados realmente como tapadera para desviar dinero del partido, atendiendo al elevado coste del proyecto en relación al servicio efectivamente prestado".

Se opone a recursos de las acusaciones

La Fiscalía ha presentado además otros cuatro escritos contra los recursos de Vox y la exsenadora de Podemos Celia Cánovas, que ejerce como acusación particular. Dos de ellos hacen referencia al reciente archivo de la investigación que ponía el foco en los supuestos sobresueldos en Unidas Podemos. El juez acordó dar carpetazo a estas pesquisas al no "apreciar indiciariamente irregularidad alguna”, decisión que fue recurrida por las acusaciones. La Fiscalía, sin embargo, se muestra a favor del archivo al considerar que no existe indicio alguno del delito de administración desleal denunciado”.

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Su razonamiento sigue la misma línea que el juez y apunta a que “aun cuando la gerente se hubiera extralimitado de sus funciones, el delito de administración desleal exige un perjuicio que en este caso no se ha determinado, dado que el partido no se considera como tal a lo que se une que consta certificado del partido aprobando los complementos según sus normas internas”. Por mucho que pueda o no ser ético el cobro de determinados complementos, esto “podrá ser discutido en otros foros, pero desde luego no en el ámbito de una investigación judicial”.

En los recursos de Cánovas y Vox contra el archivo de esta investigación, se solicitaba además la imputación de la ministra Ione Belarra y de toda la ejecutiva de Podemos, pero, una vez más, el Ministerio Público se posiciona en contra: defiende que la petición de la exsenadora evidencia que su interés “excede” del ámbito de esta investigación, “y lo mismo puede decirse de la imputación de Ione Belarra firmante del certificado del partido en relación a la irregularidad de los complementos”.

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En el caso de Vox, la respuesta también es tajante: “No deja de extrañar como hemos venido manifestando reiteradamente que sea la acusación popular la que ve indicios de delito de administración desleal cuando el perjudicado, el propio partido político, no se considera como tal. Y lo hace sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna, solicitando incluso en el escrito de reforma, se considere a Ione Belarra (quien certifica la regularidad de los complementos) como investigada por delito de encubrimiento o estafa procesal”.

En los dos escritos restantes, la Fiscalía impugna a su vez otras peticiones del partido que lidera Santiago Abascal y que pasaban por requerir los libros contables de 2017 a 2020 del administrador de Neurona en España, Elías Castejón, investigar el movimiento de sus cuentas corrientes y otras relacionadas con los ingresos de Juan Carlos Monedero “que no son objeto de este procedimiento”. De igual forma, se opone a incluir a la investigación varios documentos aportados por una testigo relativos a expedientes sobre la contratación o el uso fraudulento de los fondos de la llamada caja de solidaridad.