La Audiencia corrige al juez y ordena seguir investigando la supuesta caja B de Podemos
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POR ADMINISTRACIÓN DESLEAL

La Audiencia corrige al juez y ordena seguir investigando la supuesta caja B de Podemos

Considera que podría haberse utilizado este depósito "en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse"

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias. (EFE)
El vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias. (EFE)

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado seguir investigando a Unidas Podemos por posible administración desleal con la llamada caja de solidaridad del partido, un depósito en el que se recogían las donaciones de miembros de la formación para destinarlas a supuestos proyectos sociales. La sospecha del tribunal pasa por que el partido podría haber utilizado estos ingresos para "operar al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse".

La sección número 30 de la Audiencia Provincial atiende así los argumentos de Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, que recurrieron la decisión del juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, de archivar las diligencias en octubre al considerar que no existían indicios suficientes para mantener esta línea de investigación en torno a la bautizada como caja B de Unidas Podemos. Lejos de dar por buena esta conclusión, la Audiencia apunta a que "lo cierto es que, una vez practicadas las gestiones acordadas, su resultado, lejos de desvanecer el 'fumus boni iuris' [apariencia de buen derecho], ha venido a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de delito".

Foto: Juan Carlos Monedero. (EFE)
El juez del caso Neurona imputa a Juan Carlos Monedero
José María Olmo Pablo Gabilondo Beatriz Parera

El procedimiento que instruye Escalonilla parte de una denuncia presentada por el que fuera abogado de la formación, José Manuel Calvente, que entre otros aspectos apuntaba al desvío de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular, organización que vinculaba a su vez con el diputado y secretario de Relación con la Sociedad Civil del partido, Rafa Mayoral. La Fiscalía sostuvo el pasado septiembre que no hay ninguna prueba de que Mayoral se haya apropiado de los 50.000 euros a través de personas interpuestas “por más que se acompañe [la sospecha] de relaciones y rumores obtenidos a través de internet”. Apoyándose en esta idea, el juez dio carpetazo a esa línea de investigación un mes después.

La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, contradice ahora a la Fiscalía y al instructor. Según defiende en un auto fechado el 16 de febrero, las diligencias llevadas a cabo "constatan que la asociación referida [#404 Comunicación Popular] solicitó 50.000 euros a la Caja de Solidaridad de Podemos y que ésta le transfirió 30.000 euros, mediante tres transferencias" llevadas a cabo entre el 5 de septiembre de 2019 y el 15 de junio de 2020. "También que parte de las personas que forman parte de dicha Asociación (José Martínez Coy, Diana Peinado Serrano, Francisco Javier Bermúdez Díaz, Christian Luis Navarro Marrero, Alejandro Zapico Robledo e Irene Elina Lingua) son miembros del partido político Podemos", y "algunos de ellos con cargos relevantes dentro del partido".

Foto: Juan Carlos Monedero, en una imagen de enero de 2020. (EFE)

A esto se suma que la formación morada no ha facilitado información sobre si concedió o no la cantidad de 50.000 euros, por lo que "es razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa asociación y Podemos". Con esa tesis como telón de fondo, considera que aún son varios los aspectos que quedan por aclarar antes de archivar la investigación en torno al funcionamiento de la caja de solidaridad del partido: "Resta por conocer el destino de esas cantidades, así como, en su caso, las personas que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores".

Acepta la personación de una exsenadora

La reapertura de estas diligencias se refleja además en otro auto del 16 de febrero al que ha tenido acceso El Confidencial. La Audiencia Provincial atiende en el mismo la personación como acusación particular de Celia Cánovas, la letrada y exsenadora de Podemos que denunció a la formación morada el pasado septiembre por un presunto delito de blanqueo de capitales. Su acusación se basa en que supuestamente donó 3.000 euros a la caja de solidaridad del partido en 2018 y, sin embargo, la formación morada le contabilizó una donación de 5.000 euros, diferencia que apunta a que pudo servir para blanquear 2.000 euros de origen distinto. "Lo que quiero es que el juez investigue qué pasa con las donaciones y para qué se han destinado", explicaba a El Confidencial en su despacho de Barcelona hace tres meses.

Foto: La exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, en su despacho. (P.G)

El juez Escalonilla rechazó su personación al considerar que en la instrucción que tiene entre manos no se puede investigar "la totalidad de las presuntas conductas irregulares llevadas a efecto por el partido político Podemos, convirtiendo este procedimiento en una investigación prospectiva sobre la actividad de dicho partido", pero la Audiencia Provincial de Madrid ordena admitir la personación de Cánovas como acusación particular: "En el día de hoy, en resolución separada, ha estimado el recurso formulado frente al auto de 20-10-20, acordando en su lugar la continuación del proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad del partido político Podemos", argumenta.

El tribunal concluye que, a la vista de la reapertura de la mencionada línea de investigación, "el principal argumento del magistrado instructor" para rechazar su personación "queda así sin vigencia": reconoce que "las donaciones a las que se refiere la recurrente derivan de los compromisos éticos, políticos y económicos que suscribió al unirse al proyecto político" y que era consciente "de que la presentación de su candidatura estaba ligada a una serie de compromisos", pero al mismo tiempo sostiene que "su condición de afiliada la constituye en presunta víctima o perjudicada de parte de los hechos investigados". Contra ninguna de estas dos decisiones cabe recurso ordinario.

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