El juez ordena investigar el caso niñera y las donaciones entre Podemos y su 'think tank'
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ATIENDE LA PETICIÓN DE LA FISCALíA

El juez ordena investigar el caso niñera y las donaciones entre Podemos y su 'think tank'

Tras la denuncia de la exjefa de auditoría de Podemos sobre cómo el vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad han utilizado recursos públicos para su beneficio personal

placeholder Foto: Irene Montero y María Teresa Arévalo, en un 'frame' de un programa de televisión. (EC)
Irene Montero y María Teresa Arévalo, en un 'frame' de un programa de televisión. (EC)

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha ordenado investigar "la presunta utilización por Irene Montero Gil de una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos". El titular del juzgado 42 de Madrid atiende así la petición de la Fiscalía de Madrid, que reclamó indagar en la denuncia formulada por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona sobre el uso de una asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de la hija pequeña de Pablo Iglesias y Montero. Escalonilla ordena también abrir otros dos "procedimientos independientes" por el posible embolso irregular de 7.700 euros por parte del vicepresidente segundo y por las donaciones entre la formación y su 'think tank', el Instituto 25M.

Como destapó El Confidencial, Carmona sostiene que los dirigentes habrían confiado el cuidado de la menor desde que esta nació en agosto de 2019 a la exdiputada del partido María Teresa Arévalo Caraballo. Pese al carácter privado del encargo, Arévalo lo compatibilizó en un primer momento con un sueldo del grupo parlamentario de la organización y, después de la llegada de Podemos al Gobierno en enero de 2020, con un salario de Igualdad tras ser nombrada por Montero jefa de gabinete adjunta de su cartera.

Foto: Irene Montero y Maria Teresa Arévalo, en un 'frame' de un programa de televisión. (EC)

La ex responsable de Cumplimiento Normativo presentó además al juez los billetes que demuestran que la ministra viajó a Alicante con su hija y Arévalo para un acto de campaña el 20 de octubre de 2019. Otros altos cargos de Podemos integraron esa comitiva, pero estos últimos intervinieron o se dejaron ver en el mitin. Sin embargo, la jefa de gabinete adjunta no aparece en ninguna imagen del evento: supuestamente, se quedó cuidando de la niña del vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad durante la intervención de esta.

Podemos solicitó "la expulsión del procedimiento de las manifestaciones realizadas" por Carmona, alegando para ello que "muchos de los hechos referidos en el escrito no son objeto del presente procedimiento o por cuanto se refieren a hechos que ya han sido investigados y respecto de los que se ha acordado el sobreseimiento provisional". El partido también pedía dejar al margen la documentación aportada por la abogada, pero sus argumentos han caído en saco roto: "De conformidad con lo interesado por el Ministerio Fiscal, procede incoar procedimientos independientes", sostiene el juez en su resolución, a la que ha tenido acceso el Confidencial.

Nuevo frente judicial para Podemos

Aunque la Fiscalía pedía abrir piezas separadas, Escalonilla opta por abrir líneas independientes porque, en caso contrario, "su investigación podría conllevar la dilación en la tramitación del presente procedimiento, seguido, entre otros, por un delito electoral que tiene tramitación urgente". El juez marca así una diferencia entre estas nuevas denuncias y la que dio lugar a la pieza principal, que pone el foco en los más de 425.000 euros que la consultora Neurona cobró de Podemos en 2019.

Abre otras dos líneas de investigación

En el auto, fechado el 3 de marzo, Escalonilla ordena abrir además otras dos líneas de investigación: "El presunto cobro por Pablo Iglesias de las costas procesales dimanantes del procedimiento de juicio ordinario tramitado en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Pamplona" y "la donación efectuada por el partido político Podemos al proyecto Escuela Popular Paulo Freire a través de la fundación de dicho partido político, Instituto 25M, así como igualmente respecto de las donaciones efectuadas por dicho partido político a dicha fundación".

En cuanto al primero de los puntos, la sospecha parte una vez más de la denuncia de Carmona, que sugiere que Iglesias pudo quedarse de forma indebida con 7.700 euros tras una condena impuesta contra al partido Unión del Pueblo Navarro (UPN). Tanto esta formación como la expresidenta del Gobierno de Navarra Yolanda Barcina habían demandado a Iglesias por haberles acusado públicamente de prácticas corruptas, pero su acusación fue desestimada y UPN tuvo que satisfacer las costas procesales ocasionadas a Podemos.

Foto: El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. (EFE)

Pese a ello, Carmona sugiere que ese dinero no llegó a la formación: aunque Iglesias fue defendido en ese procedimiento por una abogada del partido, Marta Flor Núñez, y se sufragaron los honorarios del procurador, las costas fueron abonadas mediante un mandamiento de pago expedido a nombre de Iglesias en el año 2018. Carmona reconoce en su escrito que no sabe si finalmente se quedó esta cantidad o la devolvió.

En lo que se refiere a las donaciones entre Podemos y el Instituto 25M, Carmona señala que supuestamente "se había donado una cantidad elevada de dinero para actos de formación" a través de la fundación de Podemos Instituto 25M, y todo ello "sin que existiera la debida transparencia sobre el destino real de dichos fondos". Apoyándose en esta idea, deja caer "la sospecha de que hubieran sido utilizados realmente como tapadera para desviar dinero del partido, atendiendo al elevado coste del proyecto en relación al servicio efectivamente prestado".

Foto: Irene Montero y Pablo Iglesias. (EFE)

"El proyecto Escuela Popular Paulo Freire estaba vinculado en esas fechas a la Secretaría de Sociedad Civil dirigida por Rafael Mayoral y pretendía ofrecer cursos de formación política", explica su denuncia. "Es un hecho notorio que la realización de cursos de formación ha sido utilizada como mecanismo para el desvío de fondos. De ahí mis sospechas de que los cursos de formación de Podemos pudieran ser utilizados de manera fraudulenta".

La abogada expone una línea similar respecto a las donaciones de la Fundación 25M. "Recibimos denuncia interna avisando de la negociación de un convenio de colaboración entre el partido Podemos y su fundación Instituto 25M por importe de 200.000 euros para fines poco definidos". "Personalmente, me sorprendió esta petición de fondos tan elevada de la fundación justo al inicio de un proceso electoral y cuando el equipo de finanzas exigía una contención del gasto". "Desconozco si finalmente se llegó a firmar el documento que nos pasaron, si se abonó dicho importe y cuál fue su destino final".

Monedero no quiere 'paseíllo'

De forma paralela, El Confidencial ha tenido acceso a un escrito del 25 de febrero en el que Juan Carlos Monedero pide al juez que evite el correspondiente 'paseíllo' de periodistas a su llegada al juzgado el próximo 15 de marzo, cuando está citado a declarar como investigado. Su imputación llegó el pasado 16 de febrero tras detectar un pago de 26.200 euros al fundador de Podemos desde Neurona, la mencionada agencia de comunicación contratada por Podemos para campañas electorales de 2019.

La transferencia generó una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) por su aparente falta de motivación y las dudas sobre su legalidad. El expediente acabó siendo enviado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que ha estado analizando la operación en secreto durante los últimos meses en una pieza separada de la causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos.

Foto: Juan Carlos Monedero. (EFE)
El juez del caso Neurona imputa a Juan Carlos Monedero
José María Olmo Pablo Gabilondo Beatriz Parera

Las pesquisas apuntan a que el pago estaría relacionado con los más de 425.000 euros que el partido de Iglesias abonó a Neurona a lo largo de 2019 por supuestas labores de consultoría, una contratación que el juez investiga ante la sospecha de que pudo servir para desviar dinero electoral. La transferencia a Monedero se produjo el 25 de enero de 2019, antes de que el partido empezara a trabajar con la empresa de origen mexicano. El dirigente alegó que respondía a unos servicios de formación que había prestado para una sociedad de Neurona, pero los investigadores ponen en duda su relato. "Aporta como justificación una factura que reúne distintos indicios que apuntan a que esta ha sido elaborada 'ad hoc' para tal justificación", explica la UDEF en un informe que obra en el sumario y al que ha tenido acceso El Confidencial.

Monedero tendrá que enfrentarse a un interrogatorio sobre este pago el próximo 15 de marzo, pero en un escrito remitido al juez pide que se le permita su entrada en el juzgado sin tener que enfrentarse al correspondiente 'paseíllo' de periodistas: "Por motivos de seguridad y la situación de restricciones en la entrada de los juzgados por motivos covid, venimos a solicitar del juzgado que se facilite a esta parte el acceso al edificio de una manera que no ponga en peligro la integridad personal del investigado, y a dichos efectos nos ponemos a su disposición para asistir sin dilaciones ni inconvenientes a dicha citación, teniendo por buena cualquier alternativa que se nos presente".

Irene Montero Pablo Iglesias
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