La exjefa de auditoría de Podemos asegura al juez que avisó a Iglesias de "irregularidades"

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha escuchado este miércoles durante más de cinco horas a la ex responsable de Control Normativo de Podemos, Mónica Carmona, citada como testigo en el marco de la causa en la que Podemos se encuentra imputado. Carmona fue despedida de su cargo coincidiendo con la salida del abogado del partido y ahora denunciante, José Manuel Calvente, cuando ambos estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables. Fuentes jurídicas explican a El Confidencial que durante la comparecencia ha asegurado ante el juez que envió un mensaje al propio Pablo Iglesias en el que le avisaba de que iban a ser represaliados por sus pesquisas, pero según su versión, el líder del partido nunca le respondió.

Calvente apunta en su denuncia a que estas supuestas irregularidades habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido, así como en sobresueldos a determinados miembros de la formación. El abogado dirigió sus sospenchas hacia Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos, entre ellas las del 28 de abril de 2019. Antes de abandonar el partido, Carmona también envió una carta confidencial a la cúpula en la que denunciaba que estaba a punto de ser relevada por investigar "graves irregularidades de Podemos en materia de Protección de Datos y de Cumplimiento Normativo Penal, en los que se verían envueltos varios cargos internos y que conllevarían graves perjuicios para el partido".

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La misiva en cuentión adelantaba la tesis que ha mantenido este miércoles: "Estamos hablando de irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido que, de confirmarse, pondrían en cuestión los elementales centrales de nuestra legitimidad", decía entonces. Las fuentes consultadas explican que Carmona ha insistido ahora en esta idea, apuntando a la supuesta licitación irregular de obras, entre ellas la adjudicación "a dedo" de la reforma de la sede de Podemos; la falta de licitación del servicio de gestoría para dárselo a Kinema, empresa de la que fue fundador el diputado Rafa Mayoral, o el supuesto pago de sobresueldos. También ha hecho referencia a Neurona y a la escolta de Irene Moreno, contratación que asegura que se llevó a cabo saltándose la ley.

A las puertas del juzgado, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, que ejerce como acusación en la causa, ha asegurado a su vez que la declaración ha servido para confirmar que "los actos denunciados exceden a los investigados en el juzgado", apuntando en concreto a unos "chats de Telegram del equipo de cumplimiento normativo de Podemos que se revelan como fundamentales" y "ponen de manifiesto el conocimiento de toda la directiva de Podemos" respecto a las supuestas irregularidades. Castro no ha profundizado en esta supuesta prueba aportada por Carmona, pero sí ha avisado de que planean pedir nuevas diligencias para demostrar que hubo una "obstaculización interna" para frenar la investigación que Calvente y Carmona estaban llevando a cabo.

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En cuanto a la decisión del magistrado de archivar las pesquisas por posible administración desleal con la llamada 'caja de solidaridad' del partido, en la que se recogían las donaciones de miembros de la formación para destinarlas a supuestos proyectos sociales, Castro ha afirmado que recurrirán el correspondiente auto para que se pueda seguir indagando. En su denuncia, Calvente apuntaba entre otros aspectos al desvío de 50.000 euros de la 'caja de solidaridad' del partido a la asociación #404 Comunicación Popular, organización que vinculaba a su vez con el diputado Rafa Mayoral, pero la Fiscalía sostuvo en septiembre que se trata de meros "rumores obtenidos de internet" y, atendiendo esta postura, el juez dio carpetazo a esta línea de investigación la pasada semana.

Pese a ello, tras escuchar a Calvente el pasado 29 de julio, el juez Escalonilla imputó a Podemos como persona jurídica por posibles irregularidades, sospecha a la que ahora se suma la versión de Carmona. También constan como investigados la gerente de la formación, Rocío Val, el tesorero, Daniel de Frutos, una responsable del departamento de Finanzas, Andrea Deodato, y el secretario de Comunicación y actual director de Estrategia y Comunicación de Iglesias, Juanma del Olmo.