El juez archiva la causa sobre la supuesta 'caja B' de Podemos pero ve delito electoral

El juez que investiga a Unidas Podemos, Juan José Escalonilla, ha archivado las pesquisas por posible administración desleal con la llamada 'caja de solidaridad' del partido, en la que se recogían las donaciones de miembros de la formación para destinarlas a supuestos proyectos sociales. Fuentes jurídicas explican a El Confidencial que el magistrado atiende la postura de la Fiscalía y considera que no existen indicios suficientes para mantener esta línea de investigación en torno a la bautizada como 'caja B' de Unidas Podemos, pero mantiene al partido imputado para indagar en el resto de irregularidades denunciadas, entre las que destaca el contrato suscrito con la consultora Neurona, próxima a Juan Carlos Monedero, para las elecciones del 28 de abril de 2019.

Sobre esta última, el magistrado ha citado a declarar en calidad de imputado a Carlos García Ramos, uno de los dos administradores mancomunados de la coalición electoral —el otro ya estaba investigado—, por los contratos suscritos con dicha consultora política. Está previsto que García Ramos declare ante el juez el próximo 13 de noviembre a las 12:30 horas por supuesto delito electoral.

Escalonilla insiste en que "existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil Neurona Comunidad S.L., constituida mediante escritura pública en fecha 19 de marzo de 2019, (...) no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y calificable como gasto electoral".

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La investigación contra Unidas Podemos se basa en la denuncia presentada por el que fuera abogado de la formación, José Manuel Calvente, que apuntaba entre otros aspectos al desvío de 50.000 euros de la 'caja de solidaridad' del partido a la asociación #404 Comunicación Popular, organización que vinculaba a su vez con el diputado y secretario de Relación con la Sociedad Civil del partido, Rafa Mayoral. La Fiscalía, sin embargo, ya sostuvo el pasado septiembre que no hay ninguna prueba de que Mayoral se haya apropiado de los 50.000 euros a través de personas interpuestas, “por más que se acompañe [la sospecha] de relaciones y rumores obtenidos a través de internet”. Apoyándose en esta idea, el juez ha dado carpetazo a esa línea de investigación.

La decisión del juez se basa además en la postura de la Policía Judicial, a la que el pasado verano se solicitó que identificara a las personas que se encontraban tras la asociación #404 Comunicación Popular. Frente a la denuncia esgrimida por Calvente, los investigadores concluyeron que no había irregularidades en el manejo de la caja de solidaridad. Más allá del mencionado abogado, la exsenadora de Podemos Celia Cánovas también pidió personarse como acusación en la causa ante la sospecha de que las donaciones que hizo durante su etapa en el partido pudieron no destinarse a los proyectos sociales que anunciaban sus superiores, pero su escrito tampoco se ha considerado suficiente para seguir con las pesquisas.

Con esta decisión, el magistrado centra el procedimiento en el contrato suscrito con la consultora Neurona para las elecciones del 28-A. En un escrito remitido esta misma semana, la Fiscalía apuntaba al juez que las pesquisas deberían abordar “exclusivamente” este contrato, pues considera que hay "indicios de que el objeto del mismo era la propia financiación del partido desde la cuenta electoral”. El Ministerio Público defiende así que los “únicos” hechos en los que aprecia “indicios racionales” de delito son los referidos a la contratación de la mercantil, pero avisa de que esta sospecha encaja en todo caso con un delito electoral y otro de falsedad en documento mercantil, y ninguno de ellos puede "ser cometido por persona jurídica" como Podemos, defendía en su escrito.

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En otras palabras: la Fiscalía considera que la causa debe centrarse únicamente en el contrato con Neurona porque es el hecho que presenta indicios de delito y, en cualquier caso, Podemos no sería responsable del mismo como persona jurídica. De esta manera, reduce la imputación del partido a que "resulta más garantista para el mismo por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación”, echando por tierra el supuesto delito de financiación irregular por el que se le investiga. Además de Podemos, en la causa se encuentran imputados la gerente de la formación, Rocío Val, el tesorero, Daniel de Frutos, una responsable del departamento de Finanzas, Andrea Deodato, y el secretario de Comunicación y actual director de Estrategia y Comunicación de Iglesias en la vicepresidencia, Juanma del Olmo.

La Fiscalía pide limitar la causa

Más allá de los contratos con Neurona, el fiscal ya descartaba en su escrito de septiembre el resto de la denuncia de Calvente, que se centraba en otros tres puntos: el mencionado destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 comunicación popular, el acceso "inconsentido" al contenido del disco duro de la abogada de la formación Marta Flor Núñez y la supuesta licitación irregular de obras, entre ellas la adjudicación "a dedo" de las obras de su sede en la calle Francisco Villaespesa de Madrid. El magistrado archiva este viernes el primero de los puntos, pero el Ministerio Público considera que los otros dos tampoco se sostienen.

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En cuanto al acceso "inconsentido" al disco duro de Marta Flor, la Fiscalía apunta a que, "teniendo en consideración la ausencia de denuncia de la persona afectada […], no se puede acordar ninguna diligencia al respecto, puesto que es necesaria la denuncia del perjudicado". El escrito tumba también la supuesta adjudicación "a dedo" de las obras de la sede, para lo que se remite a la normativa en materia de contratación de los partidos políticos: Podemos optó por el procedimiento de urgencia porque “al parecer”, según el denunciante, concluía el periodo de arrendamiento de la oficina de la calle Princesa. De esta manera, el partido incumplió sus propias normas internas de licitación “con estándares de control muy superiores a la propia Ley de Contratos”, pero esta decisión en ningún caso reviste carácter delictivo.

En su denuncia, Calvente también incidía en que el precio de adjudicación fue de 1.361.055 euros y el de licitación de 649.936,68 euros, pero la Fiscalía no cuenta con ningún elemento para determinar que se cometió un delito en esta modificación al alza del precio final, por lo que se remite a la declaración del denunciante en sede judicial, cuando señaló que “el presupuesto era muy inferior al valor real de las obras y que se bajó el importe para adjudicarlo a quien querían”. A la vista de estas palabras, argumenta que “ni siquiera el denunciante considera que el valor real de la obra no fuera el de 1.361.055 euros, sino que lo único que refiere es que la adjudicación fue a dedo”, descartando así que haya quedado demostrada la existencia de vínculos personales o patrimoniales para esta adjudicación.

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El escrito aborda también los supuestos complementos salariales que recibían algunos dirigentes pese al límite salarial impuesto por el partido, cuestión que la Fiscalía reconoce que puede ser “discutible” desde su normativa interna pero “no constituye hecho típico alguno”. A esto se suma que en 2019 el límite salarial se fijó en 2.850 euros para los empleados sin persona a su cargo y, según las nóminas analizadas, solo una persona que tenía un hijo de 20 meses superó esa cifra. “No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde”, precisa la Fiscalía. “Más aún, ni siquiera aparece como acreditado este hecho a la vista de las nóminas aportadas y la normativa interna”.

Apoyándose en este mismo razonamiento, el Ministerio Público echa por tierra la denuncia de Calvente por el cierre del portal de transparencia sin cumplir los Estatutos, el nombramiento de la nueva gerente, el cese del antiguo responsable de compras y el nombramiento del nuevo, la falta de aprobación del presupuesto de 2019 y de los presupuestos de las campañas electorales de 2019, el aumento de salarios de tesorero y gerente por encima de los límites éticos fijados por el partido, el abono de gastos desproporcionados y conceptos no autorizados o la desaparición de la auditoría externa: estos hechos pueden ser “discutibles” desde el punto de vista ético o de transparencia, pero “es claro que no revisten caracteres de delito”.