El juez expulsa a la abogada Marta Flor del caso Dina por incompatibilidad en la defensa

La abogada de Podemos Marta Flor ya no puede representar a Dina Bousselham en el caso Villarejo. En un auto del 15 de julio al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado Manuel García-Castellón considera que mantener a la letrada amenaza "el pleno disfrute de los derechos procesales" de la exasesora de Pablo Iglesias, por lo que le ordena nombrar un nuevo abogado o, en caso contrario, "se procederá a la designación de representación letrada de oficio". El juez basa su decisión en que Flor también ha representado a Iglesias hasta hace apenas un mes en el procedimiento, lo que puede perjudicar la "protección de los intereses" de Bousselham como víctima: por mucho que el líder de Podemos haya cambiado de abogado, el riesgo sigue ahí.

La salida de la abogada del caso se produce tras el vuelco que ha experimentado el mismo en los últimos meses. En 2019, las pesquisas ponían el foco en el robo del móvil a Bousselham y en cómo su contenido acabó en manos del comisario José Manuel Villarejo, pero tras un año de investigación, se abre una nueva fase en la que el magistrado investiga si el vicepresidente manejó datos personales de su exasesora y destruyó la tarjeta de su móvil antes de devolvérsela. Ante esta sospecha, García-Castellón retiró la condición de perjudicado a Iglesias el pasado mayo, situación que Flor, que por aquel entonces los representaba tanto a él como a Bousselham, trató de reconducir con dos escritos que han terminado por sentenciarla a ella.

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Aunque el primero lo presentó en nombre de Bousselham, su contenido buscaba defender a Iglesias tras perder su condición de perjudicado. En el mismo, la exasesora del líder de Podemos cambiaba la versión que había dado en la Audiencia Nacional el 18 de mayo, cuando afirmó que el líder de Podemos le entregó la tarjeta destruida, y pasaba a decir que se la había devuelto en perfecto estado. "No se trata tanto de haber realizado declaraciones contradictorias sino de haber respondido a lo que entendía que se me preguntaba", trató de justificarse Bousselham. El segundo escrito lo presentó en nombre de Iglesias para recurrir el auto con el que se retiraba la condición de perjudicado, solicitud que fue rechazada semanas después por el magistrado.

A la vista de estos dos escritos, García-Castellón emitió una providencia el 1 de junio en la que tachaba de "incompatible" que Iglesias y su exasesora siguieran compartiendo abogada. "Así las cosas, dada cuenta de los escritos firmados por la misma letrada, y a fin de salvaguardar y proteger a la víctima del delito investigado en esta pieza separada, Dina Bousselham, ante el conflicto de intereses constatado, se acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal, a la propia perjudicada y a las partes personadas por un plazo de dos audiencias para alegaciones", concluía el magistrado. Una vez recibidos los escritos de cada parte, García-Castellón emitió un auto el 19 de junio en el que obligaba a Bousselham a designar un nuevo abogado.

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El magistrado argumentaba para ello la necesidad de "tutelar la efectividad de los derechos de quienes acuden al proceso" y de "garantizar la pretensión de Dina Bousselham en su legítimo derecho a ejercer la acción penal y esclarecer el delito, frente a una representación empeñada en limitar esta actuación". Lejos de atender su orden, Flor siguió representando a Bousselham y, en un intento de mantenerse en este puesto, dejó de llevar la defensa de Pablo Iglesias, que al recurrir una vez más la retirada de su condición de perjudicado a finales de junio, presentó un escrito en el que ya no aparecía la firma de Flor, sino del abogado Raúl Maíllo. Con esta maniobra como telón de fondo, Bousselham recurrió a su vez el auto del 19 de junio para mantener a Flor como abogada.

García-Castellón desestimó su recurso el 15 de julio. Frente a los argumentos ofrecidos por Bousselham, que entiende que "el conflicto de intereses habría desaparecido por cuanto el Sr. Iglesias habría procedido al nombramiento de una nueva representación letrada", el magistrado sostiene que las razones esgrimidas el 19 de junio se mantienen: "Como se señalaba en la resolución recurrida, entre las obligaciones del titular de la potestad jurisdiccional que dirige el procedimiento está el de la tutela de los intereses de quienes acuden al mismo, cualquiera que sea su condición, evitando cualquier situación que pueda suponer una merma del pleno disfrute de los derechos procesales que legal y constitucionalmente todos tienen reconocidos", argumenta.

La decisión del juez, que es recurrible, se apoya además en que "el derecho a la designación de letrado se vincula con el 'ius ut procedatur' [derecho a la tutela judicial efectiva], y no con el derecho de defensa, contrariamente a lo que se parece esgrimir del recurso". A la vista de la "manifiesta voluntad de la parte recurrente de esclarecer lo acontecido", García-Castellón considera que "no cabe otra opción que no sea la de desestimar el recurso de reforma con íntegra confirmación de la resolución recurrida", por lo que obliga a Bousselham a elegir un nuevo abogado y, si no lo hace, se le designará uno de oficio.

Marta Flor y los fiscales

La decisión del magistrado llega en un momento en que la abogada Marta Flor se ha visto salpicada por los chats internos de Podemos que El Confidencial ha ido desvelando en las últimas semanas, en los que se constata una connivencia entre los abogados de la formación y los fiscales del caso Villarejo desde mediados de 2018. A la vista de estos mensajes y tras recibir una denuncia de Vox, la Fiscalía de Madrid anunció este viernes que abría diligencias penales a Ignacio Stampa para investigar hasta dónde llegó esta relación. La Inspección de la Fiscalía General del Estado también abrió diligencias por el mismo motivo, pero archivó las mismas esta semana para dejarlo en manos de sus homólogos de Madrid.

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Los primeros chats a los que ha tenido acceso este diario se remontan a septiembre de 2018, cuando Flor explicó al equipo jurídico de Podemos que se estaban coordinando con los fiscales. "Quieren ayudarnos en esto", llegó a decir en el grupo de Telegram, en referencia a un proceso que tenían en marcha en el Tribunal Supremo. Las comunicaciones acreditan por tanto la connivencia entre el Ministerio Público y Podemos en la Audiencia Nacional, pero también en causas de otras instancias, relación que fue creciendo hasta el punto de que algunos mensajes apuntan a que los fiscales les facilitaron información confidencial sobre el caso Villarejo. Los chats también muestran ese interés de Podemos por extender la investigación a 'OkDiario'.

La última tanda de mensajes se produjo en febrero de 2019, cuando otro abogado de Podemos, Alejandro Gámez, escribió en el chat que una tal "Patricia" le había dicho que las "piezas de Dina y Podemos" ya eran "visibles", en referencia a que ya se estaba investigando el robo del móvil en la pieza 10 del caso Villarejo. "Me pregunta si le damos permiso para dar la exclusiva", comentó el abogado. "Creo que si Patricia ya lo sabe, Inda [director de 'OkDiario'] también", añadió Gámez. Solo dos minutos después, Flor respondió con una advertencia. "Como publiquen lo de Dina, nos arruinan el registro". "¿Qué registro?", preguntó Gámez. "El registro a 'OkDiario", contestó la abogada. "Inda sabrá que en la pieza de Dina él está involucrado; con tiempo suficiente para destruir lo que sea", zanjó.