El fiscal pide limitar la causa contra Podemos a Neurona, la consultora ligada a Monedero

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 42 de Madrid para que limite la investigación contra Podemos al contrato suscrito con la consultora Neurona, próxima a Juan Carlos Monedero, para las elecciones del 28 de abril. En cuanto al resto de irregularidades que denunciaba el que fuera abogado de la formación, José Manuel Calvente, para sostener la acusación contra el partido por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, el Ministerio Público considera que algunas son "rumores, sospechas o suspicacias", mientras que otras "no revisten caracteres de delito". Además de Podemos, en la causa se encuentran imputados la gerente de la formación, Rocío Val, el tesorero, Daniel de Frutos, una responsable del departamento de Compras y Finanzas, Andrea Deodato, y el secretario de Comunicación del partido y actual director de Estrategia y Comunicación de Iglesias en la vicepresidencia, Juanma del Olmo.

Neurona es una empresa de comunicación política que se presenta como una de las consultoras más importantes de América Latina y España, siempre vinculada a partidos de izquierda. En 2019, percibió al menos 363.000 euros de la formación de Pablo Iglesias por la campaña del 28 de abril, cobro que se produjo a través de una sociedad, Neurona Comunidad, creada en Carmona (Sevilla) solo días antes de las elecciones. También hizo campañas autonómicas, municipales y la del 10-N, lo que la convierte en una de las principales contratistas de Podemos junto con Facebook. Su director, César Hernández Paredes, fue diputado en México, y también participa Pabel Muñoz, un político ecuatoriano del partido de Rafael Correa.

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Neurona usa el nombre de Juan Carlos Monedero para presentarse y, en redes sociales, el fundador de Podemos se ha dejado ver junto a César Hernández en Santiago de Chile o la República Dominicana. Monedero admite haber colaborado con la misma, pero niega ser directivo o accionista: "Nunca he formado parte de la dirección de Neurona ni de ninguna consultora", indicó a El Confidencial el pasado diciembre. "Pertenezco al consejo asesor de muchas revistas, me llaman de mil consultoras de aquí y de fuera para pedirme opinión en estudios. Eso en la academia se llama tener reputación. Y algunos quieren presentarlo como algo sospechoso".

En su denuncia, Calvente apuntaba a la contratación fraudulenta de gastos de campaña y cobro de comisiones a través de Neurona Consulting y ABD Europa. Respecto a la primera de ellas, la Fiscalía aprecia la existencia de “indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo” y, como primera conclusión, rechaza el carácter “prospectivo” del hecho investigado porque “existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto, resultando además que es una empresa creada 'ad hoc' para la prestación del servicio”.

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Del mismo modo, explica que de la información bancaria remitida resulta que la empresa contratista Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas, Creative Advice Interactive, por un importe total de 308.257,20 euros, “cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores”. En la misma línea, subraya que todos los gastos que figuran en sus cuentas corrientes son los normales de prestación de servicios (Burger King, Uber, Museo del Jamón...), pero no constan “gastos de personal, medios materiales o locales” propios de una actividad empresarial.

En lo que se refiere a los supuestos contratos “fraudulentos” con ABD, en los que Juanma del Olmo y Rafa Mayoral supuestamente intervinieron como comisionistas, la Fiscalía señala que no existen indicios que así lo acrediten porque, en realidad, se trata de “rumores, sospechas o suspicacias del propio denunciante”: para el Ministerio Público, el hecho de acordar estas diligencias sin tener en cuenta la “clara” animadversión del denunciante hacia el partido “es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática”. Pese a ello, rechaza la nulidad de actuaciones planteada por Podemos y descarta que Calvente obtuviera la documentación aportada a la causa saltándose la ley, pues el secreto profesional no ampara la información "relativa a cuestiones internas del partido".

Éticamente "discutible", pero sin delito

Más allá de los contratos con Neurona y ABD, la denuncia de Calvente se centraba en otros tres puntos: el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 comunicación popular, el acceso “inconsentido” al contenido del disco duro de la abogada de la formación Marta Flor Núñez y la supuesta licitación irregular de obras, entre ellas la adjudicación “a dedo” de las obras de su sede en la calle Francisco Villaespesa de Madrid. La Fiscalía, sin embargo, considera que la denuncia no presenta prueba alguna para sustentar estas acusaciones, por lo que pide dar carpetazo a todas estas líneas de investigación para centrarse en la mencionada consultora, cuya relación con Podemos ya fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas a comienzos de agosto.

Respecto al pago de 50.000 euros de la caja de solidaridad a la asociación #404, Calvente sugería que detrás de la misma podía estar Rafa Mayoral, pero tras examinar su página web, el Ministerio Público apunta a que “se trata de una asociación cuya finalidad es dar visibilidad a denuncias sociales”. El escrito destaca además que no hay ninguna prueba de que Mayoral se haya apropiado de los 50.000 euros a través de personas interpuestas, “por más que se acompañen [los indicios] de relaciones y rumores obtenidos a través de internet”.

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En cuanto al acceso "inconsentido" al disco duro de Mara Flor, la Fiscalía apunta a que, "teniendo en consideración la ausencia de denuncia de la persona afectada […], no se puede acordar ninguna diligencia al respecto, puesto que es necesaria la denuncia del perjudicado". El escrito tumba también la supuesta adjudicación "a dedo" de las obras de la sede, para lo que se remite a la normativa en materia de contratación de los partidos políticos: Podemos optó por el procedimiento de urgencia porque “al parecer”, según el denunciante, concluía el periodo de arrendamiento de la oficina de la calle Princesa. De esta manera, el partido incumplió sus propias normas internas de licitación “con estándares de control muy superiores a la propia Ley de Contratos”, pero esta decisión en ningún caso reviste carácter delictivo.

En su denuncia, Calvente también incidía en que el precio de adjudicación fue de 1.361.055 euros y el de licitación de 649.936,68, pero la Fiscalía no cuenta con ningún elemento para determinar que se cometió un delito en esta modificación al alza del precio final, por lo que se remite a la declaración del denunciante en sede judicial, cuando señaló que “el presupuesto era muy inferior al valor real de las obras y que se bajó el importe para adjudicarlo a quien querían”. A la vista de estas palabras, argumenta que “ni siquiera el denunciante considera que el valor real de la obra no fuera el de 1.361.055 euros, sino que lo único que refiere es que la adjudicación fue a dedo”, descartando así que haya quedado demostrada la existencia de vínculos personales o patrimoniales para esta adjudicación.

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El escrito aborda también los supuestos complementos salariales que recibían algunos dirigentes pese al límite salarial impuesto por el partido, cuestión que la Fiscalía considera puede ser “discutible” desde su normativa interna pero “no constituye hecho típico alguno”. A esto se suma que en 2019 el límite salarial se fijó en 2.850 euros para los empleados sin persona a su cargo y, según las nóminas analizadas, solo una persona que tenía un hijo de 20 meses superó esa cifra. “No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde”, precisa la Fiscalía. “Más aún, ni siquiera aparece como acreditado este hecho a la vista de las nóminas aportadas y la normativa interna”.

Apoyándose en este mismo razonamiento, el Ministerio Público echa por tierra la denuncia de Calvente por el cierre del portal de transparencia sin cumplir los Estatutos, el nombramiento de la nueva gerente, el cese del antiguo responsable de compras y el nombramiento del nuevo, la falta de aprobación del presupuesto de 2019 y de los presupuestos de las campañas electorales de 2019, el aumento de salarios de tesorero y gerente por encima de los límites éticos fijados por el partido, el abono de gastos desproporcionados y conceptos no autorizados o la desaparición de la auditoría externa: estos hechos pueden ser “discutibles” desde el punto de vista ético o de transparencia, pero “es claro que no revisten caracteres de delito”.