El fiscal pide mantener a Podemos imputado pese a apreciar una falta de indicios

La Fiscalía Provincial de Madrid considera que Podemos debe seguir imputado por financiación irregular para asegurar que la causa sea "más garantista". En un escrito remitido al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, se muestra en contra del recurso de apelación interpuesto por el partido para levantar su imputación, pero al mismo tiempo aprecia una falta de indicios respecto al delito de financiación irregular por el que se le investiga. Además de Podemos, en la causa se encuentran imputados la gerente de la formación, Rocío Val, el tesorero, Daniel de Frutos, una responsable del departamento de Compras y Finanzas, Andrea Deodato, y el secretario de Comunicación del partido y actual director de Estrategia y Comunicación de Iglesias en la vicepresidencia, Juanma del Olmo.

La investigación se centra en el contrato suscrito con la consultora Neurona, próxima a Juan Carlos Monedero, para las elecciones del 28 de abril, pero también en otras posibles irregularidades denunciadas por el que fuera abogado de la formación, José Manuel Calvente. El pasado septiembre, la Fiscalía remitió un escrito en el que pedía limitar las pesquisas a Neurona y tachaba el resto de "rumores, sospechas o suspicacias", idea en la que ahora incide de nuevo: apunta a que las pesquisas deben centrarse “exclusivamente” en el contrato suscrito por la formación con la empresa Neurona porque considera que hay "indicios de que el objeto del mismo era la propia financiación del partido desde la cuenta electoral”.

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Pese a ello, la Fiscalía avisa al mismo tiempo de que con las diligencias practicadas hasta la fecha no se han detectado “indicios” claros sobre la presunta financiación irregular de Podemos, lo que no quita que deba seguir imputado: “Entendemos que atribuir al partido la condición de investigado resulta más garantista para el mismo por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias”. Si no constara como investigado, el fiscal apunta a que “mal podría proponer prueba o interponer recursos como ha venido haciendo, por lo que su imputación “no es absurda o arbitraria", sino que "garantiza el derecho del ahora apelante".

La Fiscalía defiende por tanto que los “únicos” hechos en los que aprecia “indicios racionales” de delito son los referidos a la contratación de la mercantil Neurona, tal y como subrayaba el informe remitido por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Esta sospecha, sin embargo, encaja en todo caso con un delito electoral y otro de falsedad en documento mercantil, y ninguno de ellos puede "ser cometido por persona jurídica" como Podemos, defiende en su escrito. "Más aun, en el supuesto del delito electoral, solo puede ser cometido por los administradores generales”, añade. En otras palabras: la Fiscalía considera que la causa debe centrarse únicamente en el contrato con Neurona porque es el hecho que presenta indicios de delito y, en cualquier caso, Podemos no sería responsable del mismo porque no encaja con el de financiación irregular.

El resto de denuncias, "rumores"

Más allá de los contratos con Neurona, el fiscal ya echaba por tierra en su anterior escrito la denuncia de Calvente, que se centraba en otros tres puntos: el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 comunicación popular, el acceso “inconsentido” al contenido del disco duro de la abogada de la formación Marta Flor Núñez y la supuesta licitación irregular de obras, entre ellas la adjudicación “a dedo” de las obras de su sede en la calle Francisco Villaespesa de Madrid. La Fiscalía argumenta que la denuncia no presenta prueba alguna para sustentar estas acusaciones, por lo que pide dar carpetazo a todas estas líneas de investigación para centrarse en la mencionada consultora.

Respecto al pago de 50.000 euros de la caja de solidaridad a la asociación #404, Calvente sugería que detrás de la misma podía estar Rafa Mayoral, pero tras examinar su página web, el Ministerio Público apunta a que “se trata de una asociación cuya finalidad es dar visibilidad a denuncias sociales”. El escrito destaca además que no hay ninguna prueba de que Mayoral se haya apropiado de los 50.000 euros a través de personas interpuestas, “por más que se acompañen [los indicios] de relaciones y rumores obtenidos a través de internet”.

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En cuanto al acceso "inconsentido" al disco duro de Mara Flor, la Fiscalía apunta a que, "teniendo en consideración la ausencia de denuncia de la persona afectada […], no se puede acordar ninguna diligencia al respecto, puesto que es necesaria la denuncia del perjudicado". El escrito tumba también la supuesta adjudicación "a dedo" de las obras de la sede, para lo que se remite a la normativa en materia de contratación de los partidos políticos: Podemos optó por el procedimiento de urgencia porque “al parecer”, según el denunciante, concluía el periodo de arrendamiento de la oficina de la calle Princesa. De esta manera, el partido incumplió sus propias normas internas de licitación “con estándares de control muy superiores a la propia Ley de Contratos”, pero esta decisión en ningún caso reviste carácter delictivo.

En su denuncia, Calvente también incidía en que el precio de adjudicación fue de 1.361.055 euros y el de licitación de 649.936,68, pero la Fiscalía no cuenta con ningún elemento para determinar que se cometió un delito en esta modificación al alza del precio final, por lo que se remite a la declaración del denunciante en sede judicial, cuando señaló que “el presupuesto era muy inferior al valor real de las obras y que se bajó el importe para adjudicarlo a quien querían”. A la vista de estas palabras, argumenta que “ni siquiera el denunciante considera que el valor real de la obra no fuera el de 1.361.055 euros, sino que lo único que refiere es que la adjudicación fue a dedo”, descartando así que haya quedado demostrada la existencia de vínculos personales o patrimoniales para esta adjudicación.

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El escrito aborda también los supuestos complementos salariales que recibían algunos dirigentes pese al límite salarial impuesto por el partido, cuestión que la Fiscalía reconoce que puede ser “discutible” desde su normativa interna pero “no constituye hecho típico alguno”. A esto se suma que en 2019 el límite salarial se fijó en 2.850 euros para los empleados sin persona a su cargo y, según las nóminas analizadas, solo una persona que tenía un hijo de 20 meses superó esa cifra. “No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde”, precisa la Fiscalía. “Más aún, ni siquiera aparece como acreditado este hecho a la vista de las nóminas aportadas y la normativa interna”.

Apoyándose en este mismo razonamiento, el Ministerio Público echa por tierra la denuncia de Calvente por el cierre del portal de transparencia sin cumplir los Estatutos, el nombramiento de la nueva gerente, el cese del antiguo responsable de compras y el nombramiento del nuevo, la falta de aprobación del presupuesto de 2019 y de los presupuestos de las campañas electorales de 2019, el aumento de salarios de tesorero y gerente por encima de los límites éticos fijados por el partido, el abono de gastos desproporcionados y conceptos no autorizados o la desaparición de la auditoría externa: estos hechos pueden ser “discutibles” desde el punto de vista ético o de transparencia, pero “es claro que no revisten caracteres de delito”.