El caso Podemos amenaza con salpicar a IU ante los indicios de fraude electoral

El caso sobre la financiación de Podemos se ha puesto cuesta arriba para la formación de Pablo Iglesias después de que el fiscal del Tribunal de Cuentas haya detectado indicios de delitos en las contrataciones del partido durante las pasadas elecciones del 28-A. Y no solo para Podemos. La investigación amenaza con salpicar a su socio en la coalición electoral, Izquierda Unida, si se tiene en cuenta que uno de los dos ilícitos que señala el representante del Ministerio Público es el de fraude electoral al que se suma falsedad en documento mercantil.

En un escrito, el fiscal —que prevé remitir la documentación que ha manejado el organismo fiscalizador a sus compañeros de la Fiscalía de Madrid— apunta que la actuación de Unidas Podemos durante la contratación de Neurona Consulting para la campaña, encaja en su opinión en lo previsto en el artículo 149.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En él se dice que cometerán el delito de fraude "los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables". La pena prevista es de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

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Sucede que para el 28-A Unidas Podemos no contaba con un solo administrador general, sino con dos. Uno por cada una de las formaciones que confluyeron en la coalición electoral y la candidatura. El primero de ellos, ya se encuentra imputado. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, investiga al secretario de Comunicación del partido y actual director de Estrategia y Comunicación de Pablo Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno, Juanma del Olmo, por su presunta implicación en la contratación irregular de la agencia de comunicación. Durante las generales de abril, IU contaba con su propio representante, Carlos García Ramos, responsable adjunto de finanzas.

Las dos investigaciones, la del Tribunal de Cuentas y la de los Juzgados de Madrid, confluirán previsiblemente en algún momento. El procedimiento abierto se basa en la denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente que incluyó la contratación de Neurona entre otros hechos en su opinión irregulares. Apuntaba a que la empresa que facturó trabajos por más de 300.000 euros realmente no los ejecutó.

Durante la ratificación de su denuncia ante el juez indicó que varios trabajadores avisaron de que veían cosas que no les cuadraban. "Nos dicen: yo estoy haciendo cosas para Podemos y resulta que están contratando a Neurona. Por eso se estaba facturando un servicio ficticio", aseguró. También aludió a que ya en aquella época había preocupación en el seno de Izquierda Unida e incluso se refirió a García Ramos.

La "preocupación" de IU

El denunciante indicó que el responsable de finanzas de IU mostró su preocupación por los requerimientos realizados por el Tribunal de Cuentas en relación con el contrato de 363.000 euros que Podemos otorgó a la empresa Neurona Comunidad y que, como se ha visto ahora, han derivado en este nuevo frente. "Hay contratos que se los pasan [a Mónica Carmona] de la coalición electoral. Hay una serie de documentos que ponen en alerta al Tribunal de Cuentas, porque no los ven claros, y entonces los miembros de la coalición electoral se ponen muy nerviosos y se preguntan ¿qué está pasando aquí?", dijo Calvente.

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El requerimiento al que aludía ha desembocado en la decisión del fiscal de poner en conocimiento de la Fiscalía de Madrid los indicios mencionados. El informe de fiscalización se indica que aunque se reclamó al partido en distintas ocasiones "un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios y se valorara económicamente cada uno de los conceptos de facturación" no se obtuvo con el detalle necesario. El partido remitió "un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente el 6 de mayo de 2019" y "una factura correspondiente a dicho contrato emitida el 5 de abril de 2019". Nada más.