INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA MALVERSACIÓN

De la 'caja B' a las obras de la sede: la defensa de Podemos prepara sus pruebas

La formación busca desmontar las acusaciones sobre la existencia de una supuesta "caja B", licitaciones irregulares en las obras de la sede del partido, sobresueldos o contratos irregulares

Foto: El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias (c), junto a otros miembros de la dirección durante la reunión de un Consejo Ciudadano Estatal. (EFE)
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias (c), junto a otros miembros de la dirección durante la reunión de un Consejo Ciudadano Estatal. (EFE)
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Podemos recaba ya las pruebas para intentar demostrar su inocencia ante las numerosas diligencias ordenadas por el juez Juan José Escalonilla en la investigación sobre un presunto delito de malversación de caudales públicos del partido. Una causa basada en la denuncia del abogado de la formación despedido el pasado mes de diciembre. "Aportaremos todas las pruebas", explican fuentes de la formación, y a pesar de que han solicitado la nulidad del procedimiento o bien su archivo al sostener que la investigación no se sustenta en indicio alguno, añaden que se cumplirán los mandatos legales y requerimientos del juez. Entre estas pruebas, las que tratarán de desmontar las acusaciones sobre la existencia de una supuesta 'caja B', licitaciones irregulares en las obras de la sede del partido, sobresueldos o contratos de campaña adjudicados también presuntamente de forma irregular.

Adjudicación de obras en la sede

Sobre la "licitación irregular de las obras del inmueble de la sede de Podemos en la calle Francisco Villaespesa número 18 de Madrid", se reconocen desvíos ordinarios de costes, pero se rechaza cualquier tipo de irregularidad y además se señala que es el propio denunciante quien participó activamente como asesor jurídico hasta el punto de que fue quien propuso expresamente el procedimiento de urgencia". Un extremo que se ocultaría en las pruebas que acompañan la denuncia, basadas en pantallazos de mensajes de telefonía móvil. Concretamente se aporta una conversación del 21 de mayo de 2019 en el que se le comunica al denunciante desde la gerencia que "están empezando a llegar los contratos de los contratistas y les estoy dando largas para la firma". Ante la pregunta de si se trata de contratos sin licitación, la respuesta es que llegan del "arquitecto".

Una conversación cuya existencia reconoce la defensa Podemos, pero la tilda de manipulada de inexacta o incompleta. "El denunciante aportó entre la documentación adjunta a la denuncia un extracto de la misma, acabando con la advertencia de que “es obligatorio para elegir al contratista. Pero si ya está elegido, se ha hecho mal”. Este comentario sin duda apuntalaría sus 'conclusiones jurídicas' de que las obras se adjudicaron a 'dedo'. Ahora bien, lo que omite el denunciante es la explicación de la otra parte, que le aclara que 'Lo que me están mandando son presupuestos', a lo que él respondió 'Ahh. Vale. Pensaba que ya estaban contratados'”.

Más allá de esta aclaración, con la aportación completa de la conversación alegada solo de forma parcial en la denuncia, se da la vuelta a la acusación. Se pone de manifesto así que desde el departamento de gerencia se le venía requiriendo desde hacía semanas, y más intensamente el mismo día 20 de mayo, fecha de inicio de la licitación, para aportar la documentación necesaria, respondiendo que no había tenido tiempo para preparar nada. Así, se aduce que "fue él mismo el que preparó toda la documentación de la licitación, validando legalmente todo el proceso y proponiendo expresamente el mismo procedimiento de urgencia que, dice en su denuncia, 'fue una farsa para aparentar que se estaba cumpliendo la ley y las Instrucciones Internas de Contratación de Podemos aprobadas por el Consejo de Coordinación'. Lo cual chocaría con varias de las afirmaciones del exabogado en el mencionado chat de mensajería:

-“De todas formas, para empezar podemos usar el procedimiento de urgencia”.

-“Precisamente los documentos que se mencionan en el acuerdo son los necesarios para calcular las licitaciones, el proyecto de ejecución con las prescripciones técnicas y el presupuesto de cada partida”.

-“Y así justificamos la urgencia con un razonamiento jurídico”.

-“Como es muy difícil sacar a licitación las obras para empezar ya, porque hay una serie de documentos que hay que redactar y lleva su tiempo, vamos a ir por la vía de urgencia y sin publicar nada, tal y como establecen las Instrucciones Internas de Contratación”.

-"Voy a preparar el documento que tendrán que firmar Rocío, Dani y Compras y servicios Necesito los datos del alquiler actual, sobre la renovación, ya que voy a justificar la urgencia en que tenemos un contrato en el alquiler”.

'Caja B' o "caja de solidaridad"

El juez ha requerido al partido documentación relativa al "acuerdo del Consejo de Coordinación en el que se aprobó la solicitud de acceso a la Caja de Solidaridad de Podemos presentada por "404 Comunicación Popular por importe de 50.000 euros", al tratarse esta entidad de una cooperativa fundada por el dirigente de Podemos, Rafa Mayoral, y de la que se desvinculó antes de formar parte de la organización. Esta cuenta está bajo sospecha al considerarse como una "presunta caja del partido para gastos opacos", aunque según se recoge en el recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, el denunciante ratificó en sede judicial que “desconocemos si se llegó a realizar el pago de los 50.000 euros solicitados”, según recoge el recurso. Se trataría de una "sospecha".

En Podemos definen esta cuenta como una caja en la que van a parar los donativos de sus cargos públicos y que posteriormente se destinan a organizaciones sociales. “Es una cuenta a la que va el dinero que donamos de nuestro salario que cobramos por nuestros cargos públicos”, explicaba este jueves el secretario de Organización, Alberto Rodríguez, añadiendo que se trata de un fondo “de solidaridad” que posteriormente se destina a “iniciativas sociales”.

Contratación fraudulenta

Las acusaciones sobre supuesta contratación fraudulenta en campaña electoral de la consultora Neurona Consulting, descansarían según el recurso de Podemos "en unos meros borradores de contratos (sin firmar) de fecha aparentemente errónea 27 de febrero de 2019". Se pone de relieve asimismo que en esa fecha "aún no podría estar siquiera constituida la coalición firmante, lo que ocurrió el 15 de marzo de 2019 según establecía el calendario electoral" o que la constitución reciente de la sociedad contratante no debería suponer indicio de ilícito alguno. Sobre los trabajos realizados por la mencionada consultora se pretenden aportar pruebas, además de insistir en que el propio denunciante "reconoció en sede judicial que, en efecto, hubo trabajadores de la citada empresa que vinieron desde México al centro establecido por el departamento de comunicación para trabajar en la campaña electoral de abril de 2019".

Sobresueldos

Al objeto de investigar las denuncias sobre supuestos sobresueldos de dos empleados de la formación, el juez requiere documentación relativa tanto a la normativa interna relativa a los sueldos de los empleados y los complementos contemplados en la misma, como las facturas, tickets y demás documentación presentada cada mes por ambos trabajadores. Desde el partido se sostiene que dichos pagos relacionados con gastos nunca se realizaron en efectivo y que la única prueba aportada sería "una hoja o solicitud de reembolso que estaría pendiente de aprobación". Sobre el requerimiento de la normativa interna, se presupone que se estaría investigando pagos en B, si no una infracción contra el propio código interno. Calvente explicaba este jueves en la red social Twitter "en Podemos no estaríamos ante la presunta corrupción de un partido, sino ante una presunta 'corrupción dentro del partido', una presunta 'financiación ilegal' de algunos dirigentes".

La declaración de la "responsable política"

"Mi intención ha sido poder obtener, desde mi cargo, el mayor número de indicios y pruebas para esclarecer cualquier actividad contraria a la ley, a los fines del partido y a la reputación del mismo, bajo la consigna que se nos encomendó por parte de nuestra responsable política doña Gloria Elizo Serrano", esgrimió Calvante en su declaración. Desde el partido sostienen que tales afirmaciones sobre su supuesta “investigación” habrían sido por tanto "realizadas de manera fraudulenta al depender de una delegación de las facultades propias de la responsable de Cumplimiento Normativo". Elizo, ahora vicepresidenta tercera del Congreso, ha aportado una declaración testifical al respecto, aunque el juez la ha dejado sin efecto por su condición de diputada. Pruebas que tendrán ocasión de presentar el resto de investigados.

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