Podemos pide la nulidad del caso sobre su caja B y rechaza dimisiones de imputados

Unidas Podemos ha presentado al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid un suplicatorio de nulidad del procedimiento abierto para investigar una presunta implicación en la contratación irregular de una agencia de comunicación para la campaña de Podemos en las elecciones generales de abril de 2019. Los trabajadores del partido llamados a declarar acusan una indefensión en el proceso por no estar sustentado en ningún tipo de prueba. Fuentes de la formación morada alertan de que se trate de una "investigación prospectiva", aduciendo que se basa en simples sospechas basadas en el testimonio de un abogado despedido por el partido, José Manuel Calvente, quien no habría aportado ningún indicio según señalan.

Desde el partido se rechazan así las dimisiones de los trabajadores citados a declarar el 20 de noviembre en calidad de imputados: el secretario de Comunicación del partido y actual director de Estrategia y Comunicación de Pablo Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno, Juanma del Olmo; la gerente de la formación, Rocío Val; el tesorero, Daniel de Frutos, y una responsable del departamento de Compras y Finanzas, Andrea Deodato. Asimismo, ha citado a declarar a los administradores de las compañías proveedoras de la campaña del partido y ha pedido a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Madrid que le informe de las sociedades mercantiles en las que figura con algún tipo de responsabilidad el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, presuntamente relacionado con el desvío de fondos de la formación.

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El juez investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, tras la admisión a trámite de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la contabilidad de Podemos presentada por el excoordinador jurídico del partido, José Manuel Calvente, despedido en diciembre de 2019. La solicitud de nulidad también se apoya en que solo se entregó una tercera parte del testimonio de Calvente.

A falta de que se desarrolle el reglamento específico para determinar los delitos por los que se exige la dimisión en caso de imputación, tarea a desarrollar por parte de la Comisión de Derechos y Garantías de Podemos salida de su tercera asamblea ciudadana, el código ético aprobado en esta recoge el "compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos". Por otra parte, el mencionado código ético compromete a los firmantes a evitar "la contratación pública con empresas en las que un miembro de Podemos o sus familiares puedan tener algún tipo de interés económico".

A pesar de mostrarse tranquilos sobre el procedimiento, fuentes del partido resaltan que se realiza un daño a la Justicia al construir casos mediáticos y políticos que luego se archivan, como en el caso del informe PISA contra Pablo Iglesias según ejemplifican. Una utilización de la Justicia, añaden, "peligrosa para la democracia".

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aseguraba en esta línea a través de las redes sociales que "con las acusaciones que hoy se vierten, pasará como con todas las anteriores: quedarán en nada. Porque su objetivo no es judicial, sino la difamación mediática. Y, cuando estas caigan, vendrán otras... y otras". A ello añadía que "es así desde que nació Podemos. Son las reglas del (amañado) juego".

El cofundador del partido y actual director del 'think tank' vinculado a Podemos, Juan Carlos Monedero, se preguntaba por su parte si "alguien creía que la trama de privilegios y corrupción amparada en la figura de Juan Carlos I, sostenida por los mismos banqueros del franquismo, responsable del saqueo a las arcas públicas del PP y rematada por las privatizaciones de Aznar y González iban a permitir a Podemos". Un trabajador del partido, por su parte, reprochaba que "la 'caja b' que denuncia el abogado acosador son los gastos que tenemos los trabajadores por hacer nuestro trabajo y hay un juez que ha decidido que esa estupidez merece gastar recursos de la Justicia. Estará meses en las portadas, tertulias y acabará en nada, como siempre".