El juez investiga el pago de sobresueldos en Podemos y a la cooperativa de Rafa Mayoral

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha reclamado al Registro de Cooperativas de Madrid copia de la hoja de registro de la cooperativa Kinema, fundada por el diputado y portavoz de Unidas Podemos Rafael Mayoral, y a la que la formación atribuyó en 2019 labores de gestoría, entre ellas la administración de las nóminas de los empleados, según consta en la denuncia que ha dado origen al procedimiento en el que se investigan presuntos delitos de financiación irregular. Ha ordenado además diligencias destinadas a comprobar si varios trabajadores, entre ellos la gerente y el tesorero, cobraron sobresueldos.

Estas diligencias son dos de las múltiples adoptadas por el magistrado en los autos en los que cita a declarar en calidad de imputado al secretario de Comunicación del partido y actual director de Estrategia y Comunicación de Iglesias en la vicepresidencia, Juanma del Olmo, y otros tres responsables de la formación. El propio partido figura como investigado en el procedimiento. El magistrado también quiere escuchar como imputados a los administradores de distintas empresas que realizaron servicios para Podemos.

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Escalonilla ha ordenado una batería de diligencias destinadas a conocer el importe de los trabajos que la formación encargó a distintas empresas. En el caso de la cooperativa de Mayoral, la denuncia presentada por el exabogado del partido, José Manuel Calvente, apuntaba a la atribución de la gestión de las nóminas sin la debida licitación. En ella indicaba que advirtió de la obligación de licitar puesto que los gastos del servicio superaban los 15.000 euros. Atribuía a la gerente de Podemos, Rocío Val, exvicepresidenta de Kinema, la decisión de bloquear esta medida. Val se encuentra entre los imputados por el Juzgado junto al tesorero, Daniel de Frutos, así como a una responsable del departamento de Compras y Finanzas, Andrea Deodato.

En dos autos a los que ha tenido acceso El Confidencial, el juez pide, además datos destinados a averiguar si se inflaron las nóminas de algunos empleados del partido. Reclama así que presenten las facturas, tickets y demás documentación presentada cada mes por la gerente y el tesorero "determinante de que se les abonara mensualmente una cantidad por gastos en el ejercicio de sus funciones". Podemos tendrá que acompañar estos justificantes con las nóminas de los dos empleados desde el mes de enero de 2019 hasta la actualidad.

Pluses secretos

Como adelantó este diario, distintos empleados obtuvieron pluses para soslayar la norma que fija el tope máximo en tres salarios mínimos y que afecta tanto a cargos públicos (a través del reglamento del partido) como a trabajadores. En el caso de Frutos, el tesorero, cobró complementos mensuales que añadían 820 euros a su salario. Al final, su nómina quedaba en 3.202 euros brutos en 12 pagas, por encima de los tres SMI y 7.300 euros brutos más al año de lo que marca el salario más alto en las tablas internas.

El juez solicita también datos al Registro Mercantil Central para que le informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración se encuentre Juan Carlos Monedero. El auto muestra que la instrucción tiene en el punto de mira a varias empresas entre las que destacan dos, una compañía vinculada con el chavismo que acababa de implantarse en España, llamada Neurona Consulting, y otra firma portuguesa de su entorno, ABD Europa LDA.

En el auto, el juez reclama conocer todos los movimientos bancarios de ambas empresas. No solo le interesan las cuentas. También ha solicitado datos sobre los trabajadores de las dos sociedades. En el caso de Neurona ha remitido un oficio al SEPE para conocer los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social por la mercantil. En cuanto a la portuguesa, Escalonilla ha solicitado al Grupo de Policía Judicial que compruebe si entraron en territorio nacional a partir de febrero de 2019 cinco trabajadores de nacionalidad brasileña. La intención es la de confirmar que los trabajos encargados y abonados se ejecutaron de forma efectiva.

El magistrado se detiene en otros aspectos de las finanzas del partido. Reclama que se examine "la cuenta adscrita a la Caja de Solidaridad del Partido Podemos, comprobando si se llegó a pagar los 50.000 euros a la persona física o jurídica que se encontrara detrás de #404 Comunicación Popular" y la "cuenta electoral" de Podemos, o de la coalición electoral Unidas Podemos, correspondiente a las Elecciones Generales de abril de 2019. También se dirige al Tribunal de Cuentas al que remite un oficio solicitando que le remita el expediente que pudiera haber incoado en relación con los pagos efectuados en el año 2019 a Neurona y ABD.