Vía libre para el testimonio del exabogado de Podemos: sin límites del secreto profesional

Las declaraciones públicas del exabogado de Podemos José Manuel Calvente han sido determinantes para que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Dina, haya decidido acordar su declaración como testigo el próximo día 2 de septiembre. El magistrado ha optado por citarle pese a que las preguntas que debe formularle estarán previsiblemente relacionadas con asuntos protegidos por el secreto profesional entre abogado y cliente.

La decisión de Calvente de hablar de la existencia de un "montaje" en el caso en el que se investiga el robo de una tarjeta de memoria de la exasesora de Pablo Iglesias que se atribuyó, en un inicio, al comisario Villarejo, ha volado por los aires la reserva. El instructor se limitará a preguntarle por las manifestaciones publicadas en la prensa o en las redes sociales en las que el letrado ha ido revelando cual fue su valoración de la estrategia que quiso imponer el ahora vicepresidente del Gobierno y que a él, como jefe jurídico de la formación, le provocaba dudas.

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García-Castellón no tendrá así que plantearle antes de que arranque el interrogatorio si desea acogerse al secreto. La comparecencia girará en lo que Calvente ya ha indicado de forma pública. El letrado, que fue despedido de la formación y acusado de acoso sexual -una jueza de Plaza Castilla acaba de rechazar que existiera- podrá en cualquier caso esgrimir la reserva profesional si lo considera oportuno.

Existen, sin embargo, razones que ampararían su declaración pese al deber de secreto. Fuentes jurídicas consultadas indican, a este respecto, la obligación de denunciar delito conocido en el ejercicio del cargo. Callar ante una irregularidad sería no sólo ilegal sino que colocaría al abogado jefe en la diana de una imputación por ocultación. Calvente, de hecho, ha denunciado ante los Juzgados de Madrid prácticas que en su opinión son delictivas relacionadas, en ese caso, con la financiación del partido morado.

También señalan el contrato firmado por el abogado con Podemos. El compromiso laboral se realizó con la formación y no con su presidente, por lo que el cliente a quien el letrado debe reserva es al partido y no al dirigente. Calvente no fue el único en la formación que cuestionó en privado los movimientos legales relacionados con la ya famosa tarjeta de memoria de Dina. Fuentes de Podemos indican que otros muchos discrepaban de la estrategia.

La tercera vía

Existe una tercera salida para el abogado si se decide a declarar sobre lo que conoció en el ejercicio de su cargo. El Código Deontológico de la Abogacía impone a los abogados la obligación de guardar secreto respecto de los hechos que averiguen por razón de su actuación profesional. No obstante, el mismo código incluye excepciones y entre ellas se incluye la necesidad de defenderse en un expediente disciplinario o un procedimiento penal. Calvente fue denunciado por los de Iglesias.

En una reciente entrevista concedida a 'El Mundo', Calvente indicó que su despido vino provocado precisamente por las dudas que le suscitaban determinadas prácticas que detectaba en el partido. "En Podemos solo quieren palmeros y vasallos. La única lealtad que conocen es la obediencia ciega y yo soy un profesional", dijo. El cese se ejecutó después de que advirtiera de que era imposible que las conversaciones que contenía el móvil robado y que fueron publicadas en parte, procedieran del comisario José Villarejo. En su opinión, la tesis de Iglesias de que el robo formó parte de una campaña de las cloacas del Estado para perjudicarle no se sostenía.

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Su postura precipitó su salida forzada del partido. "Decidieron que había que echarme y acusarme de lo peor que se puede acusar a una persona para joderme la vida", indicó en la entrevista. Según dijo Calvente, la propia Dina le había confesado que había hecho pantallazos de los mensajes que contenía su teléfono y se los había mandado a terceras personas. Tras conocer este dato, el abogado intentó sin éxito que Dina e Iglesias desistieran de intentar convertir el caso es una guerra sucia de las cloacas. "Dina quedó en que se personaría a título particular porque le dijimos que era un tema privado que no se lo podíamos llevar desde el partido. Dejamos muy claro que ese asunto no se podía mezclar con Podemos", afirmó Calvente.

No obstante, Iglesias "tenía mucho interés" en que le citaran en el juzgado. Quiso personarse a pesar de que los abogados habían acordado en diciembre de 2018 en que primero había que saber lo que había en la causa sobre Dina. "Sin conocer un expediente, no hay que tomar decisiones. Ése era mi criterio jurídico como abogado. Además, acordamos que eso nunca se llevaría desde Podemos. Pero se cambió de opinión". "Yo dije que eso era un montaje y una puta mierda y que sin saber nada era imprudente y negligente acusar a las cloacas", agregó.