El partido también investigado

El juez que investiga la caja B de Podemos imputa al '2' de Iglesias y la cúpula del partido

El juez del caso sobre la presunta financiación ilegal de Podemos imputa al actual director de Estrategia y Comunicación de Vicepresidencia del Gobierno, Juanma del Olmo

Foto: Juanma del Olmo y Juan Carlos Monedero, en una foto de archivo. (EFE)
Juanma del Olmo y Juan Carlos Monedero, en una foto de archivo. (EFE)

La investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos ha experimentado un avance crucial. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha citado a declarar en calidad de imputado al secretario de Comunicación del partido y actual director de Estrategia y Comunicación de Pablo Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno, Juanma del Olmo, por su presunta implicación en la contratación irregular de una agencia de comunicación para la campaña de Podemos en las elecciones generales de abril de 2019. El magistrado también investiga a Unidas Podemos como persona jurídica ante los indicios de financiación irregular.

Además, el magistrado ha citado a declarar como investigados a la gerente de la formación, Rocío Val, y al tesorero, Daniel de Frutos, así como a una responsable del departamento de Compras y Finanzas, Andrea Deodato. Además, ha citado a declarar a los administradores de las compañías proveedoras de la campaña del partido y ha pedido a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Madrid que le informe de las sociedades mercantiles en las que figura con algún tipo de responsabilidad el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, presuntamente relacionado con el desvío de fondos de la formación.

El juez investiga por ahora presuntos delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, aunque los hechos reflejados ya en el sumario podrían extender la acusación a otras figuras del código penal. Como adelantó El Confidencial, el caso arrancó el pasado 16 de julio tras la admisión a trámite de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la contabilidad de Podemos presentada por el excoordinador jurídico del partido, José Manuel Calvente, despedido de forma fulminante en diciembre de 2019 tras advertir a la cúpula de la organización de que había detectado operaciones anómalas.

Su denuncia fue transformada por la Guardia Civil en un atestado que también está incorporado a la causa y que menciona, entre otros hechos, la manipulación del concurso para la reforma de la nueva sede de Podemos en el distrito madrileño de Ciudad Lineal; la utilización de fondos de la Caja de Solidaridad del partido para financiar proyectos fantasma vinculados a sus propios dirigentes y sin ningún tipo de control; y la externalización de la campaña de las generales de abril de 2019 con la contratación de una empresa vinculada con el chavismo que acababa de implantarse en España, llamada Neurona Consulting, y otra firma portuguesa de su entorno, ABD Europa LDA.

El pasado 29 de julio, Calvente ratificó su denuncia ante el instructor del caso y durante sus tres horas y 10 minutos de declaración, mencionó nuevas irregularidades, aseguran fuentes próximas a las diligencias. La imputación de Juanma del Olmo, mano derecha de Pablo Iglesias en el Gobierno y uno de los ideólogos de la propaganda en redes sociales del partido, se produjo como consecuencia de esa declaración. En concreto, según ha podido confirmar El Confidencial, se le implica en el pago a Neurona Consulting de 363.000 euros en abril de 2019 a pesar de que la mercantil había sido creada un mes antes y disponía de un administrador provisional.

El Tribunal de Cuentas ha descubierto ahora que esa factura no guardaría relación con la campaña y que el grueso del dinero salió rumbo a México. Además, aunque el pago se produjo en abril, el contrato para la prestación de servicios no se firmó hasta el mes de mayo. Juanma del Olmo habría sido el encargado de seleccionar a Neurona Consulting y ordenar el pago. Por su parte, Rocío Val, Daniel de Frutos y Andrea Deodato dieron visto bueno a la operación.

Juanma del Olmo, junto a Iglesias y Echenique. (EFE)
Juanma del Olmo, junto a Iglesias y Echenique. (EFE)

La declaración de los cuatro está prevista para el próximo 20 de noviembre. Según fuentes cercanas al caso, se les relaciona igualmente con el presunto amaño de los sistemas internos de control para seleccionar a las empresas que debían reformar la nueva sede de la formación en Madrid. El proyecto fue adjudicado inicialmente por 600.000 euros pero el importe de los trabajos terminó superando los 1,4 millones de euros. El juez dispone de indicios que probarían que el proceso de selección de los proveedores fue manipulado para condicionar el resultado.

También rastrea los movimientos de la Caja de Solidaridad de Podemos, un fondo creado con donaciones salidas de los sueldos públicos que reciben los dirigentes y cargos medios de la organización. Esa bolsa de dinero habría operado durante meses como una caja B, registrando salidas discrecionales para costear iniciativas vinculadas con altos cargos de la formación. En el foco del juez se encuentra una entrega de 50.000 euros a una entidad llamada #404 Comunicación Popular que pertenecería a un asesor de Podemos en Bruselas, Christian Navarro, que pertenece al círculo de confianza del diputado y secretario de Sociedad Civil del partido, Rafa Mayoral.

El juez que investiga la caja B de Podemos imputa al '2' de Iglesias y la cúpula del partido

Monedero no está citado, pero el juez ha dado los primeros pasos para investigarlo. Aunque no tiene cargo en Podemos, participó en las negociaciones con el PSOE para el Gobierno de coalición. Y hace tres semanas fue nombrado director de la Fundación Instituto 25-M, el think tank del partido.

Fuentes de la formación morada lamentan y alertan de que se trate de una "investigación prospectiva", aduciendo que se basa en simples sospechas basadas en el testimonio de un abogado que no habría aportado ninguna prueba. Con todo, avanzan que aportarán las pruebas sobre los contratos realizados en campaña electoral sobre los que se pone la lupa para demostrar, dicen, que no hay ningún tipo de irregularidad en ellos. A pesar de mostrarse tranquilos sobre el procedimiento, estas mismas fuentes resaltan que se realiza un daño a la Justicia al construir casos mediáticos y políticos que luego se archivan, como en el caso del informe PISA contra Pablo Iglesias según ejemplifican. Una utilización de la Justicia, añaden, "peligrosa para la democracia".

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