Podemos infló hasta un 315% la reforma de su sede y simuló la licitación de las obras

Nuevos indicios apuntalan las acusaciones contra Podemos por el presunto amaño de la adjudicación de las obras de reforma de su sede. El importe de la licitación se incrementó hasta un 315% en solo 10 días y en plena selección de candidatos. Además, las dos empresas más beneficiadas en el concurso empezaron a trabajar en las instalaciones antes de que concluyera la evaluación de ofertas. Así consta en un archivo de Excel y otros documentos internos incorporados a la causa en la que se investiga a Podemos por un delito de malversación de caudales públicos. El instructor del caso, el juez Juan José Escalonilla, ya ha imputado a los dirigentes encargados del concurso, ha pedido las facturas de las obras y ha citado al responsable del proyecto y a los adjudicatarios para que declaren como testigos.

Las supuestas irregularidades en torno a la licitación comenzaron desde el principio. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público obliga a las formaciones políticas a licitar los proyecto de obra que superen los 40.000 euros más IVA con los mismos estándares de “publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación” que rigen para las administraciones y empresas públicas, por tratarse de entidades que se financian fundamentalmente con fondos del Estado. En marzo de 2018, tras una consulta a un conocido bufete de abogados valenciano, el partido emitió unas “instrucciones internas de contratación” para que todos sus dirigentes se atuvieran a la norma. Cualquier obra que superara los 40.000 euros tenía que licitarse.

Un arquitecto del partido

La reforma de la nueva sede de Podemos en el distrito madrileño de Ciudad Lineal superó desde el principio ese coste. Fue presupuestada por un arquitecto del entorno del partido, Manuel E. Campos García, en un precio total de 649.936 euros, según el proyecto de reforma del edificio, al que ha tenido acceso El Confidencial. El documento fue firmado por su autor el 3 de abril de 2019 y, dos semanas más tarde, lo visó el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

El siguiente trámite se produjo el 20 de mayo de 2019. El Consejo de Coordinación de Podemos aprobó por unanimidad “las obras de reforma y acondicionamiento con cambio de uso a dotacional del edificio situado en la calle de Francisco Villaespesa número 18, tal y como figura en el proyecto de ejecución elaborado por el arquitecto D. Manuel Campos García”. En aquella sesión, en la que participaron la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también se encomendó a la gerente, Rocío Val, que realizara “las labores necesarias” para ejecutar la obras, aunque “dentro de las condiciones técnicas establecidas y ajustándose al presupuesto recibido para la misma”.

Los hechos demuestran que Podemos se saltó su propia resolución. Publicó la licitación en su página web el 23 de mayo con el precio tasado por el arquitecto, 649.936 euros. El plazo de presentación de ofertas terminó el 30 de mayo. Cuando en los primeros días de junio se anunció el nombre de los ganadores de cada uno de los seis bloques en que se dividieron los trabajos, el precio total del proyecto se había disparado hasta los 1.445.049 euros, una subida del 122% sobre el coste autorizado por el Consejo de Coordinación. Los motivos del aumento se desconocen.

En el bloque de climatización, el arquitecto había previsto una inversión de 70.292 euros, pero esa parte de los trabajos fue adjudicada a la mercantil Hispan Clima SL por 292.119 euros, un incremento del 315,5%. En el apartado de la instalación eléctrica y la red informática, presupuestado en 76.334 euros, el trabajo fue concedido a Enviroline SL por 192.675 euros, un 152,4% más de lo comunicado al Colegio de Arquitectos. Y el capítulo de sistemas de protección contra incendios e instalaciones de seguridad fue otorgado por 84.032 euros con un alza del 111% sobre el cálculo inicial de 39.663 euros a la compañía Drin Seguridad SL. Se da la circunstancia de que esta misma empresa se encargó de colocar los sistemas de vigilancia de las viviendas de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar y de Pablo Echenique en el barrio de Salamanca.

Trabajos antes de la licitación

No solo el precio habría experimentado un comportamiento inexplicable. El propio proceso de licitación que Podemos estaba obligado a efectuar se encuentra ahora en duda. Cuando la gerencia del partido empezó a formalizar los contratos con las seis empresas ganadoras el 4 de junio de 2019, las obras de reforma ya llevaban varios días en marcha. Y dos de las compañías que comenzaron los trabajos antes de tiempo resultaron casualmente adjudicatarias de los principales capítulos del concurso. Es decir, que el proceso habría sido un artificio para simular la adjudicación de las obras por cauces supuestamente legales y abiertos a la competencia a empresas que, en realidad, ya habían sido elegidas previamente con criterios opacos.

Las obras en las nuevas instalaciones del partido de Pablo Iglesias comenzaron al menos en la semana previa a la finalización del concurso. El lunes 3 de junio, cuando aún no se había oficializado la adjudicación de ninguno de los seis bloques, los abogados de Podemos comentaron en un chat interno una noticia publicada a primera hora de ese día por 'Ok Diario', que incluía un vídeo en el que se observaba a obreros sacando escombros y muebles del edificio de Ciudad Lineal.

El excoordinador de los servicios jurídicos de Podemos José Manuel Calvente, autor de la denuncia que provocó la apertura del caso que instruye el juez Escalonilla, preguntó a sus compañeros si era cierto que había operarios realizando trabajos en el inmueble antes de que terminara el concurso. Otro abogado le respondió que era una “empresa de machacas” ajena a la licitación. La entonces responsable de Compras, Andrea Deodato, admitió minutos después que en la nueve sede ya había empleados “vaciando todo, muebles y mil cosas que había dentro”.

Irene Montero y Pablo Echenique

Un archivo de Excel confeccionado por la propia organización, con el resumen de los pagos de las obras a fecha de 10 de octubre de 2019, revela ahora que esos operarios que empezaron a trabajar antes de la formalización de los contratos pertenecían a las dos empresas que se llevaron los dos capítulos más importantes de la adjudicación. Se trata de la constructora Rozas-Castilla SL, que se llevó el apartado de obra general, concedido por 741.669 euros, e Hispa Clima SL, que obtuvo el bloque de ventilación y climatización, valorado en otros 292.119 euros. Entre estas dos compañías se hicieron cargo del 71,5% del proyecto.

En concreto, la hoja de cálculo, que está incorporada al sumario, indica que los trabajos de “desescombro y limpieza” grabados en vídeo fueron efectuados por Rozas-Castilla SL, la misma constructora que días después resultó agraciada con el capítulo más caro. Podemos le pagó por ese servicio concreto 9.370 euros. El autor del documento escribió en esa fila del Excel las palabras “no licitado” para tratar de justificar el inicio anticipado de las obras.

Lo mismo ocurrió con la “retirada [de la] climatización”, otra labor imprescindible para el comienzo de los trabajos y que también aparece en el documento contable como “no licitada”. Costó 3.528 euros y la efectuó Hispa Clima SL, la empresa seleccionada en las semanas siguientes para colocar los sistemas de ventilación y climatización.

Pago por duplicado

En realidad, esa parte de las obras sí fue licitada. El proyecto de ejecución del arquitecto Manuel E. Campos García, que sirvió como base para el concurso y fue visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, incluyó tanto los trabajos de “desescombro y limpieza” como los de “retirada de la climatización” en los capítulos de “demoliciones” y “ventilación y climatización”, respectivamente. Podemos habría optado por abonar esas labores dos veces para no tener que admitir que se había saltado la Ley de Contratos del Sector Público para conceder las obras a dedo.

Sobre el papel, la adjudicación fue gestionada por gerencia. El juez ha imputado a la responsable de ese departamento, Rocío Val, y al tesorero, Daniel de Frutos, así como a la encargada de Compras, Andrea Deodato. Los tres están citados para declarar el 20 de noviembre. También comparecerá ese día Juanma del Olmo, secretario de Comunicación y actual director de Comunicación y Estrategia de Pablo Iglesias en la Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Las obras de reforma son una de las principales operaciones que se investigan. También se analiza la contratación de una consultora de comunicación mexicana, Neurona Consulting, para la campaña de las elecciones generales de abril de 2019, el presunto pago de sobresueldos a la cúpula de la formación, entre otras supuestas irregularidades, y el supuesto abono de comisiones ilegales a Juan Carlos Monedero.