Dice que se manipularon las obras de la sede

Calvente ante el juez: "Podemos obligaba a contratar a la cooperativa de Mayoral"

El Confidencial accede a la declaración íntegra en la que el exbogado ratificó la denuncia que ha conducido a la imputación del partido y varios cargos

Foto:  Declaración del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente. (EC)
Declaración del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente. (EC)

El exabogado de Podemos José Manuel Calvente aseguró durante su declaración ante el juez que investiga la financiación de Podemos que el partido obligaba de forma irregular a contratar los servicios de la cooperativa Kinema, fundada por el diputado y portavoz de la formación Rafael Mayoral. Según el coordinador de los servicios jurídicos del partido hasta el pasado diciembre, esa empresa ajena a la estructura de Podemos se encargaba de gestionar las nóminas de todos los empleados de la organización.

Durante su declaración ante el instructor del caso, el juez Juan José Escalonilla, Calvente detalló también una supuesta "manipulación" del proceso para la licitación de las obras de reforma de la nueva sede de la formación en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. En las más de tres horas que se prolongó su comparecencia, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Confidencial, explicó que algunas empresas empezaron a enviar presupuestos de las obras antes de que se anunciara públicamente el inicio del concurso. Además, el coste inicial del proyecto, tasado en 649.000 euros, terminó disparándose por encima de los 1,4 millones de euros.

Calvente ante el juez: "Podemos obligaba a contratar a la cooperativa de Mayoral"

A preguntas del juez, el exabogado de Podemos indicó que terceras personas le dijeron que estaban obligándoles "a contratar a Kinema". Afirmó que esa era "la política" que se imponía desde la cúpula del partido y que así se lo confesó el responsable de financiación de Cataluña. Este cargo le confesó -según manifestó- dudas sobre la legalidad de esa imposición. "Me dice: '¿Por qué estamos obligados a contratar a Kinema?'", relató, antes de precisar que Kinema se ocupaba desde 2014 de la gestoría y asesoría laboral de Podemos, tanto en el Parlamento Europeo como en el conjunto de España. "Los territorios también están obligados a contratar a Kinema", apuntó.

Tras su declaración, que tuvo lugar el 29 de julio, el juez instructor reclamó al Registro de Cooperativas de Madrid copia de la hoja de registro de la cooperativa de Mayoral. La denuncia presentada por Calvente apuntaba a la atribución a Kinema de la gestión de las nóminas sin la debida licitación. En ella indicaba que advirtió de la obligación de licitar esos servicios, puesto que el importe del contrato superaba los 15.000 euros.

El pago a Neurona

Según su versión, la gerente de Podemos, Rocío Val, exvicepresidenta de Kinema, se opuso a que el encargo saliera a concurso. Val se encuentra entre los imputados por el Juzgado junto al secretario de Comunicación del partido y actual director de Estrategia y Comunicación de Iglesias en la vicepresidencia, Juanma del Olmo; el tesorero, Daniel de Frutos, y la responsable del departamento de Compras y Finanzas, Andrea Deodato. Los cuatro están citados para declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid el próximo 20 de noviembre.

Calvente ante el juez: "Podemos obligaba a contratar a la cooperativa de Mayoral"

Otro de los aspectos en los que profundizó Calvente fue el contrato de prestación de servicios de 363.000 euros con la agencia de comunicación Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Desveló que recibió un borrador del acuerdo con fecha de 27 de febrero de 2019, cuando la compañía no fue inscrita en el Registro Mercantil hasta el 19 de marzo. Asimismo, recordó que el administrador de Neurona era un abogado de Sevilla que ejerció ese cargo de manera provisional y dimitió el pasado marzo, sin que haya sido nombrado otro en su lugar.

El Tribunal de Cuentas considera no demostrado que Neurona prestara efectivamente servicios para Podemos en campaña. En concreto ha indicado que si bien, como señala la formación, en la fiscalización se aportaron videos y diseños publicitarios, "no ha quedado suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor".

En otro momento de su comparecencia, en la que admitió en varias ocasiones que había tenido conocimiento de algunas supuestas irregularidades a través de terceros a los que no siempre identificó, Calvente describió una presunta "manipulación" de la licitación de las obras de reforma de la nueve sede del partido. Dos días antes de que se publicara en la web de la formación el inicio del concurso para seleccionar a la empresa más barata, un compañero de partido al que sí mencionó con nombre y apellidos le informó de que ya habían empezado a recibir presupuestos.

"Lo que me dicen es que las obras empiezan el 20 de marzo y el precio subió tanto porque no se licitó bien. El precio se había adjudicado a dedo a un precio mucho mayor y había que cubrir el expediente, es así", dice. "Me imagino que, al menos es lo que me han dicho, es el arquitecto hace un presupuesto de 600.000 pero las empresas que subcontrata se lo hacen al doble", agrega.

Algunas de estas investigaciones se refieren al incumplimiento de la ley de contratos del sector público, que desde su última reforma, de 2017, obliga a Podemos a licitar los contratos a partir de una cantidad por recibir subvenciones. El cambio legal estableció que en los grandes contratos "los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las empresariales" debían contratar con "publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad" si su financiación era mayoritariamente pública.

La Caja de Solidaridad

Según el excoordinador de los servicios jurídicos de Podemos, esa circunstancia le llevó a concluir que las empresas adjudicatarias de las obras habían sido elegidas previamente y que la licitación era un simple artificio. En ese sentido, recordó que el concurso terminó el 30 de mayo y el 4 de junio ya se habían firmado los contratos con las empresas teóricamente elegidas. Además, aunque el proyecto se presupuestó por un importe ligeramente superior a los 600.000 euros, pasados los 10 días para la recepción de ofertas se elevó el precio hasta los 1,4 millones de euros. Su teoría es que, de esa forma, se trató de desincentivar a empresas ajenas a las que habían sido elegidas "a dedo".

Calvente ante el juez: "Podemos obligaba a contratar a la cooperativa de Mayoral"

En cuanto al uso fraudulento de la caja de solidaridad del partido, que también ha denunciado, explicó al juez que el descontrol sobre las disposiciones era máximo. "Yo recordaré toda la vida cuando Pablo Manuel Fernández Alarcón (el exgerente) me dice: 'José Manuel, están metiendo la mano en la caja de todos y eso no lo podemos permitir'. La corrupción estaba dentro", indicó en otro punto de su declaración, en la que afirmó que le constan "cosas raras" con cajas anteriores a la de solidaridad. No obstante, respecto al pago de 50.000 euros a la persona física o jurídica que se encontrara detrás de #404 Comunicación Popular, otro de los hechos que se investigan, no pudo confirmar que esa entrega llegara a efectuarse.

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