rastrea una supuesta caja b en el partido

Un juzgado investiga a Podemos por malversación y administración desleal

El Juzgado número 42 de Madrid abre diligencias contra el partido de Pablo Iglesias tras apreciar indicios de delito en un atestado de la Guardia Civil que apunta a la existencia de una caja B

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)
El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)

Un juez de Madrid ha abierto diligencias para investigar a la cúpula de Podemos por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de plaza de Castilla, Juan José Escalonilla, acordó el pasado 16 de julio el inicio de actuaciones contra el partido de Pablo Iglesias tras aceptar una denuncia previa de la Guardia Civil que, a su juicio, presenta “características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, según recoge la resolución, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

El auto, que no había trascendido hasta ahora, no aclara contra quién se dirige específicamente el atestado, pero los hechos denunciados afectan casi a la totalidad de la dirección de Podemos. Entre otros episodios, se menciona la contratación de una agencia de comunicación, Neurona Consulting, para su campaña de las elecciones municipales de mayo de 2019 antes incluso de que esa empresa fuera constituida; el pago de las obras de reforma de la sede central del partido y la existencia de una supuesta caja de solidaridad alimentada con donaciones de dirigentes y cuadros intermedios de la formación que habría operado en la práctica como una caja B, precisan fuentes próximas a la causa.

Para profundizar en ese último apartado de las pesquisas, el instructor del caso ha enviado un oficio a la unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de plaza de Castilla para que investigue una operación sospechosa que se habría producido en los últimos meses de 2019. Una entidad autodenominada #404 Comunicación Popular solicitó 50.000 euros a la caja de solidaridad para emprender un supuesto proyecto de carácter social. La plataforma solicitante no consta como registrada en ninguna base de datos y carece de administrador. Su único rastro es una web y perfiles en Twitter, Facebook y otras redes sociales.

Un juzgado investiga a Podemos por malversación y administración desleal

El juez ha pedido a la Policía que “realice las gestiones oportunas para determinar la persona física jurídica que bajo la denominación #404 Comunicación Popular” solicitó los 50.000 euros. Se sospecha que los fondos fueron pedidos en realidad por un asesor del partido en el Parlamento Europeo llamado Christian Navarro, que pertenece al círculo de confianza del diputado y secretario de Sociedad Civil de la formación, Rafa Mayoral, precisamente el dirigente que gestionaba la caja de solidaridad y supervisaba la distribución de sus fondos. Otras pruebas también salpicarían a la gerente de la formación, Rocío Val; a su director financiero, Daniel de Frutos, y al director de Estrategia y Comunicación de Pablo Iglesias en la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, Juanma del Olmo, en especial, en lo relacionado con la contratación de Neurona Consulting, una agencia vinculada al chavismo y que, en la actualidad, carece de representante legal en España.

Además de esta diligencia sobre los 50.000 euros, el titular del Juzgado número 42 de plaza de Castilla también ha acordado citar a declarar en calidad de testigos a la exjefa de los servicios jurídicos de Podemos y actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, y a la responsable de Cumplimiento Normativo hasta el pasado diciembre, Mónica Carmona. La comparecencia de ambas está fijada para el próximo 15 de septiembre.

Antes, el juez tomará declaración al exabogado de Podemos José Manuel Calvente, que habría proporcionado información clave a la Guardia Civil para la confección del atestado que ha dado origen a la causa. El letrado está convocado para comparecer en calidad de “denunciante/perjudicado” el 29 de julio. Tanto él como Mónica Carmona fueron despedidos por Podemos el pasado diciembre, tras denunciar internamente una larga lista de irregularidades. La formación argumentó entonces que Calvente había sido despedido por un presunto acoso a la entonces abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor, pero la Fiscalía acaba de dictaminar que no aprecia ningún indicio que permita sostener esa acusación.

La apertura de la causa es resultado de que el Juzgado 42 de plaza de Castilla haya aceptado la inhibición en este procedimiento del Juzgado número 2 de Martorell (Barcelona), que fue el primero en recibir el atestado de la Guardia Civil y aceptarlo a trámite, al apreciar igualmente indicios de delito. Sin embargo, tras varios meses de diligencias, declinó seguir con la actuaciones y remitirla a Madrid por motivos de competencia territorial, al concluir que los hechos implicarían presuntas infracciones cometidas en la capital, por ser el lugar donde se encuentran el grueso de la estructura de Podemos y la gran mayoría de sus dirigentes.

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