La exjefa de auditoría sospecha que Iglesias se embolsó 7.700 euros de Podemos

La antigua responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, ha denunciado al juez que investiga el destino de los fondos electorales del partido, Juan José Escalonilla, determinadas prácticas relacionadas con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que considera irregulares. En un extenso escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, la abogada informa al magistrado de que, antes de que Podemos la apartara de su cargo, descubrió que Iglesias se embolsó 7.700 euros de la formación, aunque desconoce si se quedó esta cantidad o la devolvió. La exauditora contesta al requerimiento efectuado por el Juzgado para que aporte documentos, acordado en el auto de fecha 15 de diciembre de 2020, y detalle aquellas cuestiones de las que hubiera tenido conocimiento durante el ejercicio de su antiguo cargo.

Según Carmona, el secretario general de Podemos se quedó presuntamente de forma indebida con esta cantidad tras una condena en un procedimiento civil impuesta por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Pamplona al partido Unión del Pueblo Navarro (UPN). Tanto este partido como la expresidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, habían demandado a Iglesias por haberles acusado públicamente de prácticas corruptas con frases como "en Pamplona, lo que ha hecho UPN, lo que significó el Gobierno de Barcina y lo que significó estafar a todos los navarros con las famosas cajas de ahorro y con niveles de corrupción escandalosos con las famosas dietas creo que ha implicado que la gente vote de otra manera".

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La demanda de UPN fue finalmente desestimada y este partido tuvo que satisfacer las costas procesales ocasionadas a Podemos. En concreto, 7.730 euros. Sin embargo, ese dinero no llegó a la formación. Carmona explica que Iglesias fue defendido en ese procedimiento por una abogada del partido, Marta Flor Núñez, y no por un letrado particular contratado por él, y que la organización también sufragó los honorarios del procurador. Pero, según la exjefa de auditoría, las costas fueron abonadas por UPN mediante un mandamiento de pago expedido a nombre de Iglesias en el año 2018.

Carmona explica al juez que investiga la presunta financiación ilegal de Podemos que dudó de la legalidad de que Iglesias cobrara estas costas procesales —que incluyen los honorarios de abogado y de procurador— cuando él no había pagado esos servicios, sino que habían corrido a cargo del partido. Especifica que las costas a favor del actual vicepresidente segundo del Gobierno incluían los salarios de la abogada Marta Flor Núñez García y los derechos de la procuradora Isabel Afonso, "pero, en realidad, el señor Iglesias no había satisfecho importe alguno a dichos profesionales, puesto que la abogada Marta Flor era empleada de Podemos y las facturas de la procuradora Isabel Afonso las abonaba directamente el partido".

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Para la que fuera responsable de control normativo, "lo lógico era que las costas las cobrara Podemos", pero tanto el ingreso realizado a Iglesias como el abono a la formación planteaban "varias dudas legales que debían resolverse correctamente para evitar infracciones tributarias que afectaran al partido, al señor Iglesias o a los abogados del partido".

Tras llevar a cabo consultas tributarias, concluyó que, fuera lo que fuera lo que Iglesias decidiera hacer con este dinero —"quedárselo o donarlo al partido"—, debería declararlo como ingreso en su declaración de IRPF, puesto que se trataba del cobro del importe de unas facturas que él no había satisfecho. "Constituiría un ingreso computable a efectos de renta del señor Iglesias, como ganancia patrimonial, sin contrapartida de gasto, puesto que él no había satisfecho los honorarios de los profesionales", aclara.

Carmona asegura que tanto ella como el exresponsable legal avisaron en distintas reuniones de la posible comisión de infracciones fiscales

Carmona asegura que tanto ella como el exresponsable legal de Podemos, José Manuel Calvente, avisaron en distintas reuniones de la posible comisión de infracciones fiscales, pero "nadie quiso atender los consejos sobre la necesidad de establecer unos criterios contables y fiscales al respecto". "Finalmente fui cesada sin tener respuesta ni conocimiento del destino de las costas procesales del señor Iglesias, con el consiguiente riesgo de infracción tributaria o financiación irregular", indica.

También especifica que el cobro de las costas procesales a favor del partido en los procedimientos judiciales en los que había sido parte interesada no ofrecían dudas sobre su contabilización y tributación, pero sí que existía discrepancia legal sobre su destino real, puesto que el responsable de finanzas propuso crear una "cuenta separada" para destinar los importes percibidos por el partido en materia de costas y "sufragar las costas procesales que tuviera que abonar tanto el partido como el señor Pablo Iglesias o la señora Irene Montero si fuesen condenados en alguno de los juicios civiles particulares en los que intervenían". "En este caso hubo un debate interno en diversas reuniones presenciales en las que se trató sobre la posible ilegalidad de crear cuentas destinadas a satisfacer intereses particulares de los miembros del partido", precisa.

Hasta 900 euros al mes en taxis

En el escrito entregado al juez, la antigua responsable informa además de presuntas irregularidades en el reembolso de gastos de desplazamiento, indica que un confidente le proporcionó liquidaciones de gastos de algunos miembros de Podemos que le resultaron sospechosas. Ser trataba principalmente de gastos de desplazamiento en taxi en los que no se justificaba el origen y destino o el motivo del trayecto.

La denunciante menciona el caso concreto del tesorero del partido, Daniel de Frutos, y asegura que el importe de sus desplazamientos se disparó a partir del mes de marzo de 2019. Incluye un listado de las cantidades que destinó al pago de taxis en los que indica que reclamó cantidades ascendentes. En marzo, entregó 'tickets' por importe de 460 euros, que subieron a 537 euros mayo y llegaron a los 910 euros en julio. "Es decir, que pasó de un gasto normal a un gasto elevado a partir de marzo, en un momento en el que el propio Daniel de Frutos pregonaba entre la plantilla que había que contener el gasto ante las malas perspectivas económicas del partido por los malos resultados electorales que auguraban las encuestas", asegura el escrito.

Carmona explica que el protocolo del partido solo permite reembolsar gastos justificados por motivos de trabajo, no los desplazamientos personales. "Los principios éticos de Podemos no contemplaban el abuso en la utilización del transporte individual y como ya se habían producido usos abusivos por parte de algunos dirigentes en el reembolso de gastos de todo tipo, la normativa interna era muy estricta y, en el caso de gastos de transporte, solo admitía el reembolso de los desplazamientos realizados con ocasión del ejercicio de las funciones del trabajador, debidamente acreditadas", indica.