El efecto dominó de la confesión de Bárcenas en los procedimientos que acorralan al PP

Las dos primeras sesiones del juicio sobre la 'caja B' del PP han desinflado las expectativas respecto a la confesión de Luis Bárcenas. Un "déficit" de documentación para acreditar sus acusaciones, un posible careo con Mariano Rajoy que se enfría por momentos, un comunicado en el que Anticorrupción avisa que apenas aporta novedades... Pero la simple propuesta de cooperar del extesorero ya provoca un efecto dominó en las investigaciones que ponen el foco en supuestas tramas corruptas del PP. Desde la operación Kitchen, donde se erige como víctima, hasta el caso Púnica, donde amenaza con aportar datos sobre la financiación irregular de campañas, los jueces que instruyen estos procedimientos han cogido la mano tendida de Bárcenas para comprobar hasta qué punto se avecina su 'vendetta' definitiva contra el partido.

El problema para Bárcenas es que desde 2013 ha ido mermando su credibilidad declaración a declaración. El PP lo sabe, pero también le teme. Sobre todo desde que el Supremo confirmó la condena a 13 años de cárcel para su esposa, Rosalía Iglesias, por la conocida como primera época de Gürtel. En el escrito que remitió a Anticorrupción el pasado 2 de febrero, él mismo achaca sus cambios de versiones a "la promesa" que supuestamente le trasladó el partido de que Iglesias "no entraría en prisión a consecuencia de la sentencia de la pieza de Época 1". Fuentes cercanas a su entorno apuntan a que asume su condena pero no la de su mujer. Con su propuesta de cooperar, el extesorero busca un régimen flexibilizado para Iglesias, una semilibertad que la sacaría de la cárcel de Soto para trabajar y aligeraría la condena que le resta.

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Pero para hablar de un posible pacto, los investigadores quieren que aporte documentación. Así se refleja en un reciente auto del nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, que le ha citado como imputado para que explique la presunta existencia de donaciones de empresarios a la formación a cambio de adjudicaciones de obra pública tras el escrito que remitió a Anticorrupción: "Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista como contraprestación por porcentaje a la adjudicación de obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación, que, sin embargo, no son objeto de enjuiciamiento en la presente pieza", sostenía Bárcenas en el mismo.

Pedraz en principio le citó este lunes para profundizar en esta afirmación, pero tras alegar el extesorero la proximidad con el juicio de la 'caja B', finalmente lo ha retrasado a un día de abril por determinar. Pese a ello, en el escrito con el que acuerda retrasar la comparecencia, el magistrado ya deja caer la clave que marcará hasta qué punto la propuesta de Bárcenas de cooperar llega a buen puerto: "Entretanto, y a la vista del escrito del Sr. Bárcenas que habrá en su caso de ratificar en dicha declaración, requiérase a su representación —mediante la notificación de la presente resolución— aporte en su caso la base probatoria (documental...) en la que puedan sustentarse las manifestaciones que hace". La confesión remitida a Anticorrupción no es suficiente. El juez quiere pruebas que sustenten sus acusaciones contra el PP.

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Una situación similar afronta el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, que le ha citado este lunes como testigo en la pieza que indaga en la operación Kitchen, el dispositivo que se puso en marcha en 2013 para robar la documentación sensible que guardaba sobre el PP. En septiembre, Anticorrupción pidió por estos hechos la imputación de la exsecretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, una de las principales enemigas de Bárcenas desde hace años. Aunque el magistrado ha rechazado investigarla por el momento, todo apunta a que el extesorero volverá a disparar contra ella. El extesorero argumenta además que le fue sustraída "ingente documentación" en esta operación, por lo que su testifical en Kitchen servirá para comprobar hasta dónde puede llegar su confesión.

Una semana después, el 22 de febrero, García-Castellón volverá a tomarle declaración en el caso Púnica. 'El País' avanzó en enero su intención de contar "todo lo que sabe" sobre la financiación ilegal de las campañas del PP de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre, cuestión ante la que la referencia que hace el extesorero a donaciones finalistas en el escrito remitido a Anticorrupción adquiere especial relevancia. La expresidenta madrileña se encuentra imputada en este procedimiento desde septiembre de 2019 por financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad electoral, acusación que ahora queda a la espera de las novedades que aporte Bárcenas. Una vez más, la documentación que pueda guardar sobre la contabilidad paralela del partido resultará crucial para que sus acusaciones no queden en papel mojado.

El año 2021 arranca así con una batería de interrogatorios a Bárcenas en las principales piezas que afectan al PP. El extesorero ya lanzó una confesión muy parecida el 15 de julio de 2013, cuando sacó la artillería contra el PP en una declaración que explica gran parte de los quebraderos de cabeza que el partido arrastra desde entonces. Desde aquel día, la investigación que se conocía hasta ese momento como los papeles de Bárcenas cambió de nombre y nació la caja B. “Pudo ser más amplia, mas no fue siguiendo la recomendación del que entonces era mi abogado”, sostiene en el escrito remitido a la Fiscalía sobre aquella comparecencia. El problema pasa por que desde entonces ha mantenido versiones contradictorias y lanzado acusaciones sin pruebas, por lo que la respuesta de los investigadores es clara: "Aporte en su caso la base probatoria". Aún queda, además, pendiente que declare en el juicio de la primera parte de la caja B, que se desarrolla estos días en la Audiencia Nacional y que ha quedado suspendido a la espera de la recuperación de uno de los acusados, el exgerente, ingresado por covid.