Bárcenas se ofrece a colaborar con Fiscalía y acusa a Rajoy de destruir pruebas de la caja B

Luis Bárcenas ha entregado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que pone negro sobre blanco su intención de cooperar y, a modo de aperitivo, ofrece detalles sobre el funcionamiento de la supuesta caja B que manejaba el PP. Según sostiene, Mariano Rajoy era "perfecto conocedor" del funcionamiento de esta contabilidad paralela, para lo que pone como ejemplo un episodio que vivió con él en 2009: "Tuvimos una reunión en su despacho en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo".

El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, se presenta de cara al juicio que arranca el próximo 8 de febrero y que se centra en el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja B. Por estas obras se sientan en el banquillo el propio Bárcenas, el exgerente del partido, Cristóbal Páez, y los responsables de Unifica, empresa que se encargó de las mismas: Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero. "En 2008 existían unos ingresos anotados en esta contabilidad paralela de 1.000.000 de euros de los que se destinaron en torno a 900.000 euros con cargo a aquellos fondos B a la remodelación de la sede del Partido Popular en Madrid en la calle de Génova número 13", asegura el extesorero. Tanto José María Aznar como Mariano Rajoy declararán a su vez como testigos en el juicio.

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En cuanto al pago de sobresueldos en el partido, Bárcenas apunta una vez más a Rajoy, pero también a "Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo". Para reforzar esta idea, afirma que "existe una grabación en poder de persona —que oportunamente señalaré por razones de oportunidad procesal— que yo he escuchado, en la que Álvaro de Lapuerta en una conversación grabada con esta persona, con la que Álvaro tenía confianza, le comentaba sobre estas entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del PP, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy".

Las referencias al expresidente son constantes, pero el extesorero sitúa el inicio de la caja B en 1982: "Esos fondos se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas. Estos donativos se realizaban con entregas en metálico que se hacían directamente a Álvaro Lapuerta, estando yo presente en algunas", asegura. "Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista como contraprestación por porcentaje a la adjudicación de obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que si concurrió aquella motivación, que, sin embargo, no son objeto de enjuiciamiento en la presente pieza".

Siete años desde la declaración clave

El 15 de julio de 2013, Luis Bárcenas voló los puentes con el PP ante la Audiencia Nacional. La declaración de aquel día explica gran parte de los quebraderos de cabeza que el partido arrastra desde entonces, hasta el punto de que la investigación que se conocía hasta ese momento como los papeles de Bárcenas cambió de nombre. Desde aquel día de verano, nació la caja B del PP. “Pudo ser más amplia, mas no fue siguiendo la recomendación del que entonces era mi abogado”, sostiene en el escrito, en referencia a aquella comparecencia de hace siete años.

Frente al juez Pablo Ruz, Bárcenas aseguró entonces que los manuscritos que habían aparecido en prensa eran suyos, habló de sobresueldos en la formación, apuntó a irregularidades en la financiación de campañas... Como adelantó este diario y confirma ahora con este escrito, su estrategia para el juicio que arranca el próximo lunes pasa por ratificar este relato y aportar nuevos datos sobre la contabilidad paralela.

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A pesar de que la vista se acota a las irregularidades en la reforma del edificio, el procedimiento está inevitablemente ligado a la caja B. Resultarán clave los límites que imponga el tribunal que integran Fernando Andreu, María Fernanda García Pérez y José Antonio Mora y las preguntas que lancen las distintas acusaciones. Las fuentes consultadas apuntan a que Bárcenas no tiene ya nada que perder y más después de que el Supremo confirmara la condena de 12 años de prisión para su mujer, Rosalía Iglesias.

“Mi segunda declaración en la pieza de los papeles no se compadece con esta línea de colaboración, toda vez que, con ingenuidad, di por buena la promesa que se me había hecho llegar a través de intermediarios de que mi mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión a consecuencia de la sentencia de la pieza de Época 1", asegura en su escrito. "De hecho, ya hice constar en mi declaración del 15 de julio de 2013 que había recibido presiones con el fin de guardar silencio y no incriminar, ni manchar el buen nombre del que era mi partido ante el riesgo de que mi mujer pudiera entrar en prisión".

El PP, en el punto de mira

Al margen de los acusados, el PP acude al juicio como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que estos habrían cometido, lo que abre la puerta a que el extesorero se extienda en sus explicaciones. Por mucho que la credibilidad del extesorero se haya visto mermada por sus cambios de versiones en los últimos años, las fuentes consultadas apuntan a que tratará de respaldar con documentación cualquier afirmación, por lo que los efectos de este primer juicio pueden afectar a las investigaciones paralelas que todavía tiene entre manos la Audiencia Nacional. El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, reactivó la pasada semana las pesquisas sobre la caja B, lo que allana el camino para que la reforma de la sede no sea más que el pistoletazo de salida a nuevas revelaciones.

El auto con el que el juez solicita a su compañero Manuel García-Castellón que le remita todas aquellas menciones a Bárcenas que se detecten en la llamada operación Kitchen, que se centra en el dispositivo que puso en marcha Interior en 2013 para robar al extesorero información sensible sobre las cuentas del PP, refleja la tesis que maneja la Audiencia Nacional: se investiga cómo el extesorero, junto con el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, puso en marcha un sistema para obtener fondos ilícitamente para el PP y para ambos, "a cambio de movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos". Para ello, continúa el juez, se pusieron de acuerdo con distintos empresarios para que realizaran estas entregas de fondos en efectivo en la sede, en calidad de aparentes donaciones.

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En su escrito, Bárcenas también hace referencia a la investigación sobre la operación Kitchen y el interés que Pedraz ha mostrado por la misma: "Revelan el montaje de seguimientos y vigilancias ilegales —no acordadas judicialmente— e incluso, con uso de fondos reservados ordenados por altos cargos del entonces Gobierno y que pertenecían al Partido Popular, con la inestimable colaboración de altos cargos policiales", critica. "Estas actuaciones han llegado hasta el punto de lograr la sustracción de documentación sensible al Partido Popular, de la que es buen ejemplo el robo en el estudio de mi mujer donde desaparecieron 'pendrives' y diversos papeles que eran comprometedores a esta pieza y a otras que están siendo investigadas en otras piezas".

La idea de que el extesorero terminaría por tirar de la manta en lo que se refiere a la caja B del partido se ha repetido hasta la saciedad en los últimos años, pero una serie de movimientos apunta a que esta ocasión puede ser distinta. Bárcenas ha realizado varios cambios en su equipo de defensa y su objetivo pasa por acercarse a Anticorrupción. El encargado de llevar las riendas de esta nueva estrategia será el abogado Gustavo Galán: él se hará cargo de la primera de las causas, la del juicio de la caja B y las piezas que quedan pendientes al respecto, mientras que Marta Giménez Cassina, la abogada que ha llevado su defensa y la de su mujer, sigue representándole en la pieza en la que se investiga la conocida como operación Kitchen y en los recursos que todavía no se han resuelto.

La petición de penas

Ante el juicio, el fiscal anticorrupción Antonio Romeral da por acreditada la existencia de una caja B del PP que manejaban Bárcenas y su antecesor, Álvaro Lapuerta, "ajena al control del departamento de contabilidad", por lo que atribuye al extesorero un delito fiscal, otro de apropiación indebida y un tercero de falsedad documental. En total, cinco años de cárcel.

Por estos mismos hechos que ponen el foco en el supuesto pago de las obras en la sede del PP de la calle Génova con dinero procedente de esa caja B, el fiscal pide otros 18 meses de cárcel para el exgerente de la formación Cristóbal Páez, así como multas para todos ellos que oscilan entre los 265.000 euros para Bárcenas y los 102.500 en el caso de Páez.

En cuanto a la responsabilidad del PP, Romeral no ve delito fiscal. Recuerda que, en sucesivos informes, la Agencia Tributaria sostuvo que las donaciones anotadas en los papeles de Bárcenas estaban exentas de tributar en el impuesto sobre sociedades. Pero sí mantiene al partido como responsable civil subsidiario, que no penal, de los delitos fiscales cometidos por Bárcenas, Lapuerta y Páez por el supuesto pago en negro de las obras de reforma de la sede.