Un portero de un prostíbulo, un falso cura y Villarejo: el turbio cóctel de la operación K

Militar, portero de prostíbulo y vigilante de la Ciudad de la Justicia de Madrid. Con ese currículum a sus espaldas, Sergio Ríos empezó a trabajar como chófer de Luis Bárcenas y, a base de conducir para él y su familia, terminó cayendo en las redes de José Manuel Villarejo en 2013. A sus 38 años y natural de Ceuta, Ríos se convirtió en su espía al volante, en su topo dentro del círculo íntimo de los Bárcenas. "Me pareces un tío que aprende con una rapidez que te cagas", le alababa el comisario. "Tú habrás visto que yo achucho poco y…". Las zalamerías se repetían en sus reuniones, pero Villarejo no tardó en dejarle claro cuál era su lugar: "Aquí somos todos soldados, tronco".

El comisario recurrió a él en el verano de 2013, cuando el PP le ordenó recuperar la documentación sensible que Bárcenas tenía en su poder. "Soy la hostia en mi trabajo, soy la polla de bueno porque llevo 30 años haciéndolo y nunca he fallado. ¡Nunca! Por eso las cosas más delicadas de este puto país me las encargan a mí", presumiría Villarejo meses después ante el chófer. A cambio de trabajar para él, el comisario le compró una pistola Glock, le pagó 2.000 euros mensuales y le prometió ingresar en la Policía Nacional. En total, más de 53.000 euros a cargo de Interior para un colaborador al que identificaban como 'K2' y que, bajo las órdenes de Villarejo, se convirtió en el 'cocinero' de la operación Kitchen.

La historia de su fichaje arranca cuatro años antes, el 28 de julio de 2009, cuando la armadura de Luis Bárcenas comenzó a resquebrajarse. Imputado en Gürtel, el tesorero del PP dimitió ese día entre halagos del partido. "Por lealtad", dijo él. "Un ejemplo de profesionalidad", sostuvo el PP. El paso atrás se presentó como una decisión temporal, como una situación inevitable hasta probar su inocencia, pero el apoyo de la formación escondía una realidad más compleja: el miedo a que tirara de la manta, a que desvelara los secretos de Génova, a que no cayera solo y se llevara por delante a los compañeros que dirigían el partido y el Gobierno. El extesorero no lo sabía, pero aquellas palmadas en la espalda terminarían por convertirse en afilados cuchillos.

Las andanzas —y poder— de Bárcenas (Huelva, 1956) en política se remontan a 1982, cuando empezó a trabajar como administrativo en Alianza Popular. El joven fue subiendo peldaños hasta convertirse en un pilar del partido, ganándose el mote de 'Míster No' por su racanería al autorizar gastos. Su ascenso en el partido se produjo de la mano de Álvaro Lapuerta, tesorero entre 1993 y 2008, que delegó en él las labores del día a día y le dejó el puesto tras su marcha. Como responsable de las cuentas, Bárcenas se convirtió en el rey de los sobresueldos, en un hombre al que nadie quería como enemigo y que terminó por ganarse 'Tarzán' como segundo mote: llegó a Alianza Popular en taparrabos, pero salió como un millonario.

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Con ese mando en plaza, el PP lo mantuvo como tesorero en la sombra tras presentar su dimisión. La situación siguió así hasta abril de 2010, cuando acorralado por la investigación judicial, se dio de baja del partido y abandonó el escaño en el Senado. "Lo que está bien hecho, bien está", aseguró la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Una vez más, sus palabras maquillaban la realidad. Y una vez más, el PP siguió cuidando de él en secreto. "En diferido", que diría la propia Cospedal años después: le mantuvo en nómina hasta 2013, le facilitó ordenadores, le puso una secretaria y le permitió usar a su antojo la sala Andalucía, en la tercera planta de la sede de Génova. Todo era poco a cambio de su silencio.

Uno de los últimos intentos de mantener al tesorero callado lo protagonizó Rajoy: "Luis. Lo entiendo. Sé fuerte", le escribió el 18 de enero de 2013. El mensaje llegaba tras la portada de 'El Mundo' de esa mañana: 'Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP'. El extesorero pidió ayuda al expresidente y este contestó con buenas palabras, pero su relación tenía fecha de caducidad: las exclusivas sobre la caja B habían convertido a Bárcenas en un apestado. En febrero de 2013, el PP ordenó abrir la sala Andalucía, quitarle los ordenadores y borrar toda su información, además de rayar los discos duros para evitar sorpresas. A partir de ese día, Bárcenas ya no entró en la sede. Su cuñado, director de seguridad del PP, le dijo que ya no era bienvenido.

El 1 de marzo, el extesorero interpuso entonces una denuncia en la que aseguraba que habían forzado la cerradura de su despacho en Génova y, trece días después, mandó a su chófer, Sergio Ríos, a recoger la pertenencias que le quedaban: un cuadro, un trineo y 27 cajas con documentación. La ruptura con el PP terminó por confirmarse en julio, dos semanas después de que ingresara en prisión provisional, cuando aseguró en la Audiencia Nacional que había pagado sobresueldos a Rajoy y Cospedal. También entregó un 'pendrive' con nueva documentación y confirmó la autenticidad de los papeles sobre la caja B. Convertido en persona non grata, Bárcenas comenzó una guerra abierta contra el partido.

A la vista del peligro que entrañaba, el PP puso en marcha un plan para blindarse, una operación parapolicial conocida como Kitchen. Rajoy gobernaba con mayoría absoluta y no quería más escándalos sobre corrupción, por lo que tuviera o no conocimiento del operativo, el objetivo era claro: recuperar la documentación sensible del extesorero eludiendo "el control del juez" y, si conseguían cualquier otra información sensible, aprovecharla "como arma a su favor". Para garantizar el éxito, el plan sobrepasó Génova y se extendió al propio Gobierno: "Una operación para quitarle a Bárcenas los papeles que comprometían al presidente... No me jodas, macho", explicaría Villarejo meses después a uno de sus socios.

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Desde julio de 2013 hasta febrero de 2014, la operación dispuso de 70 policías, llevó a cabo 55 seguimientos y se sufragó con fondos reservados, cuyo uso está en manos del ministerio de Interior. Al frente de Kitchen, el comisario José Manuel Villarejo, un viejo conocido del partido y de Cospedal. "Yo, cuando hablo con Paco [Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad] o con la Cospe, o con tal, vamos... hablo a calzón quitao", aseguraba el policía a sus compinches.

La relación entre la exsecretaria general del PP y Villarejo se refleja en una de las grabaciones que los investigadores tienen en su poder. El audio se remonta a julio de 2009, el mismo mes en que Bárcenas presentó su dimisión, cuando Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, se reunieron con Villarejo en la sede de Génova. En aquella cita, pactaron darle "encargos puntuales", promesa que desembocaría en la operación Kitchen cuatro años después. Sobre el interés que Cospedal podía tener en este operativo, Anticorrupción apunta a dos razones: "Directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma". "Indirecta, como secretaria general del partido, de existir material comprometedor de otros altos dirigentes del mismo".

Los investigadores sitúan el inicio de la operación en el verano de 2013 y, en el centro de la trama, a un agente doble para acercarse al corazón de los Bárcenas: Ríos, el chófer al que el extesorero había mandado a recoger su trineo. Tenerle en sus filas facilitaba la misión, pero no quisieron dejar todo en sus manos, así que entre julio de 2013 y febrero de 2014, los hombres de Villarejo se convirtieron en la sombra de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Restaurantes, peluquerías, establecimientos de telefonía, sucursales bancarias, un kiosco e incluso la cárcel de Soto del Real. Nada escapaba a su control. "La rubia sale de casa", escribían en sus informes. "La rubia está en el nido", anotaban cuando volvía. Si Iglesias se movía, ellos iban detrás. Si Iglesias se reunía con alguien, ellos le investigaban.

Respaldados por Interior, recurrieron a técnicas propias de un operativo de primer nivel, todo ello sin que la Audiencia Nacional, que por aquel entonces ya investigaba a Bárcenas, tuviera conocimiento de sus movimientos. Durante ocho meses, decenas de policías actuaron por su cuenta y tuvieron acceso a todo tipo de herramientas. Ahí queda el seguimiento del 15 de agosto de 2013, en el que accedieron a las cámaras del Metro de Madrid para identificar al hombre con el que Ríos se había reunido, o el del 23 de septiembre de 2013, en el que emplearon el Sistema Integrado de Interceptación Telefónica (SITEL) para localizar el móvil del chófer después de perder su rastro. Por mucho que lo tuvieran a sueldo, Ríos no se libró del espionaje, ni tampoco de los motes: cocinero, gitano, moro… Al fin y al cabo, Villarejo ya le había dejado claro que solo era un "soldado".

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Más allá de los seguimientos, la Audiencia Nacional pone ahora el foco en un hecho ocurrido en octubre de 2013, cuando un individuo vestido con camisa negra y alzacuellos irrumpió en el domicilio madrileño de Bárcenas y, tras maniatar a su mujer y al hijo de ambos, exigió, revólver en mano, que le entregaran documentación y 'pendrives' que guardaba el extesorero. "Túmbate en el suelo o le pego un tiro a tu madre", le dijo a Guillermo Bárcenas. "O me das la información o te doy un culatazo", agregó por si había alguna duda.

Hasta salir a la luz la operación Kitchen, el episodio del falso cura se redujo a la iniciativa de un desequilibrado, pero ahora se investiga su posible relación con el dispositivo: Ríos no trabajaba ese día y, pese ello, se presentó en la vivienda en cuestión de minutos para ayudar a Guillermo a reducir al atacante. Preguntado por este aspecto en sede judicial, sostuvo que se encontraba con su mujer cerca de la casa "cuando fue avisado telefónicamente" de que Rosalía Iglesias "estaba pidiendo auxilio por la ventana". La coartada siempre ha resultado sospechosa para los investigadores. "Tenía unos conocimientos muy exhaustivos de la vida de todos los miembros de la familia", aseguraría la propia Iglesias a la hora de detallar el comportamiento del falso cura.

El suceso se saldó con 22 años de prisión para el atacante y, meses después, se produjo un nuevo episodio en el que también indaga la Audiencia Nacional. Esta vez, los investigadores no tienen dudas de que la acción formó parte de la operación Kitchen ni del policía que se encargó de la misma: el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, alias el Gordo. En los audios que obran en la causa, son varias las conversaciones entre él y Villarejo, que le sugería utilizar la operación que obtuviera en Kitchen a modo de chantaje contra sus superiores: "Yo que tú, de verdad, sacaba los dientes", le decía el comisario. Con esa invitación como telón de fondo, García Castaño entró en acción en invierno de 2013.

Su misión consistió en entrar en el estudio de restauración de la mujer del tesorero, a un par de números de su vivienda habitual y bautizado por ellos mismos como el "zulo". Tras meses de seguimientos, pensaron que Bárcenas podía ocultar allí la documentación, por lo que García Castaño se hizo pasar por un marchante de arte y se presentó con la talla de madera de un Cristo para restaurarla. Según informa el diario 'El Mundo', los hombres de Villarejo contaban con la clave de la alarma y la llave gracias al chófer, pero tras fracasar en ocasiones anteriores, el Gordo logró su objetivo y, finalmente, accedió al taller con la ayuda de una señora de la limpieza que pasaba por allí y se creyó su relato.

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García Castaño confirmó ante el juez su entrada en el taller, pero si se llevó o no documentación es una incógnita. En cualquier caso, él mismo reconoce que, gracias a la operación Kitchen, consiguieron una copia de los teléfonos de Bárcenas a través de Ríos, botín al que supuestamente hay que sumar las agendas personales del extesorero. Los investigadores siguen además el rastro de un "disco duro" con "información sensible" que el chófer de la familia robó a Bárcenas y que, según las anotaciones de su mujer, tendría "muertos de miedo" a los responsables del partido. En las grabaciones que obran en el sumario, destaca además una conversación entre Villarejo y Ríos, en la que el chófer dice que el extesorero maneja material comprometedor sobre Rajoy, Cospedal y Javier Arenas. "Se empleó a la policía para destruir pruebas, en vez de para aportárselas al juez", resumiría Villarejo en una conversación tiempo después.

Además de investigar el botín de la operación Kitchen, el juez Manuel García-Castellón se centra en averiguar qué policías y políticos tuvieron conocimiento de la misma. La participación de Villarejo, García Castaño y Ríos está clara, pero el listado es mucho más largo. Entre ellos destaca el comisario Andrés Gómez Gordo, que trabajó para Cospedal en Castilla-La Mancha y supuestamente hizo de enlace entre los hombres de Vilarejo y el chófer. También cabe subrayar a varios altos cargos de la Policía Nacional a los que se investiga por el operativo, ya sea de forma directa o indirecta: el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas; el director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino; el comisario principal, José Luis Olivera, o los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano.

El hombre clave, sin embargo, no llevaba placa. Dado el despliegue que implicó Kitchen, los investigadores comenzaron a mirar hacia arriba, llegando así hasta el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, mano derecha de Jorge Fernández Díaz en el ministerio del Interior y responsable de los fondos reservados. El pasado enero, el juez acordó su imputación por la operación Kitchen y, por primera vez, trató de interrogar a un alto cargo del Gobierno de Rajoy. La comparecencia todavía no se ha celebrado, pero en los mensajes a los que han tenido acceso los investigadores, el que fuera secretario de Estado de Seguridad ya ha amenazado con tirar de la manta. "Si tengo que declarar porque me impliquen, también irán [Jorge] Fernández Díaz y probablemente [Mariano] Rajoy", escribió el 19 de septiembre de 2019, consciente de que el cerco se estrechaba en torno a él, al que fuera director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

Martínez, al que los policías implicados en Kitchen le apodaban como 'Paco' o 'Choco', ha ido dejando un reguero de mensajes reveladores. "Mi grandísimo error en el Ministerio fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal", llegó a escribir al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, el 5 de junio de 2019. Su enfado se basaba en que el partido le ignoraba, como cuando el 25 de marzo de 2019, un mes antes de las elecciones generales de abril, le escribió molesto al secretario general del PP, Teodoro García Egea, por haberse quedado fuera de las listas: "Como te dije, puedo entenderlo, pero quedarme tirado y marcado como un corrupto por los míos me hace un daño irreparable. Hay opciones de las que podíamos haber hablado. Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Precisamente, por eso me he metido en este lío. Por eso y por nada más. Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy. La misma que os tendría al presidente [Casado] y a ti". Un escaño le hubiese valido el aforamiento, pero el partido decidió darle la espalda.

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Consciente de que ya no podía contar con ellos, Martínez elaboró en octubre de 2019 un plan para que la investigación Kitchen no fuera a más, reflexiones que dejó escritas en su propio teléfono móvil: "El desastre que supuso la detención del Yeti [Villarejo], lo provocó FSR [Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI], con pleno conocimiento de SSS [Soraya Sáenz de Santamaría] y bajo la pasividad total de Zoido, que no se enteraba de nada". "Evitar a toda costa la citación, dejando que este asunto quede un tiempo 'dormido', lo cual no debería ser difícil". "Debería haber personas con capacidad de llegar a los fiscales, que están obsesionados con esta pieza, por venganza y por afán de notoriedad". "Es importante que el Gobierno no desclasifique nada más". "Hay más servicios implicados". Desde mediados de 2019, su móvil se ha convertido en una mina para los investigadores.

A la vista de estas anotaciones y de los indicios que han ido recopilando en los últimos años, Anticorrupción ya ha pedido la imputación de Fernández Díaz, de Cospedal y de López del Hierro. En cuanto al primero, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional halló el pasado marzo una serie mensajes de texto enviados por el ministro en 2013, información con la que dieron después de enterarse de que Martínez había levantado acta notarial con los mismos antes de su imputación. En ellos, Fernández Díaz incide en que Kitchen "es importante", implica en los seguimientos al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y menciona de forma directa al "chófer de Bárcenas". El último se lo envió al propio Martínez el 18 de octubre de 2013, y en él hace referencia al volcado del contenido de los teléfonos móviles proporcionados por el "informador". "La operación se hizo con éxito", trasladó el ministro. "Te informo", terminó el mensaje.

Con estas pruebas sobre la mesa, el juez Manuel García-Castellón decidirá ahora si atiende la solicitud de Anticorrupción e imputa a Cospedal, Fernández Díaz y López del Hierro. Los investigadores apuntan así a pesos pesados del Gobierno de Mariano Rajoy, que también se ha visto salpicado por la operación: en las conversaciones intervenidas, Villarejo sostiene una y otra vez que el expresidente, al que se refiere como el 'Barbas' o el 'Asturiano', tuvo "conocimiento" del dispositivo. A esto se suma la amenaza de Martínez en la que dice que, si acababa imputado, como finalmente ha ocurrido, Rajoy "probablemente" también lo haría. Sea como sea, Kitchen nació para callar a Bárcenas y ahora depende del silencio de otro ex alto cargo. Tras dos años de instrucción, ya solo queda esperar a ver hasta dónde llega la 'vendetta' de los despechados.