El Gobierno congela su agenda legislativa hasta que se decida el Govern de Cataluña

Una buena parte de la agenda legislativa del Gobierno para este periodo de sesiones depende de cómo se resuelva la gobernabilidad en Cataluña. Esto es, de si puede seguir contando con el apoyo de ERC, principalmente, pero también en menor medida de si el socio minoritario, Unidas Podemos, sigue endureciendo sus posiciones. Desde el PSOE ya han mostrado su temor a que la oposición interna se incrementase por un mal resultado de En Comú Podem. El contexto de negociaciones que se abrirá tras el 14-F equivale a congelar las leyes estrella del Ejecutivo para este periodo de sesiones, desde la memoria democrática y la reforma fiscal a las normas de igualdad, pues Esquerra también ha dejado en suspenso la decisión sobre si seguir siendo socio prioritario del Gobierno o dar un paso atrás, como ha hecho a modo de advertencia durante la campaña electoral hasta el punto de que fue Vox quien rescató a Pedro Sánchez para sacar adelante el decreto de los fondos europeos.

"Si gana Waterloo, cambiará la estrategia en Cataluña y afectará en Madrid", reconocían fuentes del grupo republicano en el Congreso esta semana, dando por hecha la suma del bloque independentista. La candidata de JxCat, Laura Borràs, ya reclamó que el cordón sanitario contra el PSC, comprometido por escrito por las fuerzas independentistas, se extendiese al Congreso con el PSOE. Conservar el giro pragmático, "la política útil", defendida por ERC tanto en la investidura como en la tramitación de los Presupuestos, solo será posible si los republicanos lideran el Govern. Sus pulsiones internas se mantienen y una derrota abriría paso al sector que se decanta por el "no a todo" en Madrid.

Si las negociaciones se alargan, el margen de maniobra para legislar se vería reducido, aunque el peor escenario que dejaría la legislatura prácticamente suspendida sería una repetición electoral. Desde Moncloa vincularon el giro de ERC, pero también el de Unidas Podemos, tratando de frenar leyes del PSOE como la de igualdad de trato, al contexto de campaña electoral. Sin embargo, la preocupación es cada vez más evidente y trasciende a la campaña, a la espera de los resultados, porque el puzle de la gobernabilidad según las encuestas y los compromisos anunciados sobre pactos postelectorales no se resolverá con ecuaciones transversales. Permanecen los bloques y la vía Illa carece de apoyos. El candidato de ERC, Pere Aragonès, ya ha avanzado que ni siquiera aceptaría una abstención de los socialistas para gobernar.

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La geometría variable, con un intercambio de papeles entre Cs y ERC como ya ocurrió en alguna de las prórrogas del primer estado de alarma, sería el único recurso del Gobierno en lo que queda de legislatura si pierde el apoyo del bloque de la investidura. Sin embargo, las limitaciones son evidentes en leyes estrella que se prevén aprobar a corto plazo, como la reforma fiscal. A la espera de desarrollarla, pues dependerá de las conclusiones de un grupo de expertos, uno de los objetivos pasa por armonizar los impuestos de sociedades y patrimonio. Una medida precisamente pactada en los Presupuestos con ERC y que se toparía con el rechazo de Ciudadanos.

Otra de las leyes estrella que pretenden comenzar a tramitarse en el Congreso en este periodo de sesiones es la de memoria democrática, el principal proyecto para esta legislatura de la vicepresidencia primera que dirige Carmen Calvo. Al igual que la reforma fiscal, difícilmente podría salir adelante a través de la geometría variable, mientras que fuentes de ERC adelantan que, al margen de que modifiquen o no su estrategia en el Congreso, es una ley que internamente genera rechazo según los primeros análisis de su sectorial de memoria y reparación.

Entiende que el texto nace cojo en lo referente a la "reparación económica" y restitución de bienes incautados. Una cuestión fundamental para esta formación y por la que ya presentaron una proposición de ley en 2017 que vetó el Gobierno al considerar que supondría una alteración de los Presupuestos por un coste extraordinario de más de 4.300 millones de euros. Uno de sus objetivos pasaba por reposición del patrimonio de los republicanos que fueron expoliados por la dictadura.

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EFE

Las medidas de reparación, que están contempladas en el capítulo tercero de la ley, tienen que ver con la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados. El proyecto sí atendería con mayor coincidencia una de las demandas históricas de ERC al declarar ilegales, nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra y demás procesos (con las sentencias correspondientes) instruidos por causas políticas durante el régimen franquista.

El acuerdo para la armonización de los impuestos de sucesiones y patrimonio queda asimismo en el aire a la espera de cómo se resuelva la gobernabilidad en Cataluña. Las negociaciones todavía no se han abierto. Esta cuestión deberá asimismo contar con un pacto previo entre los socios del Gobierno; y desde Unidas Podemos quieren que se cumpla su programa de Gobierno, que se compromete a reformar el impuesto de sociedades garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Asimismo, se apuesta por "limitar las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y permite la Directiva matriz-filial". Por otra parte, abre también la puerta a "estudiar la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".

Presión para retirar la ley de igualdad de trato

A corto plazo, las tensiones que se puedan derivar entre PSOE y Unidas Podemos para la formación de Gobierno ponen en riesgo la norma que desde el PSOE han denominado ley Zerolo. Esta semana los morados pedían que se retirase, cuando la próxima semana se discutirá sobre su admisión a trámite. Desde el Ministerio de Igualdad se ha elaborado un informe con múltiples objeciones, y fuentes de este departamento dirigido por Irene Montero aseguran que se registró por parte del PSOE "rompiendo siete meses de negociaciones y sin incluir nada de lo que pedía la Dirección General de Igualdad de Trato del ministerio competente en el tema, saltándose el acuerdo de Gobierno". Y añaden que "de la misma manera se ha llevado a pleno sin seguir los pasos que marca el acuerdo de Gobierno".

Desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos no avanzan si se opondrán, pero lanzan un duro mensaje al asegurar que "la tramitación de esta ley es un claro intento de bloquear la tramitación de las leyes LGTBI y trans" que está impulsando Igualdad. "El PSOE y el presidente deben volver al acuerdo de Gobierno y asegurar que el Ministerio de Igualdad impulsa con normalidad las tres leyes antidiscriminatorias incluidas en dicho acuerdo", concluyen estas mismas fuentes en referencia a la ley LGTBI, la ley trans y la ley de igualdad de trato.