El Gobierno exhumará en un plan cuatrienal hasta a 25.000 represaliados del franquismo

La dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista es uno de los aspectos centrales que guía el anteproyecto de ley de memoria democrática aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que busca "establecer las bases de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición". Para ello, se asume la búsqueda de personas desaparecidas como una responsabilidad de Estado, elaborando planes cuatrienales de búsqueda, localización y exhumación de fosas e identificación de las víctimas. La previsión que manejan desde el ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Carmen Calvo y que ha impulsado la ley, es que durante el primer plan cuatrienal se puedan exhumar entre 20.000 y 25.000 víctimas.

Para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares se creará un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Una medida que irá acompañada de otras como el impulso del mapa de fosas, un protocolo de exhumaciones, un régimen de autorizaciones y un censo de víctimas.

TE PUEDE INTERESAR

Los fusilados de la Fosa 100: las otras exhumaciones ‘franquistas’ esperan su turno

Víctor Romero. Valencia

La resignificación del Valle de los Caídos es otro de los aspectos centrales del anteproyecto, al convertirlo en un cementerio civil y un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo, protegido por Patrimonio Nacional, y desprendiéndolo de su simbología actual. Precisamente, la intención de que deje de tener una simbología nacionalcatólica, ha llevado al Gobierno a no descartar la posibilidad de retirar la cruz, aunque el alcance de la resignificación está en periodo de reflexión.

En el plano educativo, se incluyen medidas por las que se actualizarán los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como los planes de formación inicial y permanente del profesorado. Esto es, se incluye entre los fines del sistema educativo español el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas. Para ello se actualizarán la ley de Educación, pero no solo, dado que una vez que entre en vigor la ley de memoria democrática, se requerirán varias modificaciones normativas.

TE PUEDE INTERESAR

Urkullu impulsa una ley para recuperar los restos de los vascos en el Valle de los Caídos

Jose Mari Alonso. Vitoria

La ley comprende también la creación de un una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para la investigación de los hechos producidos en el periodo entre la Guerra Civil y la dictadura, hasta la aprobación de la Constitución Española, con funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados. Se introduce asimismo en la ley un régimen de infracciones, que sancionará como multas de hasta 150.000 euros la destrucción de fosas, de lugares de memoria democrática o elementos simbólicos.

La apología del franquismo será causa de extinción de fundaciones y asociaciones, al considerarse que son contrarias al interés general. "Cuando entre en vigor, no podrá haber fundaciones públicas, ni dinero público que enaltezca totalitarismo o figuras dictatoriales", ha explicado Carmen Calvo preguntada expresamente por el futuro de la Fundación Francisco Franco. En esta línea, las personas u organizaciones que atenten, alienten o toleren prácticas en contra de la memoria democrática no podrán recibir subvenciones, bonificaciones ni prestarán ayudas públicas. Asimismo, se contemplan medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial.

TE PUEDE INTERESAR

Los 34.000 del Valle de los Caídos: revueltos, un tercio sin identificar y todos hombres

María Zuil

El texto legal que cuenta con un total de 66 artículos, agrupados en cinco títulos, fortalece el reconocimiento de la condición de víctima, declarando ilegales, nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra y demás procesos (con las sentencias correspondientes) instruidos por causas políticas durante el régimen franquista. Por otra parte, se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a investigar y conocer los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido, a la exhumación sufragada por fondos públicos y a la identificación y sepultura digna, se garantiza el derecho de acceso a los archivos públicos y privados y, por último, se revisan las distinciones, condecoraciones y títulos concedidos por el franquismo.

Las medidas de reparación, que están contempladas en el capítulo tercero de la ley, tienen que ver con la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados. Como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. Por otra parte, los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales podrán adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza.

La ministra Carmen Calvo ha trasladado tras el Consejo de Ministros que con esta ley se pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana. Su objeto pasa por "un reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución".