Sánchez confirma una última prórroga hasta el 21-J y las CCAA le piden gestionar el IMV

Habrá sexta prórroga del estado de alarma, y será la última. Pedro Sánchez confirmó este domingo a los presidentes autonómicos lo que ya se conocía desde hace días y el cierre del pacto con ERC y PNV de este sábado acabó por ratificar: que el Consejo de Ministros del martes aprobará solicitar al Congreso una última ampliación de la alarma, que se extenderá hasta las 00:00 del 21 de junio y que permitirá una salida ordenada de la desescalada. Ese día, como máximo, España abandonará el mecanismo jurídico que se decretó el 14 de marzo para contener la propagación del coronavirus, la peor pandemia en el último siglo, como ha recalcado el líder socialista durante todos estos meses. Concluirá, pues, el estado de alarma más largo —algo más de tres meses, 99 días en total— y restrictivo de la historia reciente del país.

La duodécima conferencia de presidentes autonómicos, la de este 31 de mayo, arrancaba en un contexto distinto a las anteriores. Sánchez no compareció el sábado ante los medios. Y este ya era un cambio, porque si ha habido un reproche que los mandatarios regionales le han lanzado de manera recurrente es que llegaba a los domingos con los anuncios hechos y las decisiones tomadas. En esta ocasión, su rueda de prensa fue posterior a la cita con los líderes. Además, la negociación con los grupos para hacer posible esa sexta y última prórroga ya está encarrilada y el éxito, garantizado, puesto que tiene el sí del PNV y la abstención de ERC, por lo que logra además recomponer el bloque de investidura, sin descartar que Ciudadanos pueda sumar su voto, como hizo en las dos últimas ampliaciones, en las que precisamente los republicanos optaron por el no.

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El principal cambio respecto a las anteriores extensiones es que la gestión de la fase 3 de desescalada, la última antes de alcanzar la nueva normalidad, correrá a cargo de los presidentes autonómicos, tal y como Sánchez acordó tanto con ERC como con PNV. Ellos serán los que puedan modular y ejecutar las medidas previstas en esta etapa, excepto las que tienen que ver con la libertad de circulación, que seguirán correspondiendo al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Así, el Gobierno se guarda la baza principal: la restricción de los movimientos entre provincias, razón de ser del mantenimiento de la alarma a estas alturas. De hecho, Sánchez argumentó que los expertos le han recomendado mantener dos semanas más la limitación de los desplazamientos. En definitiva, como expresó el presidente a los líderes regionales, las CCAA serán las absolutas competentes en la gestión de la fase 3. "Pasamos de la cogobernanza la gobernanza absoluta por parte de las comunidades autónomas", resumió.

El primer afectado directo de la recomposición del bloque de investidura es, precisamente, el jefe del Govern. Quim Torra, como ya había anticipado por Twitter, manifestó su oposición a la prórroga por "respeto" a la institución que dirige y porque "anula y centraliza" las competencias de todas las 'conselleries' del Ejecutivo. No es extraño, porque JxCAT lleva semanas rechazando la alarma. ERC, sin embargo, vendió su acuerdo con la Moncloa como un avance del retorno de los poderes a la Generalitat. Y es que, en efecto, se adelanta a la fase 3 la asunción del control por parte de las CCAA. No habrán de esperar a la nueva normalidad.

Las CCAA serán las competentes en la etapa final, salvo en la libertad de circulación, porque aún estará restringido el movimiento entre provincias

Es un adelanto, no obstante, de dos semanas. Se espera que los territorios que alcanzaron la etapa 2 el pasado 25 de mayo lleguen a la 3 el lunes 8 de junio, por lo que culminarían la transición el 21 de junio, día de término de la alarma. Los más rezagados, en cambio, son la Comunidad de Madrid, toda Castilla y León salvo el área de salud de El Bierzo, Barcelona y su área metropolitana y la región sanitaria de Lleida, que acabarían el camino el 5 de julio. Todo ello, claro, si no hay aceleración. Hace una semana, Sanidad sí abrió esa puerta ante la posible falta de apoyos para una sexta ampliación. Ahora, con ella bajo el brazo, el Gobierno no tiene tanta necesidad de acortar la permanencia en cada fase.

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"Plan de rebrote de la pandemia"

Durante la videoconferencia de este domingo, volvió a emerger la cuestión de los criterios de reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, pero también la distribución de los fondos europeos de reconstrucción Next Generation EU. ERC arrancó al Gobierno la participación en la gestión de esa inyección económica, algo que también reclamaron varios presidentes autonómicos. El propio Sánchez ya anticipó que será así, que las CCAA participarán en esa gestión de los esperados 140.000 millones de euros.

Sánchez anticipa que las CCAA participarán en la gestión de los fondos europeos de reconstrucción, algo que le reclaman varios mandatarios

Iñigo Urkullu se mostró satisfecho con el acuerdo con el Gobierno que permitirá que Euskadi y Navarra asumir el traspaso del ingreso mínimo vital (IMV), aprobado este pasado viernes por el Consejo de Ministros. "Profundiza en el concepto de cogobernanza", se congratuló. El 'lehendakari', por lógica menos belicoso que en la cumbre anterior, puso sobre la mesa cinco propuestas: que se prorrogue la aplicación de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta septiembre, que se aceleren los procesos de regularización administrativa de la población migrante, que se clarifiquen los plazos y procedimiento de disposición del fondo no reembolsable, que se facilite el paso fronterizo entre País Vasco, Navarra y Aquitania y que se valore "la exención del IVA de las mascarillas higiénicas y quirúrgicas para las personas que recurren al copago farmacéutico".

El gallego Alberto Núñez Feijóo reclamó permeabilidad en las eurociudades que comparten Galicia y el norte de Portugal y manifestó su preocupación por Alcoa y por las industrias afectadas por la Ley de Costas y advirtió a Sánchez de la necesidad de actuar "para evitar su cierre y la pérdida de empleo que conlleva". También solicitó que se defina "un plan de rebrote de la pandemia a nivel nacional, con parámetros y criterios homogéneos y que permita una respuesta coordinada, rápida y eficaz". Asimismo, recordó que la Xunta cuenta desde hace casi 30 años con la Risga (renta de inclusión social de Galicia) y pidió que sean las CCAA las que gestionen el nuevo ingreso mínimo vital.

El IMV no deja de ser una china en el zapato del PP, porque el decreto ley habrá de ser convalidado en el Congreso y Pablo Casado no ha definido el sentido del voto, aunque sus autonomías piden poder gestionarlo. “No cuestionamos su necesidad”, manifestó el andaluz Juanma Moreno, quien señaló a Sánchez su "sorpresa" al escuchar al Gobierno afirmar, de manera "un tanto imprudente", que Euskadi y Navarra están capacitadas para gestionarlo ellas mismas. "¿Las demás no?", se preguntó, para pedir más información sobre esta nueva prestación.

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Que toda Andalucía pase unida a la fase 3

Moreno adelantó que la Junta pedirá a Sanidad que toda la comunidad, incluidas Granada y Málaga, sus provincias más atrasadas, progresen a fase 3 a partir del 8 de junio, pues "no hay datos objetivos que justifiquen" que estén un paso por detrás. Asimismo, demandó "claridad y equidad" en el reparto de los fondos de la UE e "igualdad a la hora de permitir a las CCAA gestionar ese dinero".

Las CCAA, incluso las del PP, piden poder gestionar el IMV. Puig plantea que las comunidades y el Gobierno trabajen juntas en la reactivación

También los barones socialistas quieren ser partícipes del IMV. Así, el valenciano Ximo Puig, tras resaltar la "aportación enorme" que supone este nuevo derecho de ciudadanía "para la dignificación de las personas", apuntó que es "fundamental" que todas las administraciones cooperen para que "salga bien". Y por eso pidió que los convenios previstos en el real decreto ley para que las autonomías tramiten y gestionen los expedientes de la renta mínima "se pongan en marcha lo más rápidamente posible", de tal manera que se "garantice la coordinación y se eviten las duplicidades".

Puig planteó la conveniencia de trabajar juntos, aprovechando el marco de cogobernanza potenciado a raíz de la lucha contra el covid-19, en tres grandes planes de reactivación económica: en infraestructuras y energías renovables, en vivienda y en el apoyo a la industria de la movilidad (especialmente el sector del automóvil). También defiende un marco legal para la reactivación, por el que, garantizando la seguridad jurídica, permita flexibilizar leyes para dinamizar la inversión pública y privada. De nuevo, puso sobre la mesa el problema de la financiación autonómica, que castiga especialmente a la Comunidad Valenciana.

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El castellanomanchego Emiliano García-Page aplaudió también el "paso adelante" del IMV, pertinente, dijo, no solo por razones "morales", de justicia social, sino por "lógica económica". "La pobreza sale muy cara, pues las sociedades como las nuestras no se pueden permitir tener en la cuneta a mucha gente [...]. Que haya un colchón cohesionador igual en el conjunto de España es una función propia del sistema nacional, independientemente de las fórmulas administrativas o de gestión, pero lo importante es que haya unidad de criterio", señaló. El presidente socialista recordó que el IMV no es un subsidio "puro y duro", sino un "estímulo para la incorporación al trabajo".

"Innecesario estado de alarma" para Ayuso

Castilla-La Mancha no es de las CCAA que reclaman la gestión de esta prestación, pero sí lo demandan comunidades de distinto signo político, del PP y del PSOE. Además de las citadas Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana, también Cataluña (JxCAT), Castilla y León (PP), Aragón (PSOE) y Cantabria (PRC) demandan administrar este nuevo derecho de ciudadanía. "Castilla y León se lo merece tanto como otra comunidad", trasladó Alfonso Fernández Mañueco. Aragón "no gestiona peor los recursos", reivindicó el socialista Javier Lambán, quien recordó que una renta semejante ya funciona en su región desde 1993. El Gobierno cántabro conoce "mucho mejor" la realidad de sus paisanos que el Ejecutivo central, argumentó por su parte Miguel Ángel Revilla.

Sánchez avisa de que el IMV es "una política que pasa a formar parte de la SS" y que eso garantizará "la igualdad de derechos" en el conjunto del país

La madrileña Isabel Díaz Ayuso cargó contra "el régimen especial a País Vasco y Navarra" y contra el "pacto con ERC" para un "innecesario estado de alarma" que otros de sus homólogos no cuestionaron. Ella seguía fiel la línea de su jefe, Pablo Casado. "Yo pido más España para afrontar los problemas del turismo, la vuelta al colegio y la protección de los pequeños municipios", resumió en Twitter. Durante la cumbre, también reclamó un plan urgente de deducciones fiscales para impulsar el turismo y un protocolo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para controlar la llegada de turistas extranjeros, informa EFE.

En la rueda de prensa posterior a la videoconferencia, Sánchez no adelantó si atenderá esas peticiones. Los detalles de la medida, recordó, se conocerán este lunes, cuando el real decreto ley salga publicado en el BOE, pero sí destacó que el IMV es "una política que pasa a formar parte de la Seguridad Social" y que eso garantizará "la igualdad de derechos en todo el conjunto del país".

Apoyo al sector de la automoción

En general, los presidentes autonómicos celebraron el fin de la desescalada y la recuperación de sus competencias, aunque bajo el principio de la "máxima prudencia", como advirtió la jefa del Ejecutivo riojano, la socialista Concha Andreu, con "máximo cuidado", abundó su compañero de partido Guillermo Fernández Vara, líder de Extremadura. Revilla, incluso, ya anticipó que su diputado en el Congreso votará a favor de la extensión. Feijóo, igual que Lambán, adelantaron que cuando asuman el mando, ya en fase 3, ordenarán recuperar la movilidad interprovincial dentro de sus comunidades. En la misma línea, Francina Armengol (PSOE), presidenta de Baleares, plantea también arrancar los movimientos entre las islas a partir del 8 de junio, cuando alcance el último peldaño. Fuentes de la Moncloa aclararon que la libertad de circulación será la única competencia que se reserve el Gobierno en los territorios que progresen a la última etapa, pero "se les permitirá" a los gobiernos autonómicos que autoricen los viajes entre provincias de la comunidad que lideran.

La movilidad entre las provincias de una misma comunidad se permitirá por la Moncloa a partir de la fase 3 y, en todo el país, desde el 21 de junio

Durante la duodécima conferencia de presidentes, también afloraron otras cuestiones, como la estocada al sector de la automoción que ha provocado el anunciado cierre de las plantas de Nissan en Barcelona. Lambán advirtió de que las ayudas al sector que inyectará Francia "pone en jaque la posición de predominio que, junto con Alemania, ha ostentado España en las últimas décadas”. Para el presidente aragonés, hay que "redoblar esfuerzos" para tratar de liderar la fabricación del coche eléctrico. Puig defendió que el respaldo a la industria del automóvil es "fundamental por el empleo, la innovación y el desarrollo económico, y la lucha contra el cambio climático". El propio Sánchez adelantó en la rueda de prensa posterior que el Consejo de Ministros aprobará, "tan pronto como sea posible", un plan para el sector de la automoción.

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F. S. B.

Con esta última alarma y con el relevo del testigo, lo previsible es que se produzca una 'desescalada' institucional. Algunos presidentes, de hecho, tenían la sensación de que la convocatoria de este domingo podía ser la última. La comparecencia de Sánchez también abría la puerta a una nueva etapa de rearme de su Ejecutivo. Pero en una semana todo puede cambiar. De hecho, hace siete días la petición de una sexta prórroga no era segura. Ahora, la decisión está tomada y los apoyos, garantizados.