El viaje de Marlaska, de juez duro contra ETA a enemigo de la Guardia Civil

Cuando Pedro Sánchez nombró su primer Gobierno y anunció el nombre de Fernando Grande-Marlaska para Interior, en el PP hubo cargos que se cruzaron mensajes sorprendidos.

—¿Pero Fernando no era nuestro?

Fernando había acudido a algún cumpleaños de asesores del PP y allí lo habían tratado, el partido de Rajoy lo propuso para vocal del Consejo General del Poder Judicial y estaba en las quinielas para ser fiscal general del Estado.

"Era nuestro con todas las comillas que le quieras poner porque los jueces son suyos, pero cuando lo propones para cargos es porque compartes unos valores", explica una de las personas del PP que coincidió con él. Grande-Marlaska, un juez duro de la Audiencia Nacional con ETA, un amigo de las víctimas, era una de las perlas del 'Gobierno bonito'. Irreprochable para la derecha.

Casi dos años después, Marlaska está en el ojo del huracán. Lo que no estaba en ningún guion entonces ha sucedido. El juez implacable y amigo de las fuerzas del orden está enfrentado abiertamente a la Guardia Civil. Los generales le dimiten y se ha saltado el escalafón para nombrar a sus sustitutos. ¿Qué ha pasado? Los que lo conocen lo atribuyen más a un aspecto personal, temperamental, más que a un viraje ideológico.

"En un juzgado, el juez tiene todo el poder y puede gritar lo que quiera a un abogado o a un funcionario. Pero un ministerio no funciona así"

"Él es listo y era buen juez, muy currante. Pero en un juzgado el juez tiene todo el poder y puede gritar lo que quiera a un abogado o a un funcionario. Pero un ministerio no funciona así. El ministro tiene más poder, pero es un poder más blando”, reflexiona una persona que le trató en la Audiencia y que pide el anonimato.

Ese temperamento estalló al año de llegar, cuando Marlaska destituyó a Manuel Sánchez Corbí, hasta entonces jefe de la UCO, el pilar de la lucha contra la corrupción en la Guardia Civil que tanto había golpeado al PP. El Ministerio había pedido más control sobre los fondos reservados y en el departamento estaba convencidos de que Corbí había filtrado a la prensa que eso le impedía investigar. Corbí parecía intocable pero fue destituido de forma fulminante. Marlaska no esperó unos meses para camuflarlo, de manera fría, ni le importó el escándalo.

Él exige lealtad absoluta. Pensó que así mandaba un mensaje. El mensaje llegó a la Guardia Civil pero no como una señal de firmeza sino de desconfianza. Se sumaba a otros episodios. Para un puesto muy sensible, el jefe del gabinete de coordinación, que tradicionalmente había sido para un guardia civil, fue para un policía nacional, José Antonio Rodríguez, alias Lenin. El instituto armado también consideró que respecto a la policía nacional salía perjudicado en el reparto de fondos de los primeros tramos de la equiparación salarial.

Hubo más. En septiembre de 2019, con la repetición electoral ya en marcha, la Guardia Civil realizó una operación de alto voltaje político. Lanzó una redada contra unos CDR que habían tenido contacto con Torra y a los que les encontraron explosivos. Interior no supo nada y cuando preguntaron a Pedro Sánchez en un viaje oficial demostró estar fuera de juego. Que la Guardia Civil realizara una operación así sin avisar se interpretó como un indicio de que iba por libre.

En esa primera legislatura, Marlaska aún tenía que aceptar ciertas imposiciones. Cuando llegó al Ministerio, y sin muchos contactos, el PSOE le hizo parte del equipo. Nombró, por ejemplo a Ana Botella, del equipo de José Luis Ábalos, secretaria de Estado de Seguridad. En el ministerio se vio atacado por la oposición con dureza. "No entiende el juego político. Le dolían las críticas del PP y, sobre todo, de las víctimas del terrorismo".

El pasado martes, cuando fue el centro de las preguntas de la oposición en el Congreso, el ministro dejó claro ese desgarro al contestar a Teresa Jiménez Becerril, diputada del PP y víctima de ETA: "Voy a empezar diciéndole que no me es cómodo debatir con usted, pero no porque tenga que callar por cualquier circunstancia. Sé que usted tampoco se deja utilizar ni instrumentalizar. Usted y yo tenemos muchas cosas en común. Yo no hago halago de ningún pasado ni de ninguna situación personal, pero tenemos muchas cosas en común. Mire, yo me he caracterizado y me seguiré caracterizando por la aplicación de la ley sin estridencias, sin grandes voces. Y no me es cómodo porque saben en su partido a quién me tienen que poner enfrente cuando hablamos de terrorismo y de víctimas de terrorismo: me ponen a Mari Mar Blanco, me ponen a usted y, cuando estaba, me ponían a Jaime Mateu; es decir, gente con la que me unen cuestiones importantes de piel y sentimientos".

Preparó oposiciones con Belloch y sustituyó a José Antonio Alonso en su primer destino. Dos ministros del Interior se cruzaron en sus inicios

Porque antes del Congreso y la guerra política, Marlaska se labró un prestigio de juez. Nacido en Bilbao en 1962, preparó oposiciones bajo la dirección de Juan Alberto Belloch, futuro ministro de Justicia e Interior, y en diciembre de 1987 obtuvo su plaza. Su primer destino fue en Santoña (Cantabria), donde sustituyó a José Antonio Alonso, otro futuro ministro del Interior. Parecía que el destino iba marcando su camino.

En Santoña, el primer caso que instruyó fue el suicidio de Rafi Escobedo, que cumplía condena en prisión por el asesinato de los marqueses de Urquijo. Y él cuenta en su autobiografía ('Sin pena ni miedo', 2016) que dio su primera entrevista en 1989 a la revista 'Man' en una portada en la que aparecía Maribel Verdú. Nunca rehuyó los focos y fue el primer juez estrella en salir del armario.

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Aterrizó en la Audiencia Nacional en 2004 y la casa, siempre sujeta al foco mediático, no tardó en catapultarlo al cielo. Enseguida se hizo un hueco como estandarte de la lucha antiterrorista, en unos años en los que las causas contra ETA o su entorno copaban casi toda la actividad del tribunal especial. Los mismos mandos que ahora lo rechazan lo tenían entonces en gran estima. Su fama de duro le llevó a ser objetivo de la banda. En 2006 el jefe del comando Vizcaya reconoció que se le había ordenado realizar seguimientos y vigilancias en su casa de vacaciones de Ezkaray (La Rioja) para atentar en su contra.

Al destituir a Corbí, un intocable, quiso mandar un mensaje de firmeza pero la Guardia Civil lo percibió como de desconfianza

En sus memorias recuerda un día que un etarra, que declaró ante él y que negaba todos los hechos, se dejó en su mesa el botellín de agua que había pedido antes del interrogatorio. Al irse, Marlaska usó la botella para solicitar una prueba de ADN que acabaría implicándolo en el crimen.

Su capacidad, su perfil serio, riguroso e implacable resultó fundamental para cimentar una estrecha cooperación con Francia más allá de lo político. Cuentan los que le conocen que incluso la mítica Laurence Levert le incluye en su núcleo de confianza. El colmo de la dicotomía, del antes y el ahora, llegó con el Faisán, la causa sobre el chivatazo a ETA en un bar de Irún de nombre ya imborrable. Tras asumir el caso en sustitución del Baltasar Garzón, por entonces de permiso para una etapa como docente en EEUU, Marlaska llegó y, como describió uno de los testigos en declaraciones judiciales, "les jodió la marrana". Ordenó la detención del dueño del establecimiento y otras 12 personas por alertar de una operación en marcha para desarticular un comando. Exigió entonces la misma reserva al grupo policial que cimentó la investigación que la guardada por Pérez de los Cobos al mando de los hombres que trabajan ahora bajo la supervisión de la jueza del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel.

Hay quien dice que utilizó su juzgado como trampolín político. Desde el Central 3 de la Audiencia Nacional algunas de sus actuaciones gustaban al PP. Es el caso del Yak-42, el accidente del avión militar que le costó la vida a 62 militares en la etapa en la que Federico Trillo estaba al frente de Defensa. Archivó aquel procedimiento y se ganó el rencor eterno de los familiares de la víctimas al reflejar en un auto que la falta de identificación de 30 de los 62 cadáveres era una cuestión "inane, inocua e intranscendente" (a efectos penales). Se colocó también del lado de los jueces Enrique López —ahora consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid— y Concepción Espejel en plena lucha fratricida entre magistrados por las recusaciones para juzgar las causas de Gürtel y la 'caja B' del PP.

Su trayectoria levantó la desconfianza del ala más a la izquierda a su llegada al Ministerio. Sus antiguos amigos, conservadores, no le perdonan el salto a un Ejecutivo socialista. Porque una vez en el Gobierno, Marlaska se fue identificando cada vez más con el PSOE. "Yo soy, evidentemente, una persona progresista y estoy en un Gobierno progresista —por eso lo estoy—, pero no pertenezco al Partido Socialista, no me he integrado en él. No soy el portavoz del Partido Socialista, no estoy en el comité de dirección del Partido Socialista, pero estoy encantado de pertenecer a un Gobierno del Partido Socialista, de Pedro Sánchez", le respondió la semana pasada en el Congreso a Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, que se sonreía en su escaño. Ambos habían coincidido en bastante causas en la Audiencia Nacional. Uno como juez y el otro como abogado del Estado.

Aunque no es militante —no puede serlo por ser juez—, llegó a ser diputado por Cádiz en dos ocasiones. No tenía relación con la provincia pero se fue allí a veranear y antes de la pandemia hizo del plan de lucha contra la droga en el Estrecho su principal objetivo. Ya estaba en tierra de nadie, en la isla de su departamento y agarrado a sus más leales. Marlaska ha ido digiriendo y haciendo suyo el pacto con Podemos y los acuerdos con ERC y hasta con Bildu.

Al identificarse cada vez más con el PSOE, sus viejos colegas de la Audiencia, conservadores, se fueron alejando de él. Quedó en tierra de nadie

Tras los segundos comicios, y al ser renovado como ministro del Interior, hizo un equipo a su medida, sin contrapesos. De secretario de Estado nombró a otro juez muy próximo a él, Rafael Pérez Ruiz. La lealtad estaba fuera de dudas. Pero también se acabó cualquier atisbo de discrepancia en el gabinete. Quizá el mejor ejemplo de que Marlaska sigue llevando la toga tatuada lo dio en una entrevista a 'El Correo' el pasado 5 de abril, con los hospitales desbordados con casos de covid-19. "No tengo ninguna razón para arrepentirme de nada ni este Gobierno tiene ningún motivo para arrepentirse de nada". Parecía un juez hablando a un letrado más que un político a un periodista.

Poco más de un mes después llegó el informe del 8-M. El 21 de mayo, la Guardia Civil entregó a la jueza del 8-M un informe contra el delegado del Gobierno en Madrid que adelantó El Confidencial. También apuntaba al portavoz de Sanidad, Fernando Simón —la jueza ha tenido que aclarar que la investigación judicial no va contra este—. El informe incurre en sesgos y omisiones evidentes para apuntalar la acusación contra el Ejecutivo. Cita, por ejemplo, una orden previa al 8-M en el que supuestamente la Comunidad de Madrid pedía evitar reuniones masivas pero oculta que solo era una indicación para personas infectadas o sus contactos. La frase que no servía al propósito de la Guardia Civil —"la población general puede continuar con su actividad con toda normalidad"— fue mutilada.

La Abogacía del Estado está personada en la causa y pudo tener conocimiento del documento y el 24 por la noche, domingo, Marlaska llamó al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid, para reprocharle el contenido del documento. El problema es que la jueza del 8-M había advertido a los investigadores que no podían hablar con nadie de sus pesquisas —como hacía Marlaska en sus tiempos de juez— así que, en teoría, Pérez de los Cobos no podía conocerlo, y mucho menos difundirlo y comentarlo. De esa conversación salió destituido. Al estilo de Marlaska. Como si su departamento fuera su juzgado. Otra vez, quería mandar un mensaje. Como con Corbí, no esperó, y fulminó a Pérez de los Cobos, el alto mando clave en el 1-O, un icono a punto de ascender a general, uno de los mandos más respetados del cuerpo. Y desató la tormenta.

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Para acceder y tumbar al documento, Marlaska tenía otra vía más sencilla, la Abogacía del Estado que, como en otros casos, defiende al Ejecutivo. El Ejecutivo está convencido de que la causa no tiene recorrido y que le dio aire el cese de De los Cobos y la polémica —la jueza ha avisado de que actuará si constata que el relevo es una intromisión en su trabajo—.

La cúpula de la Guardia Civil, acostumbrada a mandar sobre su estructura, ha encontrado en Marlaska al primer ministro que le echa un pulso y, de momento, le dobla el brazo. Pero el ministro nunca lo ha explicado así. Vendió que el cambio era una reestructuración de equipos pero sigue sin sustituto para Pérez de los Cobos. Se ha saltado el escalafón para completar la nueva cúpula y, para calmar las aguas, ha acelerado el último tramo de la equiparación salarial (250 millones para funcionarios en plena antesala de recortes de dinero público). El precio de la lealtad que exige el ministro no es menor. En previsión de un otoño caliente de protestas, con una brutal crisis económica llamando a las puertas, con el Gobierno acusando a la oposición de golpista, Marlaska ha incendiado a la Guardia Civil. Los chats de agentes echan humo de mensajes contra el Ejecutivo.

El ministro tiene un grupo de amigos que se hacen llamar 'las salamandras'. Él lleva uno de estos animales tatuado "por su capacidad de regeneración". Cuando una salamandra sufre una amputación, tarda unos meses en desarrollar un miembro nuevo y funcional. Hasta ahora ha hecho gala de una pasmosa capacidad de recuperación. Necesitará sus poderes anfibios para hacer frente a las próximas semanas.