El papel de Sánchez el 8-M, en manos de la jueza de los másteres de Cifuentes y Casado

La responsabilidad del Gobierno al permitir las marchas del 8-M, los partidos de fútbol de la Liga ese fin de semana o el mitin de Vox en Vistalegre y su influencia en la propagación del coronavirus han llegado a los juzgados. Y será una jueza conocida por complicar la vida de los políticos —Carmen Rodríguez Medel— la que instruya la causa. De momento, el Ejecutivo socialista insiste en retrasar la aparición de los síntomas de la epidemia a "la tarde noche" del 8-M, justo cuando estaban terminando las concentraciones que, solo en Madrid, congregaron a 120.000 personas.

Rodríguez Medel, hija y hermana de guardias civiles y a la que incluso algunos medios colocaron como favorita para dirigir el cuerpo en el último relevo —algo que el ministro Grande-Marlaska negaba a quien se lo preguntaba—, ha incoado diligencias previas por prevaricación administrativa y/o lesiones por imprudencia profesional contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, el único sobre el que la jueza tiene competencia, y pide al particular querellante que traslade al Supremo el procedimiento contra Pedro Sánchez por prevaricación y a los órganos judiciales correspondientes de cada comunidad los de cada delegado del Gobierno.

El Gobierno va a tener difícil intentar ver una intencionalidad política detrás de la decisión de la jueza, porque precisamente fue Rodríguez Medel la encargada de llevar el caso máster de Cristina Cifuentes y la que puso contra las cuerdas después a Pablo Casado en una instrucción que acabó tumbando el Supremo. Jueza conservadora perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura, Rodríguez Medel llegó a los juzgados de plaza de Castilla en enero de 2018 tras ser durante 11 meses asesora del ministro de Justicia con el PP Rafael Catalá.

Tras una rápida instrucción, envió al Supremo la causa de Casado por su máster al ver "pruebas indiciarias de delito". El TS lo acabó tumbando

Si alguien creía que esas credenciales iban a influir en su labor, se equivocaron. En abril de ese año, se hizo cargo desde su juzgado de Instrucción 51 del caso máster, que acabó llevándose por delante a la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. Posteriormente, y tras una rápida instrucción, envió la causa de Pablo Casado por su máster al Supremo al ver "pruebas indiciarias de delito". El Supremo lo acabó tumbando​.

Aspirante a suceder a Garzón

Tras pasar por los juzgados de Santoña y Fuenlabrada, se curtió profesionalmente en Marbella con un caso mediático: como titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad costasoleña instruyó el caso Minutas y las investigaciones contra Juan Antonio Roca, además de ser magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Marbella. Siempre quiso dar el salto a la Audiencia Nacional y en 2010 llegó a estar en la terna final para sustituir al entonces juez Baltasar Garzón. Finalmente, fue elegido Pablo Ruz.

Ahora, esta firme defensora de las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción —que tanto protagonismo tiene, por ejemplo, en el caso Villarejo y sus más de 20 piezas abiertas— ha ordenado "sin prisa" en su auto al forense un informe sobre si las concentraciones fueron susceptibles de causar riesgos evidentes para la vida; una estadística de probabilidad en la que se le indique si hay datos que evidencien el daño "a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron", indica. Hay que recordar que han sido infectadas con el coronavirus Irene Montero, Carolina Darias, Carmen Calvo, Begoña Gómez o la madre de Pedro Sánchez.

La jueza pide una estadística en la que se le indique si hay datos que evidencien el daño del 8-M "a la vista del índice de personalidades que acudieron"

Ordena también a Policía y Guardia Civil que rastree el informe del centro europeo y la existencia o inexistencia de recomendaciones sanitarias del Gobierno central en los días previos a las concentraciones masivas. También todas las comunicaciones hechas a la Delegación del Gobierno y si se instó a la toma de medidas de precaución como guantes o mascarillas para acudir a esas marchas —algo que sí llevaban algunas ministras, aunque aseguran que es un símbolo de la lucha del Día de la Mujer—.

Illa retrasa todo "a la tarde noche del 8-M"

La personalidad de la jueza y las diligencias ordenadas anticipan recorrido judicial a la querella, al menos en Madrid. De momento, el Gobierno insiste en situar el comienzo de los casos de manera alarmante en el 9 de marzo. Así al menos lo aseguraba en la carta enviada a la OTAN para solicitar material. Sin embargo, este mismo miércoles, el ministro de Sanidad acotaba aún más y aseguraba que el contagio "importante" se produjo en la última semana de febrero y solo se manifestaron sus síntomas "en la tarde noche" de ese domingo 8 de marzo... Cuando estaba disolviéndose la concentración de Madrid.

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"Lo que detectamos la tarde-noche del 8 de marzo se produjo ocho o 10 días antes, y estimamos que hacia la última semana de febrero es cuando se produjo el contagio importante en algunas partes del territorio español, en concreto, en la Comunidad de Madrid, y esto es lo que sabemos", ha respondido Illa.

A la espera del curso que tome judicialmente la instrucción de la querella, lo cierto es que la manifestación del 8-M y el papel del Ejecutivo protagonizarán la lucha política al menos por parte del PP. La diputada Rosa Romero asegura que "en la carta que ha enviado el Gobierno a la OTAN pidiendo ayuda de material, reconocen la incapacidad de obtenerlo. Lo indignante del escrito es que el Gobierno indique el 9 de marzo como el inicio de la pandemia, tras las manifestaciones del 8 de marzo con 1.200 contagiados y 30 fallecidos".

Rafael Hernando (PP) "Le escriben a la OTAN que la crisis empezó en España el 9-M. Como Pilatos: lavándose las manos. No cuela"

Más crítico se ha mostrado el senador por Almería y miembro de la Mesa de la Cámara Alta, Rafael Hernando, que asegura que las "mentiras y manipulaciones" del Gobierno "empiezan a ser patológicas". "Le escriben a la OTAN que la crisis empezó en España el 9-M. Como Pilatos: lavándose las manos. No cuela", ha enfatizado, para añadir que "lo del Gobierno y su secretaría de Estado de desinformación y propaganda es de lo más bananero" que han conocido "en 43 años de democracia".

De la misma manera, el parlamentario cántabro Javier Puente ha afeado al Gobierno que en sus gráficas sitúe que "todo empieza el 9 de marzo". "De verdad, esta gente no tiene ni vergüenza ni escrúpulos". La guerra está servida.