La Fiscalía apoyará a la Abogacía en contra de la causa sobre el 8-M
El Ministerio Público se muestran "muy molesto" con la magistrada que preguntó a los fiscales antes de abrir la investigación por prevaricación contra el delegado del Gobierno
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La Fiscalía apoyará a la Abogacía del Estado en el procedimiento abierto por la juez del 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, por la celebración de la manifestación feminista del 8-M en Madrid unos días antes del la declaración de la alarma. Según informan a El Confidencial fuentes de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público tiene previsto pronunciarse ante la Audiencia Provincial a favor del cierre de las diligencias. Esta instancia tiene sobre la mesa un recurso de apelación presentado por la abogada jefe de penal, Rosa María Seoane, contra la apertura de la instrucción que ha conducido a la imputación por prevaricación del delegado del Gobierno José Manuel Franco. Con los plazos procesales suspendidos, no será hasta el próximo 4 de junio cuando el fiscal presente su escrito.
Las fuentes señaladas se muestran "muy molestas" con el proceder de la magistrada que no recabó el parecer de los fiscales antes de abrir la investigación. Esto ha provocado que, por el momento, el Ministerio Público no haya podido expresar su criterio respecto al polémico procedimiento que ha conducido al cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por el contenido de un informe del cuerpo. La jueza abrió las diligencias el pasado marzo tras recibir por reparto la denuncia de un particular y sin pedir antes informe fiscal. La acción penal se admitió en un inicio por prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional, pero este segundo delito quedó descartado días después.
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La Fiscalía también está molesta por la advertencia de reserva que le hizo la jueza. Algo que consideran inusual porque la Fiscalía es informada, incluso, de las causas declaradas secretas. En concreto, en unas de sus últimas providencias destacaba que la regulación de la Policía Judicial impone que los agentes, entre ellos los miembros del Instituto Armado adscritos a su juzgado y hasta hace poco bajo las órdenes del coronel Pérez de los Cobos, debe guardar "rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas". "Solo se informará a esta magistrada-juez", lanzaba. También hacia extensiva este aviso a las partes, incluyendo la Fiscalía.
La Abogacía, en ejercicio de defensa de Franco, apeló directamente a la Audiencia de Madrid solicitando la revocación de aquella decisión. En su escrito critica con dureza a la magistrada a la que acusa de convertir la instrucción "en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria" y de violar el estado de alarma al dar impulso al procedimiento cuando los tribunales deben limitar su actividad a los asuntos urgentes. El escrito indicaba que la magistrada ha obviado esta situación excepcional y ha imprimido a las diligencias una "celeridad inusitada" con base en una querella que reflejaba "una mera hipótesis". Esta actitud —señalaba— deja indefenso al delegado del Gobierno.
"Investigación prospectiva"
Seoane también destacaba que las decisiones de Medel apuntan a la apertura de una investigación prospectiva, es decir, montada con la única intención de perseguir a Franco, y por extensión al Gobierno, penalmente. Ese "afán de encontrar indicios" no solo sorprende a los servicios jurídicos del Estado sino que desborda las competencias de la instructora. "Las diligencias acordadas no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado", indicaba.
El apoyo de la Fiscalía a que se revoque el auto por el que se abrieron las actuaciones deja la causa en manos de las acusaciones populares
El apoyo de la Fiscalía a que se revoque el auto por el que se abrieron las actuaciones deja la causa en manos de las acusaciones populares. La jueza ha admitido ya la personación de una asociación de consumidores y de sus providencias se deduce que recibe numerosas solicitudes de adhesión. Mantiene para el próximo 10 de junio la declaración de Franco como imputado pese a que la Abogacía ha solicitado la suspensión hasta que se pronuncie la Audiencia Provincial.
El Ministerio Público tiene también pendiente informar sobre otras dos denuncias que recayeron en juzgados de Madrid presentadas contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. El 11 y el 53 de la capital recibieron denuncias pero, en este caso, se dirigieron a los fiscales antes de decidir si admiten a trámite o archivan.
La Fiscalía apoyará a la Abogacía del Estado en el procedimiento abierto por la juez del 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, por la celebración de la manifestación feminista del 8-M en Madrid unos días antes del la declaración de la alarma. Según informan a El Confidencial fuentes de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público tiene previsto pronunciarse ante la Audiencia Provincial a favor del cierre de las diligencias. Esta instancia tiene sobre la mesa un recurso de apelación presentado por la abogada jefe de penal, Rosa María Seoane, contra la apertura de la instrucción que ha conducido a la imputación por prevaricación del delegado del Gobierno José Manuel Franco. Con los plazos procesales suspendidos, no será hasta el próximo 4 de junio cuando el fiscal presente su escrito.