Sanidad oculta los umbrales para evaluar las CCAA y el nombre de los 'examinadores'

Con los datos ya en poder del Ministerio de Sanidad, comienza la evaluación de verdad. El Gobierno deberá decidir en apenas 48 horas qué provincias, islas o áreas sanitarias pasan a la fase 1 de la desescalada en la lucha contra el covid-19. Pero no será exactamente como un concurso público, en el que se conocen los baremos de calificación y los puntos asignados. El examen a las comunidades autónomas "no serán matemáticas", reconocen en el Ejecutivo, ni el camino para llegar a esa 'nota' será tan obvio y "transparente", como prometió el presidente, Pedro Sánchez. Ni se conocerán los nombres de todos responsables de analizar las variables. El dictamen que recibirá cada territorio, a fin de que pueda subir el siguiente peldaño, tendrá en cuenta criterios objetivos, numéricos, y otros cualitativos. Y la decisión final será producto de una negociación política entre Sanidad y cada comunidad, aunque si hay discrepancia, prevalecerá el criterio del equipo comandado por Salvador Illa. Mecanismo nada sencillo que pronostica posibles tormentas con algunas CCAA, caso de Madrid.

Este miércoles, el ministerio recibió las últimas propuestas pendientes de las comunidades. Entre ellas, Cataluña, que solicitó el avance a la fase 1 en tres áreas (Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y Alt Pirineu-Aran), y Madrid, que sorprendió con su petición de saltar a la fase 1 cuando la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, había asegurado horas antes en RNE que "no tenía prisa". Los movimientos serán bastante rápidos, porque la previsión del Ejecutivo es que este viernes ya haya una decisión sobre qué territorios pasan de pantalla a partir del próximo lunes, 11 de mayo. La intención, de hecho, es que el mismo sábado el BOE publique las respectivas órdenes ministeriales, que certificarán la progresión de nivel de aquellas áreas que hayan obtenido el aprobado.

El procedimiento de desescalada se basa en un modelo de cogobernanza, corregido este mismo miércoles en el Congreso después de que el Gobierno aceptara la enmienda del PNV a cambio de su sí a la cuarta prórroga del estado de alarma, que se extenderá hasta las 00:00 del 24 de mayo. Las CCAA hacen sus propuestas de qué provincias o islas —o territorios de ámbito inferior— y las elevan a Sanidad. Propuestas que incluyen las medidas a adoptar, que han de estar basadas en las medidas previstas por el plan de transición aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada. También deben adjuntar un análisis de las "capacidades estratégicas disponibles en el sistema sanitario, de la evolución epidemiológica en el territorio y de los mecanismos para reducir el riesgo de transmisión en la población". También deben indicar "cualquier aspecto económico, social o de movilidad que pueda ser relevante para la toma de decisiones", tal y como describió Sánchez en el pleno.

Illa recibió este miércoles las últimas propuestas: de Cataluña, que pide el salto de solo tres áreas, y Madrid, que sorprende al pedir el avance a fase 1

A continuación, Sanidad estudia "con cada comunidad las propuestas remitidas". Es lo que está haciendo Illa estos días: el martes ya analizó bilateralmente la documentación con los gobiernos de Baleares, Murcia y Extremadura; el miércoles siguió con Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias. A su vez, la responsable del equipo de desescalada, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, se ha ido reuniendo de manera "paralela" con los equipos de Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, La Rioja, Ceuta y Melilla. Este jueves se continuará con las restantes CCAA. Se adoptará una decisión "preferentemente consensuada", y de lo contrario decidirá el ministerio. Fruto de la negociación con el PNV, las CCAA sí tendrán "capacidad interpretativa para desarrollar las órdenes que se dicten, dada lógicamente la complejidad que tiene la situación y la imposibilidad de llegar al máximo detalle" en las órdenes ministeriales que firma Illa, según explicó Sánchez.

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Se añaden las PCR en 24 horas

En el examen, hay dos requisitos imprescindibles y previos. Dos números fijos que Sanidad sí exige para poder avanzar de fase y que figuran en la orden ministerial publicada el pasado domingo en el BOE. Las comunidades han de demostrar que disponen de la capacidad para instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de UCI y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. Son las dos condiciones inamovibles. Y de carácter claramente numérico y mensurable. Además, se considera "requisito indispensable" para la toma en consideración de las propuestas enviadas que la comunidad proponente siga cumpliendo con su obligación de remitir a Sanidad información de manera "puntual y con la debida calidad".

Solo hay dos requisitos inamovibles: camas de UCI y de agudos. Además, hay indicadores epidemiológicos, de movilidad y socioeconómicos

Pero el resto de parámetros no tienen esas referencias numéricas tan claras. Hay comunicación de números, pero no están claros los umbrales. En el panel de indicadores integral que acordó Sanidad con las CCAA [aquí en PDF], se desgranaban los datos que los gobiernos regionales han de reportar. Agrupados en tres categorías. Por un lado, marcadores epidemiológicos. En este cajón entran el número de casos sospechosos de coronavirus, casos confirmados por laboratorio, no hospitalizados, ingresados, en UCI, fallecidos, casos en sanitarios, PCR realizadas. También el número de 'rastreadores del virus', tiempo entre la fecha de inicio de síntomas y la confirmación de positivos, porcentaje de casos nuevos, número de contactos estrechos identificados por caso. Y también, claro, la ocupación de UCI y de camas de agudos de covid y no covid, material en 'stock', respiradores de reserva, capacidad diagnóstica de los laboratorios o equipamientos no sanitarios que pueden ser medicalizados.

La segunda categoría son los indicadores de movilidad: interior, exterior, movimientos de largo recorrido, utilización del transporte público, movilidad por área de residencia o transporte de pasajeros y mercancías. El tercer gran contenedor son los parámetros económico-laborales (afiliación a la Seguridad Social, ERTE, consumo de energía eléctrica...).

Ya Sanidad advertía de que la "interpretación de estos indicadores no estará sujeta a umbrales, sino que se hará un análisis conjunto teniendo en cuenta el contexto y todos los factores condicionantes que pueden influir sobre la epidemia". "Se valorará así el avance realizado en las distintas unidades geográficas", señalaba el documento aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril. Esta semana, el ministerio consensuó con los consejeros que a los casos sospechosos de covid-19 se les realice la prueba de PCR en las primeras 24 horas desde que aparecen los síntomas. Aspecto fundamental, junto con el rastreo de casos, que precisa del refuerzo de la atención primaria.

Riesgo de guerra política

En definitiva, "es un análisis técnico de criterios objetivos, numéricos, evolución epidemiológica, capacidad de suministros...", resumen fuentes oficiales del ministerio. Desde el Gobierno se insiste en que no es una evaluación al uso, que parte de una matriz, unos baremos. No, no es así, "no son matemáticas", ya que hay multitud de elementos que hacen que "la ecuación final sea distinta". También porque, al final, la decisión de avanzar de fase es producto de una negociación bilateral entre el Ejecutivo y cada comunidad. "Por ejemplo, se puede dar el caso de que un territorio no cumpla uno de los indicadores y se estime que puede progresar, aunque a lo mejor se dispone una medida de control adicional. Se trata de un examen conjunto, con criterios objetivos pero también con elementos cualitativos, y por tanto cabe la interpretación. No es tan sencillo".

Ribera: "Hemos optado por ese enfoque cualitativo, integral, de los datos que vamos viendo, sin tener que fijar umbrales, que irían cambiando"

Teresa Ribera lo explicaba el pasado domingo en 'El objetivo', tras enfatizar que los epidemiólogos ha discutido esto durante "mucho tiempo": no es igual, decía, que aparezca un nuevo caso hoy a que aflore ese positivo después de muchos días sin registrar ninguno. "La alarma, por ejemplo, en una de las islas [que ya están en fase 1] sonaría de manera distinta. Lo que hay es una ponderación de la evolución: qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los territorios con arreglo a los datos que se siguen en tiempo real. Cuanto antes se identifica un nuevo caso, tenemos más margen para reaccionar y darnos holgura y evitar lo que ocurrió en marzo y abril, con los hospitales saturados". "Hemos optado por ese enfoque cualitativo, integral, de los datos que vamos viendo, sin tener que fijar umbrales, que irían cambiando, aunque evidentemente los umbrales de seguridad serían una referencia en cada uno de los territorios", abundó.

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Ese enfoque, sin embargo, choca con lo que Sánchez anunció en su comparecencia ante los medios del 25 de abril. Él anunció que todo el proceso de desescalada "se regirá por un mismo cuadro de mandos integral para el conjunto del país". Cuadro que integrará "varios marcadores que serán valorados, tanto desde el punto de vista cuantitativo, como también desde el punto de vista cualitativo". "Este cuadro de mandos integral y los marcadores que lo componen serán accesibles al público, de modo que cualquier ciudadano de a pie, desde cualquier territorio, podrá conocer los criterios objetivos en los que se van a basar las autoridades públicas para fundamentar las decisiones políticas que van a regular el camino hacia esa nueva normalidad". Es cierto que ese panel de indicadores es público, pero lo que no son conocidos son los baremos.

Desde el 25 de abril, no obstante, el Ejecutivo ha tenido que moverse ante las demandas de la oposición y de las comunidades, de tal manera que esa pretensión inicial del presidente ha tenido que mudar para dar más peso a las autonomías, como se plasma en la orden ministerial del pasado domingo y en la enmienda aceptada al PNV.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, explicó este jueves que si una comunidad no tiene casos desde hace 14 días "está en una posición favorable", pero si no los detecta porque no hace PCR o no identifica pacientes sospechosos, "ese criterio ya no vale". "Los objetivos, criterios, son fáciles de identificar, no hay ningún problema en mencionarlos, pero los umbrales y los puntos de corte no se pueden dar porque no los hay. Tenemos que compararlos en conjunto. Hay orientaciones, pero se tienen que valorar con el resto de los parámetros. Cada uno de los informes que se haga tendrá un detalle de cómo se valoran cada uno de ellos y cómo se valora en conjunto. Es la orientación más lógica, más honesta y más segura para toda la población de España", respondió. Y poco después el ministro, en el Congreso, señaló que las propuestas de las CCAA serán siempre "interpretadas con criterios de flexibilidad". "No es una 'checklist', es una evaluación cualitativa".

"Los criterios son fáciles de identificar, pero los umbrales no se pueden dar porque no los hay. Se tienen que valorar en conjunto", explica Simón

El modelo de cogobernanza, no obstante, tiene un filo de riesgo para Sanidad. Si el ministerio toma una decisión no consensuada con un gobierno, puede sobrevenir el conflicto. Y eso se barrunta que puede pasar con Madrid, puesto que Díaz Ayuso defiende que toda la región pase a la fase 1. El Ejecutivo central tiene serias dudas, puesto que Madrid y Cataluña siguen concentrando el mayor número de contagios y muertes por coronavirus. Un no de Sánchez puede ser utilizado por la presidenta madrileña para presentarse como víctima, coherente con su estrategia de confrontación total con el líder socialista.

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No se dan los nombres por las "presiones"

¿Y quién examina a las comunidades? En los últimos dos días, Sanidad y la Moncloa han distribuido imágenes de las reuniones bilaterales por videoconferencia, presididas, desde el Gobierno, por el ministro Illa y el doctor Simón. El médico epidemiólogo montó el actual CCAES en 2003, con Ana Pastor de ministra, y desde entonces ha resistido administraciones de todo signo. Desde enero es la cara de la pandemia y el experto de cabecera de Illa, hasta el punto que, de cara a la opinión pública, ha desplazado a quien es su jefa en el organigrama, la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio. Tampoco ha tenido proyección en esta crisis el número dos del ministro, Faustino Blanco, secretario general de Sanidad.

Fuentes del Ejecutivo señalan que el equipo que evaluará a las CCAA, de 12 personas, lo forman , funcionarios expertos en salud pública de Sanidad

Este miércoles, los medios preguntaron a Simón por el equipo que se encargará de examinar a las CCAA. "No les voy a dar nombres de ninguna persona", aseguró. ¿Por qué? "Las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre por parte de la sociedad y de los medios de comunicación acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Si me lo permiten, no voy a dar el nombre de ninguno. Son un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública, que trabajan muy estrechamente cada uno de ellos con la comunidad que les corresponde. Somos 12 personas trabajando con las CCAA y las dos ciudades autónomas y lo mejor que podemos hacer es dejarles que hagan su trabajo correctamente y de la manera más independiente posible".

Fuentes del Ejecutivo explicaron que esas 12 personas, salvando obviamente a Simón, son "expertos en salud pública del ministerio", altos funcionarios que trabajan en la casa y que no son externos —o sea, no han sido reclutados por el Gobierno para una tarea específica, como hizo Ribera con los científicos con los que diseñó la desescalada—. Son los homólogos, añaden, a los funcionarios de salud pública que trabajan para las CCAA. Illa, este jueves, tampoco amplió más: las evaluaciones recaen en el CCAES y en la Dirección General de Salud Pública, por parte del Gobierno, y las direcciones de Salud Pública de las autonomías. El ministerio "ha reforzado" su unidad en esta crisis.

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Congelación de la Ley de Transparencia

En la Moncloa recuerdan, además, que no hay obligación de facilitar la identidad de los funcionarios, salvo que estos sean altos cargos. Se remiten al artículo 15.2 de la Ley de Transparencia de 2013, aprobada por mayoría absoluta por el PP. La norma señala que, con carácter "general", "se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano".

En la Moncloa indican que no hay obligación legal de dar nombres y apellidos de funcionarios públicos que no sean altos cargos del Gobierno

Desde la declaración del estado de alarma, no se tramitan las solicitudes de información remitidas al Portal de Transparencia, porque los plazos administrativos se encuentran suspendidos. El Gobierno se ha negado por ahora a excepcionar todo lo relativo a la transparencia. De hecho, Sanidad acabó publicando los contratos de suministro firmados durante la crisis después de que Hacienda recordara que la contratación de emergencia no impide que se pueda conocer la adjudicación y el contratista.

Precisamente este miércoles Sanidad informó de que en la última semana ha distribuido entre las CCAA más de 1,4 millones de test rápidos de anticuerpos. Desde que comenzó la crisis del covid-19, el Ejecutivo ha puesto en manos de los gobiernos regionales un total de 4.214.724 unidades, que forman parte de la compra de cinco millones de kits adquiridos por el Gobierno y cuya entrega se completará "en los próximos días". Sanidad ha enviado a las comunidades, desde el 10 de marzo y hasta el 4 de mayo, más de 96 millones de unidades de material sanitario, entre equipos de protección individual, test de detección y dispositivos de ventilación invasivos y no invasivos.

Todas las CCAA quieren pasar a fase 1, salvo Cataluña y Castilla y León

Como se había previsto, la práctica totalidad de las comunidades autónomas quieren progresar a fase 1 a partir del 11 de mayo. 

-Hay CCAA que plantean que la integridad de su territorio progrese de nivel. Es el caso de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Madrid, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla. 

-Cataluña. La Generalitat, consciente de su situación epidemiológica, pide que avancen solo tres áreas sanitarias: Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu y Arán. Quedan fuera Barcelona, Girona y parte de Lleida. 

-Castilla y León. La Junta cree que solo 26 áreas sanitarias, que agrupan a 53.000 habitantes, están listas para subir un peldaño. La provincia entera que quedaría fuera de la progresión es Segovia. 

-Andalucía. Pide transitar a la fase 1, pero que los distritos sanitarios de Granada, su área metropolitana y Málaga lo hagan "con salvedades de transición". ¿Cuáles? Pues que en estas tres áreas sanitarias (de las 33 de toda la comunidad) no se permitan funerales y velatorios más allá de la estricta intimidad, que no se puedan celebrar reuniones, seminarios ni congresos científicos y que no se permitan espectáculos al aire libre, mercadillos ni actividades similares, informa EFE. 

-Asturias y Aragón. Ambas comunidades piden pasar a la fase 1, pero piden que algunas de sus comarcas vayan más rápido y salten a la etapa 2. En el caso de la primera, se trataría de acelerar la desescalada en 13 concejos agrupados en la zona del Valle del Navia-Oscos-Eo, en el extremo occidental, y en los Valles del Oso, en la zona central. En el caso de la segunda, se trataría de que determinadas comarcas -de acuerdo al cumplimiento de una serie de parámetros sanitarios, demográficos y de movilidad- pasaran a la fase 2. "De esta forma, se anticiparía la normalización de la actividad en el medio rural", indican fuentes del Ejecutivo que preside el socialista Javier Lambán. 

-Cantabria. Quiere pasar toda la comunidad a fase 1, pero además reclama que se adelante la desescalada a actividades de la región como los bolos y la pesca recreativa y que se abran ya concesionarios e ITV.

-Baleares y Canarias. Ambos gobiernos aspiran a que todas sus islas se sitúen en fase 1. Es decir, que Mallorca, Menorca e Ibiza se sumen a Formentera, que estrenó ese nivel el pasado 4 de mayo, y que ocurra lo mismo con Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote (ya entraron en fase 1 La Gomera, La Graciosa y El Hierro).