El Gobierno exigirá 1,5-2 camas de UCI por 10.000 habitantes para poder saltar de fase

La progresión de fase durante la desescalada será una cuestión que aborden bilateralmente Gobierno y comunidades autónomas a partir de ahora. Será una evaluación cuantitativa y cualitativa, aunque en última instancia quien decidirá será el Ministerio de Sanidad que, amparado por el mando único que le confirió el estado de alarma, tiene la potestad de relajar o restringir medidas de confinamiento en cualquier parte de España. Pero habrá dos números que el Ejecutivo mirará con lupa y que impone como de "obligado cumplimiento" para las CCAA: para saltar de nivel, han de garantizar previamente que en un plazo máximo de días disponen de entre 1,5 y 2 camas de UCI (el doble de la capacidad precovid) y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes, para estar preparadas ante posibles rebrotes. Son los dos únicos requisitos de carácter cuantitativo y previo para estudiar una subida de peldaño.

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Lo anunció este domingo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa conjunta con la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al término de la octava conferencia de presidentes que dirigió Pedro Sánchez y en la que el Ejecutivo se encontró con un mayor cuestionamiento del estado de alarma y una petición de mayor participación en las decisiones de los gobiernos autonómicos. Pero la tesis es la misma: la prolongación de la alerta es "imprescindible" para controlar la movilidad, principal vector de transmisión del coronavirus.

[Consulte aquí en PDF las cinco órdenes ministeriales que regulan las fases 0 y 1 de desescalada y consulte aquí la guía de preguntas y respuestas sobre la transición editada por el Gobierno]

El BOE publica este domingo, en una edición extraordinaria, un total de cinco órdenes ministeriales, con las que se pondrá en marcha formalmente el proceso de desescalada, precedido por las medidas de alivio del confinamiento ya implementadas (para niños, para el conjunto de la población y para el cuidado de huertos). Una, para plasmar sobre el papel el proceso de "cogobernanza" de la transición con las CCAA. Dos, para precisar la reapertura de negocios en la fase 0. Tres, para permitir las obras menores en viviendas deshabitadas y locales cerrados. La cuarta orden dicta la progresión de fase, hasta la 1, de las islas de Formentera, en Baleares, y de La Graciosa, El Hierro y La Gomera, en Canarias, y la quinta y última norma fija el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público, como el sábado anunció Sánchez y para lo que se distribuirá este lunes un total de 14,5 millones de unidades.

Las CCAA deberán hacer las propuestas de progresión de nivel con una semana de antelación. Para la primera vez, antes del 6 de mayo a las 14:00

En la primera de ellas, la que estipula el procedimiento para la desescalada, se da cuenta de cómo ir avanzando hacia la "nueva normalidad". Se establece un panel de indicadores [aquí en PDF], acordado con las comunidades, que sirven de referencia para constatar que se dan las circunstancias para progresar de fase o ir "con más cautela". Además, habrá reuniones técnicas y políticas bilaterales entre el Gobierno y cada autonomía para analizar "conjuntamente" las propuestas que cada Ejecutivo regional haga con una semana de antelación. En esta primera semana "extraordinaria", lo podrán hacer antes del próximo miércoles, 6 de mayo, a las 14:00, ya que aquellos territorios que estén preparados podrán pasar a la fase 1 el día 11.

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A vueltas con la provincia

La unidad de referencia, reiteró Illa, será la provincia o la isla, pero si "motivadamente" se plantean otras unidades que se ajusten mejor, "siempre y cuando se cumplan los criterios" que figuran en el plan de desescalada aprobado el pasado martes: el nivel de cumplimiento y estado de los parámetros establecidos, y también "la viabilidad de garantizar el aislamiento, desde el punto de vista de la movilidad, de ese territorio en concreto del resto de la provincia". O sea, que han de garantizar su estanqueidad, que son aislables si hay un repunte.

Además de la exigencia de garantía de camas de UCI y de agudos, las comunidades deberán cumplir con la obligación de remisión de información

En esta orden de Sanidad [aquí en PDF] queda bien claro que "será requisito imprescindible" para la progresión de fase dos condiciones: disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes, y garantizar, también en un plazo máximo de cinco días, entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. También será "requisito indispensable" para la toma en consideración de las propuestas enviadas por las comunidades autónomas que sigan cumpliendo con sus "obligaciones de remisión de información", y en particular con las exigencias marcadas por la orden 234 de 2020 dictada por el Ministerio de Sanidad. Ambas cuestiones son consideradas como requisitos previos para la toma en consideración de la propuesta que formule cada comunidad. Respecto a las camas de UCI, Sanidad ya había pedido duplicarlas respecto a la capacidad precovid. Es decir, lo que pide el Ejecutivo a las CCAA es que no desmantelen (o lo monten de nuevo con facilidad) el refuerzo asistencial que tuvieron que poner en marcha ante la emergencia que provocó la enfermedad.

No habrá, en cambio, un número de contagios a partir del cual se podrá avanzar o se obliga a retroceder. Sanidad ha acordado más una evaluación cualitativa con las CCAA, en la que se tendrán en cuenta, para empezar, las capacidades estratégicas del sistema sanitario. A saber: sistemas de alerta precoz y vigilancia epidemiológica; identificación y contención rápida de fuentes de contagio; capacidad de aislamiento y control de las fuentes de contagio confirmadas y potenciales, y refuerzo de la atención primaria y hospitalaria.

En segundo lugar, serán fundamentales en ese examen los "mecanismos y estructuras existentes y previstas para garantizar las medidas necesarias de protección colectiva para reducir el riesgo de transmisión". En tercer lugar, la "evolución epidemiológica en el territorio, en términos de transmisión, casos activos y capacidad de identificación, aislamiento y control de casos y contactos". Por último, se observarán otros elementos que se juzguen oportunos respecto al "impacto epidemiológico y sanitario" de la propuesta realizada por la comunidad en cuestión y cualquier "aspecto de relevancia desde el punto de vista económico, social o de movilidad". No obstante, Sánchez, durante su comparecencia del pasado 25 de abril, prometió marcadores "accesibles al público, de modo que cualquier ciudadano de a pie, desde cualquier territorio, podrá conocer los criterios objetivos" en los que se basarán las autoridades para progresar de fase.

No hay más valores numéricos en la orden del BOE. El Gobierno hará con las CCAA una evaluación cualitativo en base a una serie de indicadores

Además, el ministerio aconseja a las comunidades que mantengan el número de profesionales sanitarios durante la desescalada, tomando como referencia el que había en los momentos "álgidos" de la pandemia, el 27 de marzo, cuando se prorrogó por primera vez la alarma. Sí será necesaria, indica la orden, la "reorganización de los mismos de acuerdo con las prioridades de esta fase de transición, dotando a las estructuras de Salud Pública y atención primaria", fundamental en la detección precoz de contagios por SARS-CoV-2, "de los recursos necesarios". En definitiva, el Gobierno ya lanza el aviso para que las CCAA no caigan en la tentación de recortar personal una vez ha pasado el momento más duro de combate contra el virus. Es lo que, de hecho, ya ha empezado a hacer Madrid, convertida en foco del covid.

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"Dar más lecciones" que recibirlas

El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará pedir al Congreso la cuarta prórroga del estado de alarma, hasta las 00:00 del 24 de mayo. Pero el Gobierno ya sabe que tiene cada vez más voces en contra, en las CCAA y en la oposición. De ahí que públicamente tanto el presidente, este sábado, como Illa y Montero, este domingo, remarcaran el mensaje de que mantener la declaración es indispensable. El titular de Sanidad subrayó que el estado de alarma "ha funcionado" y se ha probado como un "instrumento eficaz" para contener la pandemia. Ha permitido, dijo, lograr las metas marcadas: "Siete semanas [de confinamiento], siete objetivos cumplidos". Del ritmo de crecimiento de los contagios del 35% se ha pasado al 0,39% de las últimas 24 horas.

Por lo tanto, mantener las medidas es "imprescindible", alegó Illa, para que la transición gradual y ordenada hacia la nueva normalidad se pueda completar. No prorrogar la alarma, apostilló Montero, es tanto como decir que "el trabajo previo de los ciudadanos no tiene ningún valor". El titular de Sanidad añadió que el Congreso es "soberano" para decidir, pero es claro que esta situación "tiene el consenso amplio de la sociedad", y estados de emergencia al español se están aplicando en otros países de nuestro entorno. La portavoz enfatizó que el Gobierno habla con todos los grupos políticos. También con el PP. "No creo que el problema de que determinada fuerza política apoye o no sea porque se ha hablado o no", valoró, en referencia a las críticas de Pablo Casado.

Illa recibió una pregunta de un cariz distinto. Un periodista holandés le planteó el modelo de "confinamiento inteligente" que se utiliza en Países Bajos, que se basa en la autorregulación y autodisciplina de los ciudadanos. La máxima es que si los individuos son responsables, mantienen la distancia de seguridad y se lavan las manos, no es necesario el encierro total.

"Voy a ser muy corto y claro", replicó el ministro, cortante. "En materia de ejemplaridad, responsabilidad, civismo y consciencia" ante la pandemia los españoles, dijo, no pueden recibir lecciones de "nadie". Más aún, "los españoles están en disposición más de dar lecciones que de recibirlas". Tanto él como Montero volvieron a agradecer a los ciudadanos su comportamiento "ejemplar" en estas siete semanas de confinamiento.

Reparto de mascarillas en 3.500 puntos este lunes y martes

Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno han recibido durante este fin de semana un total de 14,5 millones de mascarillas, de las que seis millones se repartirán en los nodos de transporte, otros siete millones han sido entregados a los ayuntamientos y las restantes, 1,5 millones, a entidades sociales en los territorios (500.000 para Cáritas, 500.000 para Cruz Roja y 500.000 para el Cermi). 

El Gobierno, como informó el Ministerio de Político Territorial, desplegará un amplio operativo en todas las CCAA para hacer posible una de las cinco órdenes ministeriales publicadas este domingo en el BOE, el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público, anunciada este sábado por Pedro Sánchez. El Sistema Nacional de Protección Civil, bajo la coordinación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, estará al frente de un dispositivo que prevé el reparto, en todo el territorio nacional, de hasta seis millones de mascarillas el lunes y el martes.

✅15.000 efectivos y➕ de 3.500 puntos de distribución:

▶️@proteccioncivil, FFCC de Seguridad del Estado, #DYA, Policías municipales y autonómicas
comunidades y ciudades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, delegaciones y subdelegaciones Gob, cabildos y consells insulares... pic.twitter.com/oD2jzBAIGZ

 

Política Territorial señaló que se han establecido más de 3.500 puntos de distribución en los principales nodos de transporte, en los que participarán voluntarios de Protección Civil, de Cruz Roja Española y de la DYA y policías municipales. Colaboran también miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas. En total, participarán más de 15.000 efectivos. El Sistema Nacional de Protección Civil funciona, bajo el estado de alarma, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska. 

La distribución de los siete millones de mascarillas que recibirán los municipios se hará con la colaboración de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y la Federación Espñola de Municipios y Provincias (FEMP), los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares. El Gobierno también entregará los 1,5 millones restantes a las tres entidades sociales citadas (Cruz Roja, Cáritas y Cermi). 

✅A partir del lunes 4 de mayo, coincidiendo con el inicio de la #Fase0 del 'Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad' 🌞, será obligatorio el uso de mascarilla 😷 en el transporte público 🚅🚍✈️

✅El Gobierno repartirá desde el lunes 14,5 millones de mascarillas. pic.twitter.com/CrO1bSZJbg

 

Del total de mascarillas (14.467.000), Andalucía es la que repartirá más unidades (2.591.000), seguida de Cataluña (2.360.000) y Madrid (2.050.000).