Sanidad reclama ahora a las comunidades PCR en 24 horas a las personas con síntomas

La desescalada ya está en marcha y el Ministerio de Sanidad rectifica respecto a la realización de PCR. Hasta ahora, se practicaban a los casos que llegaban a los hospitales, los más graves, no a los leves, a los que directamente se les pedía quedarse en casa pero a los que no se les hacía prueba. Pero ahora, con la transición ya arrancada y cuando se empieza el desconfinamiento y, por tanto, la movilidad, la detección precoz de los sospechosos es una prioridad para cortar los contagios y evitar su expansión. Por ello el departamento que dirige Salvador Illa considera "imprescindible" que se realice la PCR (o bien otra prueba diagnóstica) en las primeras 24 horas desde que los pacientes presentan síntomas. Se trata de declarar "con rapidez" cualquier caso que se comunique.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que agrupa al ministro Illa y a los consejeros autonómicos del ramo, consensuó en la tarde del lunes un "nuevo plan para ampliar la capacidad de detección precoz de cualquier caso de infección activa que pueda transmitir la enfermedad del covid-19". El objetivo es, como subraya el ministerio en un comunicado, identificar lo antes posible los casos sospechosos, aislarlos y confirmarlos. Estrategia que se acompaña de esta otra meta, muy relevante: vigilar y diagnosticar los contactos estrechos, lo que obliga a aumentar la capacidad de rastreo.

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Ambas cuestiones, detectar rápidamente sospechosos, aumentando la "capacidad de testeo", y vigilar a sus contactos, son el "eje central para poder acometer la fase de transición con las máximas garantías". El problema es que hasta ahora no se han hecho apenas test a los leves —los pacientes con síntomas que no necesitan hospitalización se quedaban sin diagnóstico por PCR— ni tampoco se ha impulsado el rastreo, algo capital. Pese al viraje, aún no se sabe cuántos 'rastreadores del virus' deberán contratarse para garantizar que la estrategia se cumple. Tampoco lo precisa el comunicado del Gobierno, si bien fuentes del departamento que dirige Illa señalan que la tarea de reclutar a quienes se encarguen del seguimiento de contactos, titánica, descansa en las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en salud pública. Tampoco hay operativa ninguna 'app' móvil qu facilite este trabajo. Pese a todo, ya está en marcha la transición hacia la "nueva normalidad", que implica la reactivación progresiva de la actividad económica, sin que por tanto estén implementados estos mecanismos de pronta identificación de las fuentes de contagio y rastreo de contactos.

Sanidad entiende que es "imprescindible reforzar la capacidad de detección a través de la atención primaria, mediante pruebas PCR u otras técnicas equivalentes de diagnóstico y que los centros de salud realicen una labor de vigilancia e identificación de los contactos estrechos". Ya lo había reclamado Pedro Sánchez a las comunidades autónomas en la sexta conferencia de presidentes, el pasado 19 de abril. Cuando se empezasen a levantar las medidas de confinamiento, y para cortar de raíz nuevos rebrotes, la única vía posible, les dijo, es monitorizar en fase temprana todos los nuevos casos. Había que dar un mayor protagonismo a los centros de salud para desahogar también los hospitales.

La detección precoz se acompaña de este otro requisito: los centros de salud deberán vigilar e identificar a los contactos estrechos del positivo

Illa había asegurado este lunes por la mañana, en rueda de prensa conjunta con su compañero de Gabinete José Luis Ábalos, que esa misión debía quedar muy clara a los gobiernos regionales: "Las comunidades autónomas deberán reforzar las capacidades en atención primaria y todos los sistemas de información para que podamos tener una adecuada transmisión de datos".

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La Ponencia de Alertas, la encargada

Sanidad entregó a los consejeros un documento para desplegar esa detección temprana. Algunos términos y cuestiones, informaron fuentes autonómicas, serán pulidas en las sesiones de esta semana, "todas relacionadas con la aplicación de los métodos de diagnóstico, tanto precoz como los sintomáticos". La principal novedad es que a los casos sospechosos en atención primaria (o bien hospitalaria) se les realizará PCR u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada "en las primeras 24 horas". En cuanto aparezcan síntomas. "Si es negativa, se podrá repetir en los siguientes días. Se trata de que lo más rápido posible se pueda saber la confirmación o no del caso y poderlo declarar con rapidez. Este documento sigue en discusión en el nivel técnico", apuntaron fuentes de un Ejecutivo regional a este diario. Fuentes de Sanidad confirmaron que el plazo que exige Illa es de esas 24 horas, aunque no aparezca en el comunicado oficial porque aún se debe rematar la hoja de ruta.

Los sistemas de vigilancia epidemiológica "deberán suministrar información diaria sobre la evolución de la pandemia, con nuevos indicadores"

Un segundo documento del ministerio hacía referencia a las capacidades estratégicas que las CCAA deben garantizar en la desescalada —toda España está ya en fase 0 desde este lunes, salvo las islas de Formentera, La Graciosa, El Hierro y La Gomera, que arrancaron ya directamente en la 1—. Los sistemas de vigilancia epidemiológica "deberán suministrar información diaria sobre la evolución de la pandemia para la toma de decisiones, con nuevos indicadores y con un nivel de desagregación detallado que permita adoptar reacciones rápidas en caso de nuevos brotes", según informó Sanidad.

Ahora, la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta —en la que participan, junto al Ministerio de Sanidad, representantes de todas las comunidades autónomas— será el órgano de gestión dependiente de la Comisión de Salud Pública que trabaje en esta estrategia de diagnóstico precoz, vigilancia y control. El órgano que ha de hilar fino para poder implementarla.

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Refuerzo de los equipos

Fuentes del ministerio precisaron a este periódico que tanto la detección precoz como el rastreo de casos requiere del "refuerzo de equipos de las comunidades autónomas, en materia de recursos humanos y técnicos, y se les ha ido advirtiendo en estas semanas". Pero el Gobierno no ha dado aún ninguna cifra orientativa de cuántas contrataciones harán falta. Esta labor es fundamental dada la capacidad de contagio del SARS-CoV-2. El rastreo exige identificar a todo el entorno del infectado para romper la cadena de transmisión. Una de las características de este coronavirus es que es un enemigo silencioso, que transmiten ciudadanos que pueden ser asintomáticos, lo que dificulta parar su propagación.

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La prueba de que no será fácil pasar a este diagnóstico precoz para cortar posibles brotes es la debilidad de la atención primaria en algunos territorios y lo lejos que se está de ese objetivo de identificar casos en 24 horas. El doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ya había apuntado a la intención del ministerio de reducir a un máximo de 48 horas el plazo para detectar un caso sospechoso de coronavirus, en lugar de los entre 10 y 15 días que se tarda actualmente entre que una persona desarrolla síntomas y recibe el diagnóstico de la enfermedad, informa EFE.

El Gobierno presume de que España es de los países que más hace test. Hasta el 30 de abril, se han realizado 1.351.130 PCR —la técnica de laboratorio que Sanidad considera de referencia, por ser más fiable y que indica que el virus está activo— y 581.325 test rápidos de anticuerpos. En total, 1.932.455.

Durante la reunión con los consejeros de este 4 de mayo, el ministerio insistió mucho en la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público y en que las CCAA envíen sus datos para evaluar si sus territorios pueden pasar a la fase siguiente para programar todas las reuniones bilaterales. Las propuestas deben estar en poder del Ejecutivo antes del 6 de mayo a las 14:00. Para el día 11 debe estar claro qué provincias e islas —esa es la unidad básica que defiende el Gobierno por encima de las áreas sanitarias, aunque se abre a estudiar los planteamientos de las comunidades— progresan de nivel. Será requisito indispensable y previo que las CCAA demuestren que pueden garantizar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes y, también en un plazo máximo de cinco días, entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.