El adelanto electoral amenaza la negociación de Sánchez con ERC por los Presupuestos

"El escenario era previsible". Al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez no le ha pillado por sorpresa, como a casi nadie, el anuncio de anticipo de las elecciones en Cataluña. Hacía semanas, meses que se vislumbraba que el final de la legislatura era un hecho, porque la tensión acumulada entre los socios del Govern, ERC y Junts per Catalunya, se hacía cada día más insostenible. Pero esos comicios no tienen aún fecha. Quim Torra se guardó aún un poderoso as en la manga: se marcará la jornada electoral una vez que acabe la tramitación de los Presupuestos autonómicos. Con o sin calendario claro, Cataluña se activa ya definitivamente en modo precampaña, lo que objetivamente dificulta los acercamientos entre dos fuerzas de suyo distantes, aunque ahora aliadas en el Congreso, PSOE y ERC.

La competición en las urnas previsiblemente influirá en la arena nacional, en la actividad del recién estrenado Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos. Aún es pronto para saber la incidencia, aunque cabe pensar que la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020, capitales para la supervivencia del bipartito, se complique. No lo creen así, no obstante, en la Moncloa y en Ferraz, donde repiten una y otra vez que el adelanto "no tiene por qué" afectar a las cuentas de este año, ya que los republicanos necesitan mostrarse ante sus votantes como una fuerza útil frente a un JxCAT más en el monte. Pero los cálculos ante una fuerza tan voluble como ERC, muy sensible a la presión exterior, no son siempre sencillos. Todo dependerá de cómo evolucionen los próximos meses, una vez se ha consumado el divorcio entre las dos formaciones separatistas después de que el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, dejase a la "intemperie" a Torra, lamentó este, al avalar su pérdida del escaño como diputado y no plantar cara ante la Junta Electoral Central (JEC).

Por el momento, Sánchez mantiene su reunión programada para el próximo jueves, 6 de febrero, y en Barcelona, con Torra. Fuentes de la Moncloa indicaron este miércoles a este periódico que los preparativos siguen adelante, aunque no esté fijada la hora ni el lugar del encuentro. Es más, el presidente pretende aprovechar su estancia en la Ciudad Condal para incluir otras actividades en su agenda. El jefe del Govern ya aseguró ayer, en su declaración institucional sin preguntas, desde el Palau de la Generalitat, que espera que en su cita del jueves 6 se aborde el "conflicto político" de Cataluña "ante la negativa del Estado español al ejercicio pleno de la democracia y el derecho a la autodeterminación". Los socialistas ya han reiterado que no permitirán jamás un referéndum de independencia porque no traspasarán la frontera de la Constitución.

El Gobierno mantiene la cita con el 'president' del 6 en Barcelona: "Hay que reunirse con las personas que representan legítimamente las instituciones"

La pertinencia del despacho con Torra la defendieron los dos socios del Gobierno. Tanto la portavoz, la socialista María Jesús Montero —"hay que reunirse con las personas que representan legítimamente las instituciones, ya sea Torra en Cataluña o [Juanma] Moreno Bonilla en Andalucía"— desde Málaga, como el vicepresidente segundo, el morado Pablo Iglesias —el "diálogo" es una "obligación de los políticos"— desde Valencia.

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Mesa del diálogo ya en el aire

La reunión de Sánchez-Torra tendrá lugar, por tanto, pero sí puede quedar más en el aire la mesa entre gobiernos que el PSOE y ERC acordaron para desencallar la investidura. Porque el Ejecutivo de coalición tiene como interlocutor en Cataluña un Govern dividido y rumbo a unas elecciones que servirán para medir la fuerza de cada uno de sus socios. El pacto con ERC señalaba que ese foro de diálogo habría de constituirse 15 días después de la conformación del Gobierno central, un plazo que ya se ha incumplido por la voluntad de Torra de entrevistarse con el jefe del Ejecutivo y la decisión de este de medir bien los tiempos y esperar a que se aclarase la situación del 'president', una vez inhabilitado como diputado.

Los PGE podrían llegar al Congreso a finales de marzo o principios de abril, y la totalidad, para mayo. El 17-M sería la primera fecha para Torra

El primer gran reto de la coalición es sacar adelante los PGE de 2020. Fuentes de Hacienda señalaban este miércoles que los plazos manejados por el ministerio se mantienen. El Gobierno tiene primero que negociar con Bruselas la senda de estabilidad, que con el techo de gasto deberá llevar posteriormente a Congreso y Senado. Una vez las Cortes den el visto bueno, el Consejo de Ministros ha de aprobar el proyecto de ley, que podría presentar en la Cámara Baja a finales de marzo o principios de abril. Esa previsión conduce a que el debate de totalidad, el primer umbral, llegaría a mediados de mayo, aproximadamente. Todo el itinerario del proyecto de ley por las dos Cámaras se completa en unos tres meses.

La entrada de los PGE en el Congreso podría solaparse con la precampaña de las elecciones catalanas. La Mesa del Parlament fijó para el 18 de marzo el debate final del proyecto de ley de los Presupuestos de la Generalitat para 2020 (las primeras cuentas desde las de 2017). No obstante, si algún grupo decidiera requerir un informe al Consell de Garanties Estatutàries la tramitación se demoraría un mes más. Si eso no ocurriera, Torra podría convocar elecciones a partir del 18 de marzo, miércoles. Si quisiera situarlas en el primer domingo disponible, el decreto de convocatoria debería salir publicado el martes 24 de marzo, para que a partir de ahí arrancar el periodo electoral de 54 días. De este modo, los comicios se celebrarían el 17 de mayo. Pero si hubiera demora o el 'president' decidiera estirar los tiempos para buscar el mejor momento para su formación, podría emplazarlos en junio o ya directamente en septiembre.

Es decir, que el calendario de la precampaña y campaña de las catalanas se cruzaría con el de los PGE. Si ello sucediera, la negociación se podría complicar para el Gobierno, pues lo esperable es que ERC subiera el precio de su apoyo. Por eso en Ferraz reconocían este miércoles que habrían preferido que Torra hubiera convocado las elecciones para marzo, cuanto antes, o bien ya después del verano, de modo que el camino hacia las urnas en Cataluña no entorpeciera la tramitación de los PGE. El propio Miquel Iceta, líder del PSC, pedía comicios cuanto antes, antes incluso de aprobar las cuentas catalanas.

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¿Cartas mejores?

Ahora, el 'president' tiene en su mano interferir directamente en ella para incomodar a sus socios de ERC. Aunque también Sánchez podría escapar de esa maniobra. No en vano, hace diez días, en la entrevista en TVE, indicó que la intención del Ejecutivo es que "antes de que finalice este verano" estén aprobadas las cuentas del Estado. Es decir, apuntó directamente a septiembre, y no a junio o julio. Se fijó así un margen bastante amplio. Por lo que pudiera pasar. Sánchez necesita los PGE para ganar oxígeno durante unos dos años.

Para el PSC, ERC "necesita capitalizar el acuerdo" con el PSOE. En la Moncloa, creen que "se aclara el escenario", pues las urnas dibujarán otro panorama

Aunque tras el anuncio había cuadros en Ferraz que reconocían que, obviamente, la jugada de Torra, que había causado cierta "perplejidad", complicaba objetivamente la tramitación presupuestaria —y, en consecuencia, la legislatura—, según avanzaba la jornada la percepción fue cambiando. Distintos dirigentes de la cúpula federal y también de la Moncloa incidían en que el adelanto "no tiene por qué afectar" negativamente al Gobierno y a sus cuentas para 2020. "Este escenario era previsible durante las negociaciones", subrayaba un alto mando de la dirección presente en las pasadas conversaciones con ERC.

La tesis, que también era compartida por el PSC, es que a los de Oriol Junqueras "en ningún caso le interesa bloquear". "Han de demostrar que el diálogo consigue avances concretos. Necesitan demostrar que no se equivocaron al permitir que se formase Gobierno. Necesitan resultados tangibles en los Presupuestos. Necesitan capitalizar el acuerdo", razonaban fuentes próximas a Iceta. "Veremos", complementa otra fuente, incidiendo por tanto en que nada está hecho. Según esta lectura, ERC se sacudiría la acusación de 'botiflers' (traidores) por parte de JxCAT mostrándose como la izquierda independentista útil y realista, lejos del simbolismo irredento y poco práctico de los de Carles Puigdemont. Pero en juego está la hegemonía del movimiento separatista, y los republicanos tienen a su alcance conseguirlo, aunque también soñaban con esa marca en las anteriores autonómicas, las de 2017 —las convocadas en virtud del 155—, y se vieron superados por JxCAT.

"Este anticipo electoral no nos hace más difícil el camino —indicaban de manera coincidente en la Moncloa—. Aclara el escenario. Si finalmente hubiera elecciones el 17 de mayo, ese día se acaba la competición entre los independentistas. Se medirá nuestra fuerza, la de Unidas Podemos ahora que está en el Gobierno, la de Ciudadanos, que fue primera fuerza en 2017. Hay nuevas cartas. ¿Por qué estas nuevas cartas no van a ser mejores? Por lo pronto, desaparece Torra y eso ya es fantástico. ERC puede quedar primera y eso cambia todo".

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La tramitación de la reforma penal

El Gobierno confía por tanto en que sus deseos se materialicen. Es su reflexión también pública. Ya lo dijo Montero tras el Consejo de Ministros del martes, y ayer también en Málaga. Pedía así a todas las fuerzas parlamentarias que "sean conscientes, y sobre todo cuando hay una próxima fecha electoral, que lo que piden los ciudadanos es que se trabaje por el interés general". Que las administraciones colabores para "el bien colectivo". El escenario es incluso "una oportunidad" para que los partidos catalanes, con o sin elecciones, demuestren a sus ciudadanos que hacen una política "útil".

En el horizonte asoman otros dos comicios autonómicos, máximo en otoño de 2020: Galicia y Euskadi. En ambas CCAA el PSOE espera crecer

Sánchez tiene otra baza para intentar que ERC no pegue portazo hasta después de los comicios: la reforma del Código Penal prometida que podría revisar a la baja del delito de sedición y beneficiar así a los políticos presos. Aún no se han decidido ni los plazos ni tampoco cómo se presentará —vía proyecto de ley, más lento, o vía proposición de los grupos, más rápida—, pero ya la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, insistían la pasada semana en que se quería presentar "pronto" esa modificación, porque es "necesaria" para acompasar la legislación al Derecho comparado europeo. Así, ERC podría blandir ante su electorado que ha conseguido arrancar al Gobierno un cambio en el Código Penal pensado para ayudar a la "desjudicialización del conflicto".

En el horizonte, no obstante, hay otro obstáculo. Porque a las catalanas anunciadas seguirán otras dos elecciones autonómicas que, con seguridad, habrán de celebrarse en 2020, máximo en el otoño: en Galicia y Euskadi los presidentes Alberto Núñez Feijóo (PP) e Iñigo Urkullu (PNV) agotan sus mandatos. En la primera comunidad, los socialistas podrían arrebatar la Xunta a los conservadores, ayudados del BNG y de Unidas Podemos, y en la segunda el partido se juega mejorar resultados y seguir en el Gobierno del dirigente nacionalista. La competición electoral ralentiza los pactos.

Demasiadas incertidumbres en el escenario. Tantas, que el Gobierno y el PSOE evitaron valoraciones oficiales tras las palabras de Torra. Sánchez se mueve en terreno frágil, y sabe que cualquier palabra no medida puede oscurecer, siquiera momentáneamente, una legislatura complicada y cuya viabilidad depende en gran medida de ERC.