una tormenta perfecta le hizo 'president'

Torra liquida una legislatura estéril basada en la confrontación institucional

Las incertidumbres de los primeros pasos de la legislatura fueron un mal presagio. Torra se definió a sí mismo como ‘president custodio’, asegurando que el legítimo ‘president’ era Puigdemont

Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante la declaración institucional. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante la declaración institucional. (EFE)

Cataluña está agotando los últimos meses de una legislatura que será la más aciaga de su reciente historia. El 21 de diciembre de 2017 se celebraron elecciones autonómicas, pero no hubo ‘president’ hasta el mes de mayo del 2018 y no tomó posesión el nuevo Govern hasta el mes de junio. Pero para que Quim Torra fuese elegido ‘president’ tuvo que darse la tormenta política perfecta. El antiguo agente de seguros se sentó en el Palau de la Generalitat porque se dieron varios condicionantes: los anteriores candidatos propuestos no pudieron ser elegidos; tenía el visto bueno del fugado Carles Puigdemont (ambos son del conocido como clan de la Costa Brava); su radicalismo independentista estaba fuera de toda duda; y gozaba del apoyo incondicional de la ANC y de Òmnium Cultural.

Torra liquida una legislatura estéril basada en la confrontación institucional

Con esas circunstancias concurriendo en su persona, el 17 de mayo de 2018, el Parlamento catalán le elegía como nuevo presidente de Cataluña. En el ínterin de las elecciones y la toma de posesión de su gobierno el 2 de junio de 2018, la política catalana fue un auténtico ‘Dragon khan’. El independentismo intentó elegir primero a Carles Puigdemont como ‘president’. Ante la imposibilidad legal, lo intentó con el encarcelado Jordi Sànchez. Luego, con Jordi Turull, que fue detenido durante el proceso de votación. Al final, Puigdemont escogió como su sustituto a Quim Torra, un radical que había concurrido en su lista como número 11. Y Torra le agradeció el gesto con su lealtad incondicional hasta la actualidad: además de estar en contacto permanente con Waterloo, todos los pasos que ha dado han sido consensuados con el ‘expresident’ fugado. Además, Torra no es militante del PDeCAT y sus principales apoyos son Puigdemont y el grupo parlamentario de JxCAT, por lo que su soledad en la cúpula del Govern ha sido más acusada.

Las incertidumbres de los primeros pasos de la legislatura fueron un mal presagio. Torra se definió a sí mismo como ‘president custodio’, asegurando que el legítimo ‘president’ era Puigdemont. Esa sombra le persiguió durante este año y medio al frente de la Generalitat. A su círculo más íntimo, Torra le hizo una confesión nada más pisar el Palau de la Generalitat: “Yo he venido aquí a proclamar la república. Si no lo puedo hacer, me voy”.

Esta declaración de principios, explica un alto cargo del PDeCAT a El Confidencial, fue un error. “Un ‘president’ está para tomar decisiones y eso es lo que no se ha hecho. El gran error de Torra fue no realizar gestión de gobierno. Tenía una obsesión y eso paralizó la acción diaria que tendría que haber hecho su Ejecutivo”.

“No tuvo interés en nada”

Su particular modo de entender la presidencia de la Generalitat, pues, le llevó a la paralización del Govern. “Este es un gobierno que no tuvo interés en nada”, resume un alto dirigente de la oposición la labor de Torra. Su labor al frente de la Administración autonómica se resume en la reivindicación de la autodeterminación, de la amnistía y la petición de parar la ‘represión’. De ahí que basase la legislatura en la confrontación constante y sistemática con el Gobierno español, materializando incluso la desobediencia de las normas españolas y vanagloriándose de ello.

Su ‘feeling’ con los grupos más radicales del independentismo (su familia está alineada con los principios extremistas del soberanismo) le llevó, en octubre de 2018, cuando se cumplía un año del referéndum ilegal, a arengar a los comités de defensa de la República (CDR), con la famosa frase ‘Apreteu, apreteu’ (Apretad, apretad).

Esa capacidad de empatía con el radicalismo no era nueva. Más de un lustro atrás, había dejado por escrito que los españoles eran “bestias inmundas”. Incluso había intentado borrar el rastro de sus posicionamientos radicales en las redes sociales, eliminando polémicas y desafortunadas expresiones en Twitter, como que los españoles habían llegado a Cataluña para expoliarla y les pedía que se fueran.

Para entender la última etapa de la historia de Cataluña los últimos 18 meses es preciso conocer la trayectoria de su ‘president’ meses: antes de acceder a la política activa, Torra era un editor (sus empresas siempre dieron pérdidas) catalanista hasta la médula. Hace una década, llegó a liderar la plataforma Sobirania i Justícia, alineada entonces con el independentismo más radical y creada con el impulso de Agustí Bassols, exconsejero de Justicia con Jordi Pujol. Por esa época, participó en la interposición internacional de querellas contra España. Por atentar contra las libertades civiles y políticas de los catalanes. Ninguna prosperó, pero comenzaba entonces la campaña de internacionalización del conflicto catalán.

En 2015, cuando Muriel Casals abandonó la presidencia de Ómnium Cultural para presentarse a las elecciones del 27 de septiembre, Torra la sustituyó momentáneamente como presidente de esa institución, hasta que meses más tarde fue elegido Jordi Cuixart para sustituirle. Con esos antecedentes, el posicionamiento duro de Torra al frente de la Generalitat cobra mayor sentido. “Su mayor mérito es el antiespañolismo llevado a las últimas consecuencias”, explica otro dirigente de la oposición.

Escasa actividad parlamentaria

Una de las pruebas de la parálisis del gobierno de Torra es su escasa actividad parlamentaria. En este año y medio, se han aprobado en pleno parlamentario 10 leyes. En realidad, casi todas son modificaciones de leyes ya en vigor, por lo que la acción de gobierno es aún más exigua, teniendo en cuenta que hay legislaturas con más de un centenar de normas aprobadas. La primera ley fue del 15 de febrero de 2019 y solo suprimía el Consejo Comarcal del Barcelonès. Las demás normas aprobadas fueron solo modificaciones de leyes ya existentes, como una sobre el Consejo del Audiovisual de Cataluña, la de prestaciones sociales o la de medidas fiscales y financieras. Solo la Ley de Espacios Rurales, del 17 de junio, es realmente nueva, porque la de Puertos y de Transporte, del 23 de diciembre pasado, se había tramitado como proyecto de ley en la legislatura anterior. La cesta de la acción de gobierno, pues, está prácticamente vacía. “Torra se dedicó a enfrentarse con las instituciones españolas en vez de gobernar para todos los catalanes”, critican unánimemente desde la oposición. En otras palabras: mucha foto para el álbum independentista y poca acción de gobierno.

Por otro lado, la aplicación el 155 tras la proclamación de la independencia, las elecciones y la conformación de la Mesa del Parlament mantuvieron al órgano legislativo paralizado absolutamente durante cinco meses y con escasa actividad durante casi un año, según explican a este diario fuentes de la oposición. En esa paralización también tienen que ver las diferencias entre JxCAT y ERC, los dos socios de gobierno. Mientras los republicanos querían apostar desde el principio por blindar la institución, los adeptos de Puigdemont intentaron forzar la interpretación de las leyes en más de una ocasión, provocando trifulcas, discusiones o aplazamientos de plenos. Una anormalidad que continúa en la actualidad debido a la diferencia de criterio de unos y otros: ERC se resiste a que el Parlament pueda incurrir en vulneraciones de la ley y los posconvergentes tratan de utilizar la cámara como arma en favor de sus intereses.

Hay otra circunstancia que ha caracterizado la gestión de la Generalitat en este año y medio de legislatura fallida: la política catalana se ha vivido más en los juzgados que en las instituciones. La estrategia de confrontación de Torra buscó el choque institucional en más de una ocasión. Así, la apelación a los tribunales no es patrimonio exclusivo de los constitucionalistas, prestos a denunciar penalmente las infracciones del ‘president’ o las polémicas decisiones de órganos como el Parlament o el Govern. También los independentistas acudieron a los tribunales ante cualquier iniciativa del Gobierno español, judicializando de este modo una política que reclamaban libre de jueces y de querellas.

En resumen, Cataluña ha vivido una situación de excepcionalidad y de anormalidad en esta legislatura. Pero en esa situación es donde el independentismo se encuentra más a gusto. Es más: los dirigentes soberanistas no tienen ningún problema en admitir que esa anormalidad es la que hay que fomentar para visualizar que existe un conflicto en Cataluña. Torra repitió en varias ocasiones que no es conveniente normalizar la política en estos momentos. Pero en sus manos tiene ahora una llave mágica: el botón de la convocatoria de elecciones autonómicas. Y apretará ese botón cuando más le convenga… o cuando Waterloo se lo pida.

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