Sánchez pisa el acelerador con Cataluña pese a las críticas: de Delgado a la reforma penal

La idea era pasar a la ofensiva, ocupar el espacio mediático, marcar el paso. Con medidas de impacto social pero, también, con Cataluña, la gran centrifugadora de la política española desde hace años. El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez se acerca a sus primeros 15 días de vida con varias páginas escritas —polémicas— sobre el abordaje del "conflicto político", parcela que se ha reservado el presidente. El líder socialista ha ido encadenando decisiones, desde la elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado para fiscal general del Estado hasta la pronta reforma del Código Penal o la próxima entrevista con Quim Torra en Barcelona, que demuestran que no tiene intención de frenarse por mucho que la oposición le atice con la crítica. Los "accidentes en el camino", dicen en la Moncloa, no detendrán el camino ágil y "milimetrado" que se ha diseñado y del que no se apartará. Su determinación para resolver una crisis "heredada" del PP, abundan, es firme, por lo que mantendrá su "velocidad de crucero".

El pasado lunes, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, anunciaba a los periodistas, antes de la primera reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios del estrenado Ejecutivo, que el Consejo de Ministros aprobaría dos medidas de calado. No adelantó cuáles, aunque a las pocas horas las incógnitas se habían despejado. Una de ellas era la esperable, la subida del salario de los funcionarios públicos un 2% —de acuerdo con lo pactado—, y la otra, menos prevista, la declaración de emergencia climática. Pero ambas quedaron sepultadas por una decisión que no salió de la reunión semanal del Gabinete pero sí de los fogones de la Moncloa: la revisión a la baja del delito de sedición, que podría suponer acortar la condena de los líderes independentistas sobre los que pesa sentencia firme, ya que en este caso sí se aplica la ley de manera retroactiva si favorece al reo.

La liebre saltó en la entrevista del lunes de Sánchez en TVE. El presidente adelantó que la reunión con Torra la situaba ya en la primera semana de febrero, lo que forzosamente retrasará la constitución de la mesa de diálogo entre gobiernos, que debería haberse puesto en marcha, según lo acordado con ERC, a los 15 días de la constitución del nuevo Ejecutivo de coalición. Pero el líder socialista fue preguntado si preveía "revisar o reducir la pena por el delito de sedición", por la que fueron condenados nueve de los 12 procesados por el 'procés'. Él no lo descartó. "Hay que ir paso a paso". La crisis en Cataluña ha demostrado, dijo, que España tiene un Código Penal desfasado, que no tiene "delitos homologables" a los de otras legislaciones europeas. Pero ese debate, añadió, deberá abrirse en el Congreso.

El Ejecutivo ha introducido en el debate público la rebaja de la sedición, que no estaba en el programa ni se habló de ella después de las elecciones

Ese cabo suelto fue retomado por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes. La portavoz, María Jesús Montero, no descartó esa rebaja de la sedición. Explicó que el Gobierno se plantea una reforma amplia del Código Penal, que abarca "diferentes materias": que el consentimiento de las mujeres sea determinante en los delitos sexuales, las agresiones medioambientales o las cuestiones que tienen que ver "con los acontecimientos ocurridos en Cataluña". El Ejecutivo hizo ver que ese cambio de la legislación pensado para favorecer a los condenados por el 'procés' estaba ya en marcha. La oposición habló de inmediato de "indulto encubierto", de "indulto por la puerta de atrás".

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Estrategia fallida

La posición del Gabinete sorprendió porque no había sido avanzada explícitamente hasta entonces. No, desde luego, en la campaña, en la que Sánchez protagonizó un discurso durísimo contra el independentismo con la pretensión de arañar votos del centro en pleno hundimiento de Ciudadanos. Fue antes del 10-N, incluso, cuando prometió recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero había derogado en 2005, dos años después de que José María Aznar lo introdujese. Pero la estrategia, dibujada por su director de Gabinete, Iván Redondo, resultó fallida. Sánchez no solo no se reforzó, sino que bajó tres escaños y se vio abocado a abrazar una coalición con Unidas Podemos de la que renegaba y a hacer que su Gobierno dependiera del acuerdo (y el humor) de ERC.

Queda por saber cómo se tramitará la reforma del Código Penal, si vía proyecto del Gobierno o proposición de los grupos, pero será "pronto"

Aún no hay plazos ni borradores, pero el Ejecutivo sí ha hecho ver que busca una tramitación rápida, y que probablemente discurrirá en paralelo a la de los Presupuestos Generales del Estado de 2020, chaleco salvavidas para Sánchez durante al menos dos años. Calvo informó de que se estaba aún "armando" esa reforma, que considera "necesaria" para "acompasar" delitos como la rebelión o la sedición "a tipos penales" que se ajusten mejor al Derecho comparado europeo, porque algunos de esos tipos actuales "no están a la altura" de la legislación de otros países de nuestro entorno. Una falta de homologación, no obstante, que no había sido observada por el PSOE durante las campañas de 2019 ni en las semanas posteriores del 10-N. La número dos del Gabinete no se apartaba demasiado de la argumentación usada una semana antes por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que subrayó la "humillación" sufrida por los jueces españoles por parte de los tribunales europeos (y que suscitó la reprobación del Poder Judicial).

En esa línea, Calvo recordó que algunas decisiones judiciales llegadas de la UE demuestran por sí mismas que "hay que hacer algo". Actualizar el Código Penal. Se refería, en concreto, a la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein, que solo accedió a entregar al 'expresident' Carles Puigdemont por malversación, pero no por sedición o rebelión, ya que los actos imputados por el magistrado Pablo Llarena no se correspondían con sus homólogos alemanes: los delitos de perturbación del orden público o alta traición.

Calvo sí garantizó que la reforma del Código Penal no formará parte, "en absoluto", de la mesa de negociación con la Generalitat, porque de esta cuestión Sánchez no hablará con ningún presidente autonómico. Ese debate, dijo, se sustanciará en las Cortes Generales, con los grupos. Ahí también estará, lógicamente, ERC. Está por ver si la modificación se impulsa vía proyecto de ley del Gobierno —lo que obliga a recabar informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado o del Consejo Fiscal—, o a través de un procedimiento más ligero, el de la proposición de ley de los grupos parlamentarios, que evita demandar dictámenes consultivos a órganos constitucionales. Adriana Lastra, la vicesecretaria general del PSOE, apuntó el jueves en TVE al primer camino, aunque advirtió de que no hay una decisión tomada, porque la reforma estaba en un estado "primigenio". Sí subrayó que los socialistas están convencidos de que hay que hacer esa reforma "pronto". Objetivo con el que están de acuerdo sus socios de coalición, Unidas Podemos.

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"Nada ha cambiado"

El Gobierno no tendrá demasiadas dificultades para sacar su iniciativa adelante. El Código Penal es una ley orgánica, por lo que su cambio requiere de mayoría absoluta (176 votos en el Congreso), umbral que PSOE y morados (155 escaños) alcanzarían con la ayuda de PNV (6), ERC (13) y Más País-Compromís (3) o EH Bildu (5). El Ejecutivo reclama el "máximo consenso" pero también advierte de que está dispuesto a modificar la ley penal aun sin el PP, con la compañía de sus socios de investidura.

"Somos coherentes cuando prometimos política y determinación para arreglar esta crisis, que es heredada de Rajoy", razonan desde el Gobierno

Al tiempo, el Gabinete de Sánchez sigue preparando la reunión con Quim Torra en Barcelona. El Tribunal Supremo ha avalado ya, a falta de entrar al fondo de la cuestión, la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de despojar al dirigente independentista de su acta como diputado autonómico. La Moncloa entiende que "nada ha cambiado" y por tanto Torra sigue siendo el 'president' de la Generalitat hasta que la Justicia no lo inhabilite de manera definitiva, y eso probablemente no ocurra hasta que el TS estudie el recurso contra la sentencia impuesta contra él por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero el panorama puede cambiar si Torra se atrinchera como parlamentario y vota en el pleno de este lunes y el jefe de la Cámara, el republicano Roger Torrent, contabiliza ese sufragio. Las instituciones catalanas se asomarían de nuevo a la desobediencia.

En la Moncloa indican que Sánchez no es que pise el acelerador. Simplemente, alegan, mantiene su "velocidad de crucero". Y no se detendrá por lo que podrían ser considerados "accidentes en el camino". Los obstáculos que se crucen, u otros temas que asalten el escenario, no empantanarán el "recorrido acelerado, constante y milimetrado" que se ha diseñado. Ese camino "no está hecho a golpes de viento ni a empujones, y requiere constancia y trabajo y en eso se está". El equipo del presidente recuerda que el compromiso de buscar una salida para el "conflicto político" es, además, de un acuerdo con ERC, socio imprescindible de la legislatura, una iniciativa contenida en su discurso de investidura. Y "requiere mucho tiempo", de ahí que haya empezado a asfaltar el trayecto con decisiones muy cuestionadas por la oposición y que, en buena medida, serán claves para la suerte del Ejecutivo y su continuidad en el poder.

"Somos coherentes cuando prometimos política y determinación para arreglar esta crisis, que es heredada de Mariano Rajoy", resume un miembro del Ejecutivo muy cercano a Sánchez.

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Sin contestación del PSOE

En esas coordenadas se inscriben los demás pasos dados para la "normalización" de Cataluña: la contestada elección de Delgado para fiscal general del Estado —que dividió en dos al CGPJ y que motivó que no se entrara siquiera a valorar su idoneidad para el cargo—, la autorización para la reapertura de las 'embajadas' catalanas en el exterior, la 'congelación' de los recursos ante el Constitucional contra resoluciones del Parlament o la misma composición del Gabinete. Sánchez y Calvo centralizarán la gestión con Cataluña, apoyados en el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, o el de Sanidad, Salvador Illa, también secretario de Organización del PSC.

Ha habido más pasos en estas semanas: la reapertura de las 'embajadas' catalanas, la entrevista con Torra o la 'congelación' de recursos

Sánchez tiene prisa porque necesita asegurar los Presupuestos de 2020 —ERC ya avisó de que si no había avances en la mesa entre gobiernos no habría legislatura— y porque necesita avanzar más rápido en el arranque de la legislatura, porque las elecciones quedan muy lejos. Aunque en su equipo señalan que su pretensión de abordar el "conflicto político" con todas las consecuencias tiene un alcance "más político que coyuntural", no niegan que todo se complica a medida que las urnas se sienten más cerca.

De hecho, es más que probable que cuando se acerque el final del mandato —si es que se consumen los cuatro años, o "1.400 días", como repite Sánchez— la coalición sufra tensiones internas, así que el camino quedará más impracticable. Además, una vez que el Gobierno amarre sus primeras cuentas, podrá romper lazos, llegado el caso, con sus socios de ERC si sus demandas son inasumibles. Y es que las conversaciones pueden entrar en vía muerta si los separatistas solo aceptan negociar un referéndum de autodeterminación, línea roja que los socialistas prometen no traspasar jamás.

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Sánchez puede seguir avanzando sin ataduras porque no encuentra oposición interna. El partido observa sus pasos como convidado de piedra, sin información directa. Los barones manifiestan su "confianza" en un líder con unos poderes prácticamente absolutos, con la única excepción visible del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, quien sí elevó su voz esta semana para advertir de que con el Código Penal "no se mercadea". Nadie le secundó, aunque él no buscaba apoyos internos, sino "cumplir" con lo prometido. La pregunta que algunos se hacen en Ferraz es si el presidente podrá continuar caminando y aproximándose a los separatistas con el PSOE en silencio y al margen de sus movimientos. Las aguas están calmas, pero el ambiente puede oscurecerse si las encuestas comenzaran a torcerse. Pero por ahora no hay señales de alarma para el presidente.

La crisis por la cita de Ábalos con Delcy Rodríguez, "muerta y enterrada"

Las últimas horas también han sido turbulentas para el Gobierno, pero no por Cataluña, sino por el encuentro "fortuito, casual" que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo en la noche del pasado domingo al lunes con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, número dos de Nicolás Maduro.

El secretario de Organización precisó este sábado en una entrevista en 'La Razón' que fue el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien le informó de la comunicación de la Embajada venezolana a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en la que le dicen que en el avión que iba a aterrizar en Madrid viajaba también Rodríguez. Fue Marlaska quien le pidió que hiciera lo posible para que la número dos de Maduro no bajara de la aeronave, pues tiene prohibido pisar suelo europeo por los abusos del régimen bolivariano. 

El Gobierno y el PSOE consideran "cerrada", "muerta y enterrada" la crisis protagonizada por Ábalos. Este sábado, desde Benicarló, Castellón, adonde se desplazó para visitar los efectos del temporal, el presidente arropó a su ministro. Pedro Sánchez expresó su "respaldo y aprecio, tanto político como personal" hacia Ábalos e insistió en que lo que hizo fue "poner todo lo que estaba de su parte para evitar una crisis diplomática, y lo ha logrado". "¿Cuál es el reproche?", se preguntó, acusando a la oposición de "usar el dolor" del pueblo venezolano para intentar confrontar con el Gobierno de España". "Yo vine para quedarme y no me echa nadie", dijo Ábalos en un acto de partido en Santiago. 

Sánchez no recibió finalmente a Juan Guaidó en Madrid. Lo hizo en su lugar, y en la Casa de América, González Laya. Decisión que la oposición le ha recriminado. El presidente defendió que la posición del Ejecutivo no ha cambiado: lo que quiere es que haya "elecciones cuanto antes en Venezuela y que el voto de los venezolanos en una democracia plena pueda decidir su futuro".